Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0199/2019-S1 Sucre, 7 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 25927-2018-52-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 445/2018 de 3 de octubre, cursante de fs. 88 a 94 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Justina Andrea Quisbert Aruquipa contra Martin Jaime Quispe Ajsara y Javier Santos Mamani Carrillo.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 13 a 16 vta. y subsanación de 27 de similar mes y año de fs. 19 a 21 vta., la accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Es copropietaria del inmueble ubicado en la calle Jaimes Freyre 300 esquina Rosendo Gutiérrez, derecho propietario debidamente registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula computarizada 201099196001, inmueble sobre el cual, también tiene derecho Martin Jaime Quispe Ajsara (codemandado), quien inició una serie de actos de hostigamiento y violencia hacia su persona de forma directa y por interpósitas personas.
Refiere que como uno de esos hechos de perturbación, es haber alquilado el inmueble a diferentes personas, entre ellas Javier Santos Mamani Carrillo -ahora codemandado-, quien cumpliendo órdenes del copropietario el 16 de agosto de "2016" a horas 11:30, mediante vías de hecho y aprovechando que es de la tercera edad, procedió a cortarle el servicio de energía eléctrica, privándole de ese servicio básico.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denuncia la vulneración de su derecho de acceso a los servicios básicos, citando al efecto el art. 20.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la acción de amparo constitucional ordenando a los demandados que:
- a)De forma inmediata procedan a habilitar la energía eléctrica a sus habitaciones y se prohíba realizar cualquier acto de perturbación a sus derechos constitucionales y/o nuevo corte de servicios sin previa orden judicial o administrativa competente; y,
- b)Se condene al pago de costas consistentes en la suma de Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos), por concepto de honorarios profesionales y Bs1 000.- (un mil bolivianos), por gastos de tramitación del recurso.
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