Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0197/2019-S4 Sucre, 9 de mayo de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 26171-2018-53-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 05/2018 de 19 de octubre, cursante de fs. 576 a 578, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ignacia Suárez Vda. de Arauz contra María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 7 de junio de 2018, cursante de fs. 359 a 378 vta., y de subsanación el 18 de igual mes y año (fs. 380 y vta.), la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
EL 10 de mayo de 2016, formuló demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Agroambiental, impugnando la Resolución Suprema (RS) 07820 de 31 de mayo de 2012, emitida dentro del proceso de saneamiento ejecutado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), del polígono 116, ubicado en el municipio de San Rafael, provincia Velasco del departamento de Santa Cruz, donde se encuentra ubicado el predio "Buena Vista" de su propiedad, argumentando que la referida Resolución, presentaba vicios de nulidad por incorrecta ponderación de los antecedentes agrarios que sirvieron de tradición a su fundo, lesionándose de forma inconvalidable la normativa agraria, el derecho a la defensa y a la igualdad de oportunidades.
En ese contexto, denunció ante la judicatura agroambiental, que el Informe Técnico Legal de Diagnóstico DDSC-SAN SIN VAS INF 371/2010 de 23 de agosto de 2006, emitido por la entidad administrativa, carecía de mosaico referencial de cada predio con antecedente en expedientes titulados y en trámite de titulación cursantes ante el INRA, en franca contravención de lo dispuesto por el art. 292.a) del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 -Reglamento de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria-, disposición normativa que compele al ente ejecutor del saneamiento a realizar la representación en un mapa de la ubicación geográfica, superficie y límites de los predios consignados Títulos Ejecutoriales y procesos agrarios identificados en la zona, a efectos de asumir preliminarmente los derechos de propiedad existentes en el área objeto de saneamiento.
Asimismo, manifiesta que denunció la inexistencia dentro del proceso de saneamiento, de la Resolución Administrativa (RA) DDS.RA 0103/2010 de 27 de agosto, por la que el INRA dispuso priorizar el polígono 116 sin ninguna justificación, siendo además que las Resoluciones Determinativas de Área, Subáreas, de Inicio de Procedimiento y Edicto Agrario, dictadas por el Director del INRA del departamento de Santa Cruz, no correspondían a los predios a ser saneados, atentándose contra su derecho a la defensa, habida cuenta que todos los propietarios de los predios del área a sanearse deben ser mencionados tanto en el edicto como en el aviso público, lo que no sucedió en su caso.
Igualmente, en la vía del contencioso administrativo, ante el Tribunal Agroambiental, alegó como agravio que no obstante que el fundo Buena Vista se delimita a través de cinco vértices, el formulario de referenciación de vértices prediales adjunto a la carpeta, no cuenta con la fotografía exigida por la normativa que pruebe la presencia del propietario y sus colindantes dando su conformidad con la mensura, siendo además que el ítem de descripción no consigna nada y fue por el contrario tachado, demostrándose en consecuencia que existió ausencia de mensura en campo sobre vértices prediales y que en definitiva , los anexos y acta de conformidad, fueron elaborados en gabinete.
A ello se suma que, según el accionante, advirtió a los ahora demandados, que de las coordenadas de reporte de ajuste de datos GPS, solamente el vértice C120 recaía en su propiedad y los demás vértices pertenecían a otros predios distantes a 7 y 15 kms al sud oeste, confirmándose también de esta forma, la no mensura en campo de los cuatro vértices restantes del fundo Buena Vista, incumpliéndose en consecuencia las Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria y Conformación del Catastro y Registro Predial.
Añade que igualmente indicó en su demanda contencioso administrativa, que la campaña pública no fue ejecutada de conformidad a lo previsto por el art. 297 del DS 29215, pues no constan en el proceso de saneamiento, actas de participantes que acrediten la realización de talleres informativos, vulnerándose el debido proceso y el principio de transparencia, contraviniendo los precedentes jurisprudenciales sentados por el propio Tribunal Agroambiental que, mediante SAN S1 17/2003, dispuso la nulidad del trámite de saneamiento al constatar la inexistencia de la Resolución Instructiva de Área de Saneamiento, campaña pública y pericias de campo, por considerar que dichas falencias procesales contravenían los arts. 190, 192 y 193 del Decreto Supremo (DS) 24748 de 31 de julio de 1997, incurriendo en falta penada de nulidad según el art. 1 de la Ley 1715 Servicio Nacional de Reforma Agraria de 18 de octubre de 1996, cuya omisión trascendental afectó el proceso de saneamiento por vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa.
Sin embargo y no obstante ser manifiesto el irregular e ilegal procedimiento aplicado por el INRA en el proceso de saneamiento del polígono 116 en el que se encuentra ubicado el predio Buena Vista de su propiedad, las ahora demandadas emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sala S1ª 03/2018 de 15 de febrero, declarando improbada la acción intentada.
El fallo agroambiental antes señalado, convalidó yerros procedimentales cometidos por el INRA durante las etapas de saneamiento, con el argumento de que los actuados denunciados de irreales, no resultaban imprescindibles para otorgar validez a los mismos, omitiendo efectuar el control de legalidad así como realizar una correcta valoración de los antecedentes, pues es a partir de la inexistencia de actos procesales legalmente previstos, que se configuraron los actos formales contrarios a la ley y al procedimiento, por cuanto, atendiendo al principio de verdad material, las ahora demandadas, debieron pronunciarse a través de una decisión debidamente fundamentada y motivada, respecto a todos los agravios denunciados.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante alegó la lesión del debido proceso en sus elementos de aplicación objetiva de la Ley, valoración de la prueba y fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales; sus derechos a la propiedad agraria, a la propiedad privada, a la defensa, a ser oído, a la tutela judicial efectiva; y a los principios y garantías de seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad, citando al efecto los arts. 9.2, 14.1, 22, 23.I, 56.I, 115.II, 117.I, 119, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y se anule la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sala Primera 03/2018, disponiendo que los demandados, dicten nueva resolución con anulación de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, el Informe Técnico Legal de Diagnóstico DDSC-SANSIM VAS INF 371/2010 de 23 de agosto, reencausando el procedimiento. Sea con condenación de costas, daños y perjuicios.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Efectuada la audiencia pública el 19 de octubre de 2018, conforme se evidencia del acta cursante de fs. 570 a 575, presente el accionante asistido de su abogado y el representante legal de las Magistradas demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó en audiencia los argumentos de su demanda.
En una segunda intervención, reiteró el contenido de la acción de amparo constitucional y su petitorio.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante informe presentado el 25 de septiembre de 2018, cursante de fs. 472 a 477, y en audiencia, a través de su representante legal, manifestaron lo siguiente:
- a)La accionante carece de legitimación activa, toda vez que quien promovió la demanda contencioso administrativa fue Ignacia Suárez Vargas de Arauz y no Ignacia Vargas Suárez, (según Cedula de Identidad Ignacia Suárez Vda. de Arauz) extremo que debió ser observado, declarándose la improcedencia de la presente acción de amparo constitucional;
- b)La impetrante de tutela, reitera los argumentos ya resueltos por la jurisdicción agroambiental, sustentándolos en jurisprudencia constitucional impertinente y exponiendo acusaciones ambiguas, confusas y repetitivas que carecen de sustento jurídico, debido a que las observaciones al proceso de saneamiento que dio lugar a la emisión de la Sentencia Agroambiental Plurinacional 03/2018, fueron cabalmente atendidos en la vía del contencioso administrativo;
- c)Se acusa la vulneración de derechos y garantías constitucionales, con la finalidad de promover la revisión de una decisión asumida por otro Tribunal, alegando la existencia de acciones y omisiones que supuestamente no hubieran respetado el procedimiento del saneamiento y sobre las cuales, la jurisdicción agroambiental se hubiera pronunciado señalando que no fueran imprescindibles para determinar la validez de los actos considerados defectuosos;
- d)No es evidente que el INRA hubiera omitido la publicación en medios radiales sobre el inicio del proceso de saneamiento, toda vez que, del fallo agroambiental y carpeta de saneamiento, se verifica la existencia de la Resolución Administrativa DDS-RA 0103/2018 de inicio de procedimiento de Saneamiento Simple de Oficio, la cual, no obstante ser ilegible en algunas partes, permite identificar claramente que se instruye el inicio del procedimiento en el polígono 116, al interior del que se halla el predio Bella Vista;
- e)Sobre el hecho de que el medio de notificación hubiera causado indefensión a la impetrante de tutela, esto no es cierto, pues en materia agraria, la comunicación por edicto, se constituye en un mecanismo de notificación masiva totalmente válida y efectiva;
- f)Quien solicita tutela constitucional, conoció de forma anticipada de la ejecución del saneamiento y, conforme se observa de los antecedentes del proceso, también participó del mismo;
- g)En cuanto a que las resoluciones determinativas de área no corresponden a los predios saneados, cabe señalar que en el legajo se consigna el listado de propiedades con antecedente agrario, entre las que se encuentra el predio Bella Vista con expediente agrario 13780 (A); extremos que fueron debidamente valorados en el fallo confutado mediante la presente acción tutelar, demostrándose que sí se efectuó el control de legalidad y que el derecho a la defensa no sufrió lesión alguna, habida cuenta que la peticionante de tutela tuvo un espacio de participación y de defensa, en la que pudo haber expresado sus reclamos sobre los actos que consideró irregulares, sin que ninguna autoridad se lo haya impedido;
- h)La Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 03/2018, está debidamente fundamentada, motivada y es congruente, contando con una estructura sustentada en derecho que garantiza el debido proceso, en el marco de la objetividad y razonabilidad, por lo que, la declaratoria de improbada la demanda, fue realizada conforme a todos los elementos constitutivos del proceso;
- i)En lo referido a la valoración de la prueba, el Tribunal Agroambiental asumió una decisión basada en la compulsa de los elementos de convicción conforme a los datos de la carpeta de saneamiento y a los procedimientos previstos por la normativa aplicable al caso, obedeciendo además a la sana crítica, en busca del equilibrio entre la actividad del administrador y la protección de los derechos del administrado, habiéndose realizado un análisis respecto a la demanda contencioso administrativa, sin apartarse de los marcos de razonabilidad y objetividad, dando respuesta cabal a los puntos demandados;
- j)La decisión agroambiental, efectuó una correcta relación de antecedentes y de la normativa aplicable, enmarcándose dentro de los parámetros de la legalidad en base a la verdad material, siendo que los fundamentos expuestos por la accionante, solamente pretenden inducir al error;
- k)La lesión de los derechos de acceso a la justicia y al principio de legalidad, no tiene asidero legal, pues no se describe de manera clara cómo estos hubieran sido vulnerados, sin dar una explicación coherente cómo el fallo objeto de la acción de amparo constitucional los menoscabó; y,
- l)No se describe con claridad los actos jurídicos que conduzcan inequívocamente a determinar la vulneración de los derechos reclamados y tampoco se establece el nexo de causalidad, omitiéndose dar cumplimiento a lo previsto por el art. 4, 5 y 33.1, del Código Procesal Constitucional (CPCo). En tal sentido, solicitaron denegar la tutela impetrada, con condenaciones de ley.
I.2.3.Resolución
La Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2018 de 19 de octubre, cursante de fs. 576 a 578, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Tribunal Agroambiental dicte una nueva sentencia realizando una correcta valoración de la prueba; decisión asumida en base a los siguientes fundamentos:
- 1)El proceso de saneamiento se halla reglamentado por normativa específica que establece los pasos y etapas que deben cumplirse durante su ejecución; así, el manual de Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria y Conformación del Catastro y Registro Predial, en su art. 49.II, dispone que la información recabada durante la etapa preparatoria debe presentarse en un mapa como mosaico referencia de predios con antecedentes agrarios; elemento que fue extrañado por la accionante a través del proceso contencioso administrativo promovido en la jurisdicción agroambiental, solicitando que, frente a dicha omisión se anule el procedimiento hasta el vicio más antiguo; sin embargo, las Magistradas ahora demandadas, se limitaron a señalar que al existir un informe legal, el INRA había cumplido con dicha etapa, estableciendo además, que la entonces demandante, no demostró el perjuicio que hubiera sufrido ante la ausencia del mosaico referencial; y,
- 2)Si bien en el proceso de saneamiento se hizo mención al polígono 116, en el que supuestamente se encuentra el predio Buena Vista, la no elaboración del mosaico referencial, y su falta de socialización y publicidad, denotan que el ente administrativo incurrió en omisiones procedimentales, afectando el debido proceso, el derecho a la defensa y a la publicidad; aspectos que no obstante haber sido denunciados ante la instancia correspondiente, no fueron reparados.
II. CONCLUSIONES
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguientes:
II.1. Mediante memoriales presentados el 10 de mayo y 1 de junio de 2016, Ignacia Vargas Suárez, en su condición de propietaria del predio Buena Vista, formuló demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Agroambiental, impugnando la Resolución Suprema (RS) 07820 de 31 de mayo de 2012, señalando en lo más relevante que:
- i)El Informe Técnico Legal de Diagnóstico DDSC-SANSIM VAS INF 371/2010 de 23 de agosto, elaborado en la etapa de diagnóstico, no cuenta con el mosaico referencial de los predios con antecedentes en expedientes titulados y en trámite, vulnerándose lo dispuesto por el art. 292.a) del DS 29215;
- ii)No fueron identificados los predios con antecedente en Títulos Ejecutoriales anteriores a 1996, ni los procesos agrarios en trámite con sentencia ejecutoriada o minuta de compra venta protocolizada antes del 24 de noviembre de 1992, así como tampoco los beneficiarios consignados en las mismas y el correspondiente mapa de ubicación geográfica, con superficies y límites de los predios y áreas existentes en la zona;
- iii)La Resolución Administrativa DDS-RA-0103/2010 de 27 de agosto, por la que el INRA resuelve priorizar el polígono 116, no se encuentra anexada al proceso de saneamiento, por lo que, correspondía anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta que se dicte la referida determinación y sea aparejada a los antecedentes;
- iv)Las coordenadas descritas en las Resoluciones Determinativas de Área, Sub Área y de Inicio de Procedimiento y Edicto Agrario, no corresponden a los predios a ser saneados;
- v)En el Edicto mencionado no se consignó al fundo Buena Vista a efectos de que sus propietarios conozcan que su predio será sometida al proceso de saneamiento;
- vi)La delimitación de los linderos del fundo Buena Vista se halla definida por cinco vértices prediales; sin embargo, a la carpeta de saneamiento, se encuentra adjunto un solo formulario de referenciación que no fue correctamente elaborado, pues no se cuenta con la fotografía que evidencie la presencia del propietario y los colindantes que dan su conformidad con la mensura; lo que permiten concluir que los anexos del acta de conformidad fueron elaborados en gabinete;
- vii)De las coordenadas del reporte de ajuste de datos del GPS, únicamente el vértice C120 recae sobre el predio Buena Vista y los demás pertenecen a otras propiedades distantes del primero a 7 y 15 kms, lo que ratifica la inexistencia de mensura en campo de los cuatro vértices restantes;
- viii)Los anexos y formularios adjuntos a la carpeta predial no cumplen con las previsiones contenidas en los arts. 60 y 61 de las Normas Técnicas Catastrales para el Saneamiento de la Propiedad Agraria, Conformación del Catastro y Registro Predial, referidas a la mensura predial;
- ix)En inobservancia del art. 294.V del DS 29215, no se realizó la publicación radial en una emisora situada en la tierra objeto de saneamiento;
- x)La campaña pública no fue ejecutada en el marco de lo previsto por el art. 297 del DS 29215; y,
- xi)Si bien las superficies mensuradas durante las pericias de campo no son definitivas ni declarativas de derecho, la verificación de la información levantada en campo, presenta errores de fondo respecto al formulario de vértice predial (fs. 288 a 292 vta.).
II.2. Corrido el trámite respectivo, la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, pronunció la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 03/2018 de 15 de febrero, declarando improbada la demanda y en consecuencia, subsistente la RS 07820 de 31 de mayo de 2012; determinación asumida en mérito a los siguientes fundamentos:
- a)Sobre la presunta vulneración del art. 292.a) del DS 29215, conforme se evidencia del Informe Técnico Legal DDSC-SANSIM VAS INF 371/2010, el predio Buena Vista, se consigna en el listado de propiedades registrado con el antecedente agrario signado con el número de expediente 13780 (A), habiendo sido identificado en etapa de diagnóstico, por lo que no es evidente lo aseverado por la demandante que demostró el perjuicio que hubiera sufrido;
- b)Contrariamente a lo afirmado por la impetrante de tutela, cursa en el legajo procesal la RA DDS-RA 0103/2010, que si bien en algunas partes resulta ilegible, permite comprobar la instrucción de inicio del proceso de saneamiento simple de oficio en el polígono 116, de la provincia Velasco, cantones Santa Ana, San Fermín y Villa Fátima del departamento de Santa Cruz, dejando además sin efecto las Resoluciones Administrativas de ampliación o repoligonización de pericias de campo dentro del área señalada y estableciendo, previo control de calidad, la prosecución de las pericias de campo, intimando a los propietarios de predios con Títulos Ejecutoriales, subadquirentes y poseedores a acreditar su identidad y apersonarse a la campaña pública, mensura y encuesta catastral de verificación de la Función Económico Social (FES) y Función Social (FS), siendo por otra parte, que su contenido se encuentra traducido en el Edicto Público que cursa en la carpeta de saneamiento;
- c)La citación por edictos en materia agraria resulta válida y efectiva por su alcance masivo; además, de la carpeta de saneamiento se evidencia que la demandante no solamente conoció de forma antelada la ejecución del proceso de saneamiento, sino que participó activamente del mismo, por lo que sus derechos a la defensa y al debido proceso no fueron vulnerados;
- d)Sobre los vértices, en la carpeta de saneamiento se observan el croquis poligonal del predio en el que se establecen sus colindancias y las actas levantadas el 8 de septiembre de 2010, que cuentan con la firma de la demandante, lo que desvirtúa su argumento sobre la no realización de trabajo de campo; y si bien, algunos documentos no fueron suscritos por los colindantes, es porque éstos, no obstante de haber notificados, no se hicieron presentes;
- e)En lo que refiere al hecho de que únicamente el vértice C120 recae sobre su predio y no así los demás, de acuerdo a la carpeta predial así como manifestado por el INRA, el saneamiento en los fundos colindantes ya había concluido, el punto C120 es aquel del que se procede a la mensura y medición de los otros puntos de vértice de la propiedad; y si bien existen otros puntos, estos corresponden a otras propiedades; por lo que, no existió ningún tipo de error en el trabajo técnico del INRA, y menos aún perjuicio a la demandante que amerite una nulidad de obrados;
- f)Sobre el incumplimiento de los arts. 294.V y 297 del DS 29215, en cuanto a la presunta inexistencia de difusión de aviso público y campaña pública, se tiene que con el aviso de inicio del proceso de saneamiento se dio cumplimiento a la campa pública, donde se contempla la carta de citación a los beneficiarios identificados, las reuniones de difusión del proceso y otras actividades, entre las que se identifica el Acta de Campaña Pública que se halla suscrita por la demandante, al igual que el relevamiento de información en campo, de donde se infiere que se garantizó a todas las personas involucradas el ejercicio de sus derechos;
- g)Si bien no constan en la carpeta de saneamiento los avisos públicos de pases radiales, no implica que los derechos reclamados hubieran sido lesionados, toda vez que su participación en el proceso no se vio limitada por dicho aspecto, no pudiendo desconocerse además, que tratándose de un saneamiento simple de oficio. Caracterizado por su difusión masiva, la documentación generada durante su ejecución, pudiera encontrarse en alguna carpeta principal; y,
- h)La demandante incurre en contradicción al manifestar que su demanda no pretende cuestionar la superficie ni derecho alguno, sino simplemente observar y cuestionar el mal trabajo ejecutado por el INRA, limitándose a citar artículos supuestamente inobservados; sin embargo, dichos extremos no fueron demostrados mediante prueba fehaciente, que los demuestre y acredite la existencia de tal trascendencia que amerite su nulidad (fs. 352 a 358).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
La accionante denuncia que las Magistradas ahora demandadas, al emitir la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 03/2018 de 15 de febrero, que declaró improbada la demanda contencioso administrativa formulada por su parte contra la RS 07820, vulneró el debido proceso en sus elementos de aplicación objetiva de la ley, la valoración de la prueba y la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales; sus derechos a la propiedad agraria, a la propiedad privada, a la defensa, a ser oído, a la tutela judicial efectiva; y a los principios y garantías de seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad, toda vez que, no efectuó un debido control de legalidad del proceso de saneamiento efectuado por el INRA, respecto a su predio Buena Vista, habiendo además omitido pronunciarse respecto al incumplimiento de actos procesales cometido por dicha entidad y a la inexistencia de documentos necesarios para la ejecución del saneamiento dentro de la carpeta predial.
Corresponde analizar, si en el presente caso, se debe conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. El debido proceso y su configuración
La , con referencia al debido proceso, señaló que éste: "...es de aplicación inmediata, vincula a las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal previsto por el constituyente, para proteger derechos a la tutela judicial efectiva, a la garantía de certeza e intangibilidad de resoluciones judiciales a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, a una justicia en igualdad de condiciones y oportunidades, a la defensa, al principio de la seguridad jurídica, entre otros; hace al cumplimiento del conjunto de condiciones y requisitos en el trámite de los procesos observando procedimientos, como la , que precisa: 'El debido proceso, está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) -art. 16.IV de la CPEabrg-, y como derecho humano por los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales'".
Por su parte, la , refiriéndose a los derechos que componen al debido proceso, manifestó que: "...a partir de la interpretación sistemática, axiológica y teleológica de los arts. 115.II; 117.I y II; y 180 en relación al art. 13 constitucional, se puede establecer que el debido proceso, constituido en la mayor garantía constitucional de la administración de justicia, lleva inmerso en su núcleo una gran cantidad de derechos, entre ellos:
- a)a la defensa,
- b)al juez natural,
- c)a la presunción de inocencia,
- d)a ser asistido por un traductor o intérprete,
- e)a un proceso público,
- f)a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) a recurrir,
- g)a la legalidad de la prueba,
- h)a la igualdad procesal de las partes,
- i)a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable,
- j)a la congruencia entre acusación y condena, de donde se desprende el derecho a una debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales;
- k)la garantía del non bis in idem;
- l)a la valoración razonable de la prueba, ll) a la comunicación previa de la acusación;
- m)concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa;
- n)a la comunicación privada con su defensor;
- o)a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular; catálogo de derechos que no constituye un parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permite establecer el contenido expansivo de aquellos otros derechos que en el tiempo, y de acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad cambiante, puedan desprenderse de ellos.
Es precisamente en atención a estos elementos constitutivos del debido proceso, que la jurisprudencia constitucional, le ha reconocido una triple dimensión a su ámbito de aplicación; así, lo concibe como derecho fundamental de los justiciables, como principio procesal y como garantía de la administración de justicia.
Se reconoce al debido proceso como derecho fundamental, porque se halla destinado para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originado no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.
Del mismo modo y de acuerdo al contenido del art. 178.I de la CPE, el debido proceso se constituye también en un principio que rige a la administración de justicia ordinaria; en tal sentido, deberá concebírselo como un ideal orientador en la estructuración del órgano Judicial respecto a sus competencias y al establecimiento de procedimientos que aseguren, entre otras cosas, el ejercicio del derecho a la defensa; sin embargo no podemos apartarnos de su verdadera esencia que se trasunta en la obligatoriedad impuesta a los administradores de justicia de asegurar y garantizar la emisión de decisiones correctas, razonables e imparciales que, enmarcadas dentro de los cánones legales, materialicen el mayor fin del Estado: construir una sociedad justa y armoniosa para vivir bien (arts. 8.II y 9.I CPE).
En su dimensión de garantía jurisdiccional, se le atribuye la particularidad de constituirse en un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos en su núcleo, como elementos del debido proceso, entre ellos, la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, la facultad de recurrir, entre otros, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad.
En consecuencia, el debido proceso, se sustenta en la observancia obligatoria e ineludible de las formas propias de cada proceso, mismas que se encuentran previamente establecidas en el ordenamiento jurídico y que establecen con claridad las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para cada caso en particular.
Entonces, y atendiendo la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, concebida como un mecanismo judicial extraordinario destinado a la protección inmediata de derechos fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados, el procedimiento que se siga para su restablecimiento, protección y ejercicio, se encuentra consagrado a través del debido proceso como derecho en sí mismo, como principio y como garantía jurisdiccional que, por mandato constitucional obliga a su aplicación a través de la observancia y respeto de todo el acervo normativo, se trate de disposiciones constitucionales, jurisprudencia, leyes, reglamentos, etc., que garantizan la efectivización de derechos y garantías constitucionales establecidas y reconocidas por la Ley Fundamental" (las negrillas no corresponden al texto original).
III.2. Del procedimiento común del saneamiento de tierras
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