0198/2019-RCA

En revisión la Resolución 07/2019 de 6 de mayo, cursante de fs. 67 a 68, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ninfa Rosa Gonzales Vda. de Rengel contra Carmen del Rio Quisbert Caba y Jacqueline Cecilia Rada Arana, Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda y Tercera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN I.1. Síntesis de los hechos que la motivan Por memoriales presentados el 21 de mayo y 5 de junio ambos de 2019, cursantes de fs. 57 a 61; y, 65 a 66, la accionante señala que dentro del proceso ejecutivo que siguió contra Enriqueta Roque Vda. de Herrera y Fabiola Herrera Roque, ante el Juzgado de Partido Civil y Comercial -hoy Público Civil y Comercial Tercero- del departamento de La Paz, se dictó sentencia disponiendo el remate de un bien inmueble dado en garantía hipotecaria, el cual se adjudicó en la segunda audiencia de subasta, y que posteriormente se le hizo entrega mediante desapoderamiento ejecutado por el Oficial de Diligencias del mencionado Juzgado, pues la demanda se sustanció conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil abrogado. Concluido dicho proceso, Norma Gregoria Salazar Machicado y Alberto García Delgado, afirmando ser los propietarios del bien inmueble adjudicado, se apersonaron el 12 de agosto de 2015, planteando incidente de nulidad de obrados y solicitando el pago de daños y perjuicios, admitido y tramitado por el Juez de la causa, de acuerdo a los arts. 149, 150 al 155 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg.), se pronunció la Resolución 91/2017 de 8 de febrero, rechazando el incidente interpuesto, además de dejar sin efecto el Auto de 5 de junio de 2015 y el Mandamiento de Desapoderamiento expedido. Frente a esa Resolución, los incidentistas y su persona formularon recurso de apelación, resueltos ambos por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista I-150/2018 de 19 de abril, declarando inadmisible el recurso que planteó y anulando obrados hasta fs. 486 de originales (fs. 582 de las fotocopias legalizadas), con el fundamento que el mismo era extemporáneo, toda vez que, en el marco de lo establecido por el art. 262 del Código Procesal Civil (CPC), los autos interlocutorios emitidos fuera de audiencia podrán ser recurridos en el plazo de tres días, y no así en diez días como anteriormente lo establecía el Código de Procedimiento Civil abrogado. I.2. Derechos supuestamente vulnerados Considera lesionados sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la impugnación de las decisiones judiciales; citando al efecto los arts. 115 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. I.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que:

1. a)Se deje sin efecto el Auto de Vista I-150/2018; y,
2. b)Las autoridades demandadas resuelvan su recurso de apelación contra la Resolución 91/2017. I.4. Resolución de la Sala Constitucional La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante decreto de 22 de mayo de 2019, cursante a fs. 62, ordenó que en aplicación del art. 30.I.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la peticionante de tutela subsane lo siguiente:
3. 1)Aclare los hechos en que funda la tutela solicitada;
4. 2)Identifique los derechos o garantías que considera lesionados;
5. 3)Señale cuál el último acto vulneratorio de sus derechos; y,
6. 4)Establezca su petitorio de manera concreta. En ese sentido, la mencionada Sala Constitucional, mediante Resolución 07/2019 de 6 de mayo, cursante de fs. 67 a 68, declaró improcedente la acción de defensa fundamentado que:
7. i)La notificación a la accionante con el Auto de Vista I-150/2018, se realizó el 6 de noviembre de 2018; y,
8. ii)La acción tutelar fue presentada el 21 de mayo de 2019, de manera extemporánea, habiendo transcurrido más de los seis meses que determina el art. 55.I del CPCo, implicando que, su derecho para acceder a la jurisdicción constitucional precluyo. Con dicha Resolución, la impetrante de tutela fue notificada el 12 de junio de 2019 (fs. 69), quien por memorial presentado el 17 del mismo mes y año (fs. 70 y vta.), interpuso impugnación dentro del plazo otorgado por el art. 30.I.2 del CPCo. I.5. Síntesis de la impugnación Alberto Tomás Santander Aruquipa, en representación legal de la solicitante de tutela refiere que, existió error de apreciación por parte de la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, ya que el Auto de complementación y enmienda de 8 de noviembre de 2018, emitido por los Vocales demandados, le fue notificado el 21 del mencionado mes y año, conforme a la respectiva diligencia y al formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) cursantes en obrados; por lo que, la acción de amparo constitucional fue presentada el 21 de mayo de 2019; es decir, dentro de los seis meses que establece el art. 55.I del CPCo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN II.1. Marco normativo constitucional y legal El art. 128 de la CPE, establece que: "La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley". En ese sentido, el art. 129 de la Norma Suprema, dispone lo siguiente: "I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. II. (...) podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial" (las negrillas son agregadas). Por su parte, el art. 51 del CPCo, instituyó que esta acción tutelar tiene el: "...objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir". De igual forma, el art. 55.I del citado Código, respecto al plazo para su presentación, estipula que: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho" (las negrillas nos corresponden). Respecto a los requisitos de admisión, el art. 33 del mismo cuerpo legal, determina que, la acción tutelar analizada, deberá contener al menos lo siguiente: