Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0198/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 70767-2025-142-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 16/2025 de 27 de enero, cursante de fs. 114 vta. a 116 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teodomiro Alcalá Salvatierra contra Juan Carlos Berrios Albizu y José Antonio Revilla Martínez, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Silvia Jaqueline Martínez Blacutt y Freddy Pérez Chavarría, Vocales de la Sala Civil, Familia, Niñez y Violencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memoriales presentados el 2 y 19 de diciembre de 2024, cursantes de fs. 45 a 50 y 55 y vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 24 de julio de 1997 compró un lote de terreno de Carlos Alberto Peña Melgar y Ángel Willy Sanjinés Saavedra, signado como lote 18, Manzano 17 con una superficie de 405 m2 y según la Cláusula Primera del contrato de transferencia con reconocimiento de firmas, los documentos del bien inmueble adquirido, se encontraban con trámite de urbanización ante el Plan Regulador, obligándose los vendedores a entregarle el plano aprobado con los nuevos replanteamientos; sin embargo, los nombrados no cumplieron con dicha obligación; razón por la cual, acudió a estrados judiciales, obteniendo la orden judicial de 17 de noviembre de 2014, emitida por "...la Juez de Instrucción Mixto Cautelar de La Guardia..." (sic), que ordenó a la Notaria de Fe Pública 93 del departamento de Santa Cruz, a protocolizar la minuta de compraventa de 24 de julio de 1997; posteriormente, al existir modificaciones y la aprobación del Plan Regulador, se procedió a la sub inscripción el 12 de diciembre de 2014, constando la ubicación, límites y colindancias, quedando como lote 36, Manzano 8, Unidad Vecinal (UV) 292, debidamente registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matricula computarizada 7.01.1.05.0037527.
No obstante la inscripción de su derecho propietario, viene sufriendo una persecución de seis años por parte de Miguel Ángel Ríos -ahora tercero interesado-, quien le inició un proceso penal por la presunta comisión del delito de desalojo, en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en la que fue declarado absuelto de pena y culpa; a pesar de ello, el 12 de febrero de 2020, fue notificado con una sentencia de desalojo emitida dentro del "expediente 467/2018", seguido por el -hoy tercero interesado- contra Adela Machacado Mendoza, Mario Duran Maldonado y "Norberto Vallejos", quienes fueron sus inquilinos.
Por las razones expuestas, planteó una demanda ordinaria de nulidad de escritura pública de transferencia, cancelación de inscripción, mejor derecho propietario y pago de daños y perjuicios contra el ahora tercero interesado, habiéndose emitido la Sentencia 324 de 21 de noviembre de 2022, declarando probada la demanda de nulidad de escritura pública de transferencia, cancelación de inscripción, mejor derecho propietario e improbada la pretensión de pago de daños y perjuicios asi como la demanda reconvencional presentada por la parte contraria. Decisión que fue impugnada por el nombrado mediante recurso de apelación, que fue resuelto por los Vocales hoy coaccionados, confirmando la referida Sentencia y el Auto de 3 de junio de ese año; sin embargo, por efecto de una disidencia, mediante Auto de Vista 135 de 24 de noviembre 2023, se revocó en forma total el Auto de 3 de junio de 2022, declarando probada la excepción de falta de legitimidad en el demandante y declarando la nulidad de las actuaciones realizadas después de la audiencia preliminar.
Ante esa situación formuló el recurso de casación, en virtud del cual la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia integrado por los entonces Magistrados ahora accionados, mediante el , declararon infundado dicho recurso, con argumentos inconsistentes y forzosos generando los siguientes agravios:
- a)Desconocieron la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la verdad y justicia material, contrario a la primacía de la Constitución Política del Estado, desnaturalizando la noción básica del contrato previsto por el art. 450 del Código Civil (CC); y,
- b)Existe falta de fundamentación, motivación, además de ser incongruente; ya que, tanto el Auto de Vista 135, así como el mencionado , atentaron contra las normas procesales y el debido proceso.
En su memorial de subsanación aclaró que la acción de amparo constitucional va dirigido contra los entonces Magistrados hoy accionados y contra los Vocales ahora coaccionados, agregando como otro derecho vulnerado a la propiedad, en razón de haber concedido su derecho de propiedad sobre su lote de terreno a otra persona sin haber sido el dueño.
I.1.2. Derechos, garantias y principios supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, -a la propiedad-, a los principios de seguridad jurídica, de legalidad, verdad y justicia material; citando al efecto los arts. 1, 9, 14.III, 56, 62, 115.II, 119.I, 180, y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia; se disponga:
- 1)Restablecer sus derechos fundamentales y garantías constitucionales;
- 2)Declarar la nulidad del Auto de Vista 135 de "22" -siendo lo correcto 24- de noviembre de 2023, y el ; y,
- 3)Imponer costas, daños y perjuicios a los entonces Magistrados hoy accionados.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
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