0198/2022-S4

José Luis Quiroga Flores, Presidente del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, en audiencia de la presente acción tutelar, manifestó que:

1. a)Fue notificado a las 10:30, cuando la audiencia ha sido programada para las 11:00; razón por la cual, no ha podido remitir el cuaderno de control jurisdiccional oportunamente;
2. b)Reconoció que evidentemente el 19 de enero de 2021, el accionante presentó memorial de solicitud de cesación a su detención preventiva amparado en el art. 239.2 del CPP, modificado por la Ley 1173, se debe tener presente que la providencia salió al día siguiente; es decir, el 20 del citado mes y año; por lo que, pone en consideración que ya se ha señalado audiencia para el 25 de enero de 2021; tomando en cuenta que el viernes 21 es declarado feriado nacional, sumando a ello, Patricia Mabel Aguilar Aguilar, integrante de este Tribunal ahora demandado, dio positivo a la prueba del COVID-19, ampliándose su baja médica hasta la siguiente semana; toda vez que, en caso de un "empatamiento" de criterios de votos, necesariamente se debe contar con una tercera autoridad jurisdiccional, pide se considere las circunstancias de fuerza mayor ya que solo trascurrieron cuatro días;
3. c)Por otro lado el abogado que lo asiste en ningún momento ha firmado memorial dentro del proceso, tampoco se apersonó a este Tribunal hoy demandado;
4. d)En cuanto a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173, a la que hace referencia el impetrante de tutela, respecto a que los jueces en materia penal deben efectuar una conminatoria al Ministerio Público, se le ha hecho conocer al solicitante de tutela, que esta conminatoria es aplicable, vinculante a los jueces que desarrollan el control jurisdiccional en etapa preparatoria y no así a los jueces de enjuiciamiento como son los jueces de sentencia o tribunales de sentencia, estableciendo que en todo caso el Ministerio Público debe también responder cuales serían los actos investigativos pendientes de tramitación, entonces el Tribunal de sentencia en ningún momento realiza el control jurisdiccional con relación a los actos investigativos, asimismo, el Ministerio Público puede efectuar un pronunciamiento con un requerimiento contestando a la conminatoria explicando en qué tiempo tendría que presentar el requerimiento conclusivo; por lo que, esta disposición es aplicable únicamente para los jueces de instrucción penal;
5. e)Por otro lado, tampoco se cumplió con el principio de subsidiariedad, pues el accionante ante la negativa de realizar la conminatoria, éste debió plantear un recurso de reposición, estaba el "Dr. Iván", quien era el llamado por ley para subsanar cualquier equivocación o error por parte de "presidencia"; y,
6. f)En ese entendido, se ha señalado audiencia después de cuatro días cuando la norma refiere que son dos días, estando de por medio un día feriado el 21 de enero de 2021, día del Estado Plurinacional de Bolivia, la baja médica de una integrante del Tribunal demandado y sábado y domingo dos días más de mora, no veo la exigencia de que se cumpla a cabalidad una disposición legal cuando existen ponderaciones de hechos fortuitos, finalmente la audiencia, ya está señalada para el 25 del mismo mes y año, en el transcurso del día seguramente la Gestora "6" efectuará las notificaciones correspondientes, sin vulnerarse el debido proceso ni ninguno de los mencionados agravios; además, de haberse portado condescendiente con el accionante al haber dispuesto su traslado del Centro Penitenciario de Chonchocoro a su similar de San Pedro, con todas las facilidades y comodidades por su estado de salud; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

Iván Elmer Perales Fonseca, miembro del referido Tribunal de Sentencia, en la misma audiencia refirió que:

1. 1)Su persona no tiene legitimación pasiva para ser demandado en esta acción tutelar, conforme los arts. 325 y 340 del CPP, es el juez presidente quién se encarga de todos los actos preparatorios para el juicio, los demás jueces técnicos únicamente intervienen, participan en el juicio oral, público y contradictorio, excepcionalmente participan cuando son libres invocados ante un recurso de reposición ante una decisión de presidencia, o cuando se interpone una excepción de carácter extintivo de la acción para que el Tribunal pleno pueda resolver dicha petición;
2. 2)En la presente causa se está discutiendo respecto a una supuesta dilación en el señalamiento de audiencia de una cesación a la detención preventiva, responsabilidad única de presidencia; toda vez que, su persona no ha conocido ningún antecedente de este caso ni siquiera se le ha convocado para algún recurso de reposición, en ese sentido no podría pronunciarse al respecto ya en este caso no tiene facultad para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva; por lo que, pide se deniegue la tutela impetrada considerando su legitimación pasiva.

El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 30/2021 de 23 de enero, cursante de fs. 170 a 171 vta., concedió en parte la tutela solicitada, "deja sin efecto el decreto por el cual deniega la solicitud de conminatoria al Ministerio Público y ordena que en el plazo de cuarenta y ocho horas emita el correspondiente auto de conminatoria al representante del Ministerio Público titular de la presente acción a través de la Fiscalía Departamental para que en el plazo de 90 días haga conocer a estas autoridades la necesidad bajo los principios de utilidad, proporcionalidad y pertinencia de mantener la detención preventiva del ahora accionante" (sic); y, denegó la tutela impetrada, con relación al señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva por las razones expuestas por el Presidente del Tribunal demandado; con los siguientes fundamentos:

1. i)Respecto a la petición de conminatoria, realizada por la parte accionante en cuanto al cumplimiento de la Disposición Décima Segunda de la Disposición Transitoria de la Ley 1173, a través de un decreto se habría dispuesto de que no se da lugar a dicha conminatoria en virtud a que los tribunales de sentencia no están ligados al cumplimiento de la conminatoria, establecida en la disposición Décima Segunda de la referida ley, "lo que ve esta autoridad", es que la disposición Décima Segunda Transitoria de la citada ley, "bajo 15 días calendario posteriores a la entrada y de vigencia de la presente ley, bajo responsabilidad las y los jueces penales, de oficio conminan a la Fiscal o el Fiscal asignado al caso a través del Discal Departamental, a la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante y a los coadyuvantes si existieran para que en plazo de los 90 días calendario siguientes se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos, sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer la cesación, conforme al régimen de cesación de las medidas cautelares personales..." (sic); en virtud a ello y conforme el art. 239.2 CPP, en este caso, dicha medidas han vencido el plazo dispuesto para la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no hubiera solicitado la ampliación de la misma, manifestando al respecto la parte impetrante de tutela que el Ministerio Público no presentó ningún requerimiento, en virtud a que tampoco se ha librado la conminatoria por parte del Tribunal hoy demandado, situación que no se dio, debido a que, anteriormente estas autoridades ya habrían sido demandadas por un caso análogo "Ministerio Público contra Romulo Tonconi" en el cual, la Sala Constitucional Primera del tribunal Departamental de La Paz, denegó la tutela indicando de que los Tribunales de sentencia no están ligados a dar cumplimiento a la citada disposición; dado que, se encuentran ya en fase de juicio oral, público y contradictorio y no en etapa preliminar de investigación, situación adoptada por el presidente del Tribunal demandado, al momento de haber "denegado", en virtud a que ha sido demandado por otra acción de defensa "ya tenía también una sentencia constitucional" a la que debería dar cumplimiento, misma que todavía no habría sido resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional;
2. ii)No estando de acuerdo con la postura de la Sala Constitucional Primera, pues el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, está también íntimamente ligado al primer artículo, que tiene por finalidad la adveración procesal penal y el fortalecimiento de lucha integral contra la violencia de niña, niño adolescentes y mujeres, es así que, ha establecido priorización en la atención a los detenidos preventivos para que los mismos ya no estén en esa situación jurídica, por ello, dicha disposición transitoria, ordena a todos los jueces o tribunales penales sin distinción alguna a que tengan que emitir la conminatoria, razonamiento completamente distinto a la referida Sala Constitucional Primera, porqué, si la Ley 1173 tiene por finalidad el descongestionamiento del sistema penal y evitar el hacinamiento de las cárceles; y,
3. iii)Por tanto, el Tribunal ahora demandado al haber denegado la conminatoria al Ministerio Público, no ha dado cumplimiento estricto a la Ley 1173, disponiéndose ya lo referido ut supra.

El accionante, denunció como vulnerados sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta y oportuna, a la presunción de inocencia, y a la vida; toda vez que:

1. a)El 19 de enero de 2021, solicitó cesación a su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -22 de enero de 2021-, las autoridades demandadas, no señalaron audiencia para la consideración de la misma; y,
2. b)Por otro lado, al haberse excedido el plazo máximo de los noventa días para su detención preventiva, dichas autoridades no dieron curso a su petición respecto a la emisión de la conminatoria al Ministerio Público, para la ampliación de la misma, conforme la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173.