0198/2023-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0198/2023-S3 Sucre, 11 de abril de 2023

SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional

Expediente: 46371-2022-93-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 022/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 655 a 663 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sarah Ritha Salinas Manzaneda y Juan Pablo Salazar Ortiz en representación legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural Responsabilidad Limitada (R.L.) Tarija contra Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro e Ivette Espinoza Vásquez, Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, ambos del Ministerio de Economías y Finanzas Públicas.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante a través de sus representantes legales, por memoriales presentados el 18 de noviembre y 1 de diciembre de 2021, y 11 de enero de 2022, cursantes de fs. 39 a 51, 62 a 67 vta., y 78 a 79, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso administrativo sancionador formulado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) -ahora tercera interesada- contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural R.L. por el supuesto incumplimiento en la remisión de información periódica, presentó los descargos correspondientes; empero, no fueron objeto de consideración y análisis por parte de la citada Autoridad de Supervisión; puesto que, emitió la Resolución ASFI/666/2021 de 26 de julio sancionándola con una multa por una suma exorbitante que sobrepasó el límite legal máximo previsto por el art. 43.III inc. c).1 de la Ley del Sistema Financiero -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-; además de carecer de la debida fundamentación y motivación. Resolución que fue confirmada en instancia de revocatoria mediante Resolución ASFI/874/2021 de 20 de septiembre. De esa manera, considerando que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural R.L. tiene su domicilio en la ciudad de Tarija, interpuso recurso jerárquico conforme a lo dispuesto por los arts. 21 y 66.I y II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; y, 34 y 53 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) -Decreto Supremo (DS) 27175 de 15 de septiembre de 2003-. A pesar de lo anterior, la Viceministra hoy coaccionada declaró improcedente el recurso jerárquico mediante Auto de 20 de octubre de 2021, bajo una interpretación subjetiva y arbitraria de los arts. 21 y 66.I y II de la LPA; y, 34 y 53 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIREFI, refiriendo que la excepción del plazo no era aplicable en su caso, en virtud a que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural R.L. se encuentra domiciliada en la ciudad de Tarija y que presentó el recurso jerárquico en la misma ciudad donde la ASFI hoy tercera interesada tiene constituido un Centro de Consulta Regional, "...por lo cual al no haber tenido la entidad recurrente la necesidad de trasladarse fuera de la ciudad donde tiene constituido su domicilio (...) no puede aplicar el plazo de la distancia" (sic). Ante esa determinación, planteó enmienda y complementación el 28 de octubre de 2021, requiriendo explicación respecto a la base legal que sustentaba dicha determinación; solicitud que no fue atendida por la Viceministra ahora coaccionada, ya que declaró "no ha lugar" a la aclaración y enmienda a través del Auto de 29 del citado mes y año, alegando que no efectuó interpretación alguna de la normativa cuestionada, estando su Resolución motivada; sin embargo, la nombrada se arrogó atribuciones del Órgano Legislativo o del Tribunal Constitucional Plurinacional al efectuar interpretaciones subjetivas que vulneraron su derecho a la impugnación; puesto que, tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para SIREFI establecen como único presupuesto para aplicar el plazo de cinco días adicionales a los diez comunes y perentorios, que su domicilio esté en una sede provincial o departamental diferente a la de la ASFI que se encuentra ubicada en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, y como en su caso en el que tiene su domicilio en la ciudad de Tarija, cumpliendo el presupuesto esencial para contar con ese plazo, y no como expuso la Viceministra ahora coaccionada en sentido de que el plazo adicional se aplica únicamente cuando el interesado debe viajar para efectuar la actuación administrativa.

Asimismo, debe considerarse que la Oficina de la ASFI Tarija es un Centro de Consulta que remite todo y cualquier trámite a la ciudad de La Paz, por lo tanto, no se constituye en el domicilio legal de aquella entidad financiera, teniéndose la siguiente información: "...'La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a través de los Centros de Consulta pretende llegar en forma efectiva y directa al público en general, poniendo a su disposición información, para que, en forma clara y sencilla, conozca sus derechos y obligaciones, para disminuir las asimetrías entre las Entidades Financieras y el Consumidor Financiero'" (sic).

Además, el acto vulneratorio fue consumado con la emisión del Auto de 29 de octubre de 2021, mediante el cual la Viceministra hoy coaccionada negó que efectuó una interpretación, y declaró improcedente la solicitud de complementación alegando que el acto cumplía con lo determinado por el art. 28 de la LPA y que cumplió con la debida fundamentación y motivación, al margen de asumir las determinaciones correctas.

Existen dos lineamientos opuestos respecto al plazo de la distancia; en razón a que, la Viceministra ahora accionada expuso su razonamiento en el Auto de 20 de octubre de 2021, y al contrario, la ASFI ahora tercera interesada, al advertir que el administrado tiene su domicilio en un municipio distinto al de Nuestra Señora de La Paz, aplica de oficio lo establecido por los arts. 21.III y 66.I y II de la LPA y 34 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIREFI, adicionando al plazo previsto para la realización del acto, el plazo de distancia correspondiente, sin efectuar mayores consideraciones. En ese sentido, se aplican criterios dispersos e incongruentes que ponen al administrado en incertidumbre, vulnerando el debido proceso.

Por consiguiente, la decisión administrativa asumida por la Viceministra hoy coaccionada no resulta ser razonable ni congruente, al negar sin motivación ni fundamentación su recurso jerárquico y el plazo adicional de la distancia, manteniendo un criterio incongruente con el aplicado por la ASFI hoy tercera interesada resultando que la razonabilidad y proporcionalidad importa la compulsa de los hechos argumentados para llegar a una conclusión cierta, expresando los motivos y efectuando una minuciosa fundamentación legal, citando las normas que sostienen la parte dispositiva del fallo, asumiendo una decisión de hecho y no de derecho, ya que no existe una disposición normativa que module la aplicación del plazo de distancia agregando los criterios alegados por la Viceministra ahora coaccionada sin sustento legal alguno, siendo que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural R.L. consideró que el criterio asumido por la ASFI ahora tercera interesada en sus Resoluciones ASFI/1008/2017 de 29 de agosto, ASFI/1356/2017 de 22 de noviembre y ASFI/1464/2018 de 8 de noviembre, era aplicable a todo el procedimiento administrativo en todas sus instancias "...sin sospechar que el Viceministerio tiene criterios propios y subjetivos aplicables cuando le toca intervenir en el proceso" (sic), vulnerando su derecho a la defensa vinculado a la impugnación, el cual, debe ser interpretado de acuerdo al principio de favorabilidad.

Finalmente, resulta pertinente acudir a la acción de amparo constitucional, por cuanto, la ejecución ilegal de la sanción aplicada por la ASFI ahora tercera interesada con la retención de sus cuentas en el Banco Central de Bolivia (BCB) provocaría un daño irreparable con el inminente cierre de sus operaciones.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante a través de sus representantes legales, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y doble instancia vinculado a la impugnación; y, de los principios de legalidad y sometimiento pleno a la ley; citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 incs. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que, se deje sin efecto los Autos de 20 y 29 de octubre de 2021, y que la Viceministra ahora coaccionada resuelva el recurso jerárquico que formuló contra la Resolución ASFI/874/2021 de 20 de septiembre.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 14 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 646 a 654 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 8 de febrero de 2022, cursante a fs. 641 y vta., manifestó que el Auto de admisión de 12 de enero de 2022, únicamente señaló como accionada a Ivette Espinoza Vásquez, Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros del citado Ministerio, y no así a su autoridad, quien en virtud del art. 62 inc. b) del DS 27113 de 23 de julio de 2003, emitió la Resolución Ministerial (RM) 468 de 24 de noviembre de 2020, mediante la que delegó a la señalada Viceministra hoy coaccionada la emisión y firma de todo actuado administrativo, decreto, providencia o auto que corresponda a recursos jerárquicos del SIREFI, y que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones relativas a la regulación financiera; delegación de la cual deviene la emisión de los Autos 20 y 29 de octubre de 2021, que originaron la presente acción tutelar; por lo que, la nombrada Viceministra no adquiere para sí la representación de ese Ministerio, "...y así considerarse a la misma como Autoridad accionada de forma paralela al señor Ministro, quien a fines de la presente acción es y debe ser la única autoridad recurrida..." (sic), lo cual debe ser considerado por la Sala Constitucional.

Ivette Espinoza Vásquez, Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 82. I.2.3. Intervención del tercero interesado

En audiencia, señalaron que la parte accionante tiene su Oficina Central en calle Campero-Bolívar, zona Central de la ciudad de Tarija y que la ASFI aplica el plazo de la distancia únicamente cuando se trata de un municipio -en el que la entidad tenga un domicilio- lejano a las oficinas constituidas a nivel nacional de esa institución.

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Resolución ASFI/666/2021 de 26 de julio emitida por el Director General Ejecutivo a.i. de la ASFI, mediante la cual determinó, en lo principal, sancionar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural R.L. -ahora parte accionante- con una multa de Bs314 600.- (trescientos catorce mil seiscientos bolivianos) por los "Cargos 1 al 20" de la Nota de Cargos ASFI/DEP/R-117250/2021 de 23 de junio, en virtud de haber incumplido lo dispuesto por los arts. 1 y 2, secciones 2, 3, 4 y 7 del "Reglamento para el Envío de Información" (sic), y el art. 5, sección 2 del "Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información" (sic [fs. 396 a 419]). Determinación que fue notificada a la parte accionante en la ciudad de Tarija, el 30 de julio de 2021 (fs. 419 vta.).

II.2. Consta memorial de recurso de revocatoria contra la Resolución ASFI/666/2021, el cual refiere "Tarija, 17 de agosto de 2021" (sic), presentado el 19 del citado mes y año, en la Oficina Regional ASFI Tarija, dirigido al Director de la ASFI, por la parte accionante, (fs. 420 a 433); emitiéndose, en consecuencia, la Resolución ASFI/874/2021 de 20 de septiembre que confirmó totalmente la Resolución ASFI/666/2021 (fs. 150 a 181), notificándose esa decisión a la parte accionante el 27 de septiembre de 2021, en la ciudad de Tarija (fs. 182 a 183).

II.3. Mediante escrito que señala: "Tarija, 13 de octubre de 2021" (sic) dirigido al Director de la ASFI, y presentado el 14 de igual mes y año, en la Oficina Regional ASFI Tarija, la parte accionante interpuso recurso jerárquico contra la Resolución ASFI/874/2021 (fs. 135 a 149), el cual mereció el pronunciamiento del Auto de 20 del mismo mes y año emitido por Ivette Espinoza Vásquez, Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -hoy coaccionada- mediante el cual declaró improcedente dicho recurso al ser formulado fuera del plazo previsto por el art. 53 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, para el SIREFI (fs. 122 a 126).

II.4. Por memorial presentado el 28 de octubre de 2021 en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz ante Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas -ahora accionado-; la parte accionante solicitó aclaración y enmienda con relación al Auto de 20 de ese mes y año (fs. 14 a 20), dictándose el Auto de 29 del mismo mes y año, por la Viceministra hoy coaccionada, mediante el cual declaró improcedente dicha petición (fs. 11 a 13).

II.5. Mediante Compact Disc (CD), la parte accionante adjunta supuestos precedentes administrativos emitidos por la Unidad de Recursos Jerárquicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (fs. 2). Asimismo, a través de memorial presentado el 27 de enero de 2022, adjunta Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 004/2010 de 19 de enero (fs. 85 a 101).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante a través de sus representantes legales, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y de doble instancia vinculado a la impugnación, y de los principios de legalidad y sometimiento pleno a la ley, por cuanto su recurso jerárquico, a raíz de una interpretación arbitraria de los arts. 21 y 66.I y II de la LPA; y, 34 y 53 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIREFI referidos al plazo de la distancia, fue declarado improcedente mediante Auto de 20 de octubre de 2021, por la Viceministra ahora coaccionada, quien también declaró la improcedencia de su solicitud de complementación y enmienda a través del Auto de 29 del mismo mes y año.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales

La SCP 0345/2020-S3 de 23 de julio, estableció que: "Al respecto, la línea jurisprudencial emitida desde sus inicios y confirmada por posteriores fallos de este Tribunal, fue clara y uniforme al establecer que en particular la interpretación de la legalidad ordinaria entendida esta como la facultad de interpretar y/o aplicar la ley en términos generales a un caso concreto, es una labor únicamente otorgada a la jurisdicción ordinaria; a partir del cual, se estableció que no le compete al Tribunal Constitucional ingresar a juzgar el criterio jurídico empleado por las autoridades judiciales ni administrativas a tiempo de la definición de un caso; a menos claro, que en esa actividad se evidencie la vulneración de derechos y garantías constitucionales; así la 0SC 1031/00-R de 6 de noviembre de 2000, como una de las primeras líneas que planteó tal entendimiento, estableció que: '...no corresponde a este Tribunal juzgar el criterio jurídico con el que el Tribunal de Apelación interpretó el art. 184 del Código de Procedimiento Civil para fundar su resolución, de hacerlo estaría saliendo del marco de su competencia para invadir otra jurisdicción, pues conforme al objeto del Recurso de Amparo corresponde verificar si los hechos ilegales denunciados restringen, suprimen o amenazan suprimir los derecho y garantías de los recurridos reconocidos en la Constitución y las leyes...'; posteriormente, a través de la 0SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, se señaló que: 'Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad, jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y 14 debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todo los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas...'.

Bajo igual criterio, distintos Tribunales Constitucionales reconociendo que esta actividad interpretativa es propia de la jurisdicción ordinaria, manifestaron que no obstante ello es posible revisar tal actuación cuando se advierta que la misma repercute en la vulneración de los derechos fundamentales, tal es el caso de la Corte Constitucional de Colombia, que en la Sentencia T-121/99 de 26 de febrero de 1999, al respecto estableció: '...cuando una actuación judicial contiene una decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela. Sin embargo, cuando la decisión está sustentada en un determinado criterio jurídico, que puede ser admisible a la luz del ordenamiento, o de la interpretación de las normas aplicables, no podría ser discutido vía de la acción de tutela, toda vez que atentaría contra al principio de la autonomía judicial en virtud del cual, cuando el juez aplica una ley, debe fijar el alcance de la misma, es decir, debe darle un sentido frente al caso concreto -función interpretativa propia de la actividad judicial-, a menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento'.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Peruano en el expediente 04004-2012- PA/TC de 22 de mayo de 2013, refirió que: '...a juicio del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe desestimarse, pues vía de amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie respecto a materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales como son las relativas a la aplicación de normas administrativas en materia laboral, siendo pertinente señalar que tanto la valoración y/o la determinación de la suficiencia de los medios probatorios, así como la interpretación de la normas legales y/o administrativas para cada caso concreto es un asunto que corresponde ser dilucidado únicamente por el juez ordinario a momento de expedir la sentencia, y que, por tanto, escapa del control y competencia del juez constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso...'.

En ese marco, se tiene claramente establecido que la interpretación y/o aplicación de las normas ordinarias es de exclusiva competencia de los jueces comunes y autoridades administrativas, sin que ello implique que este Tribunal no pueda abrir su competencia a fin de verificar si en esa labor interpretativa no se vulneraron derechos fundamentales, esto justamente con el objeto de velar por la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, entendida esta como el fin primordial de la justicia constitucional en el marco del control tutelar que ejerce.

En ese sentido, la SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, luego de realizar una deconstrucción de lo desarrollado jurisprudencialmente respecto a la temática que ahora se aborda, finalmente concluyó refiriéndose a la labor que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el siguiente criterio: '...esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios; el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en esta labor particular al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes (art. 196.I de la CPE), menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos de congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial' (reiterada en las Sentencias Constitucional Plurinacionales 0416/2019-S1; 00892/2014-S4; 0705/2019-S3, entre otras).

Del cual finalmente puede concluirse que no obstante de estar claramente delimitado que la facultad de interpretar y/o aplicar las normas del ordenamiento jurídico ordinario en sus diferentes materias y ámbitos corresponde a las autoridades judiciales y administrativas, y no propiamente a la justicia constitucional; sin embargo, ello es posible cuando en esa labor se haya advertido la vulneración de derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, para lo cual corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca" (las negrillas fueron agregadas).

III.2. Parámetros para evaluar la fundamentación de resoluciones judiciales o administrativas

En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: el principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley. La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: 'Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución", añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa...'. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE).

Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional:

En ese sentido, Pedro Talavera señala: 'la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen'. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno sostiene: 'La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente'. b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'insuficiente'.

En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (0SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.

En este sentido, la 0SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: 'Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado'.

Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: 'decisión sin motivación', o extiendo esta, 'motivación arbitraria', o en su caso, 'motivación insuficiente', como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.

Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada.

El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: (0SC 1312/2003-R, respecto al proceso como unidad); (SC 1009/20003-R, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la 0SC 0157/2001-R; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa (0SC 1797/2003-R, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto).