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TCP

0199/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de abril de 2026
Resumen del caso

Auto 0199/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0199/2026-CA Sucre, 20 de abril de 2026

Expediente: 80178-2025-161-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz

La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Lily Margoth Zurita Zelada, Diputada, suplente en ejercicio de la titularidad, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demanda la inconstitucionalidad de la Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos otorgados para Vivienda de Interés Social y Créditos a las Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña -Ley 1670 de 5 de noviembre de 2025-; el Decreto Supremo (DS) 5484 de 29 de noviembre de 2025; y la Circular APS/DE/DS 233/2025; por ser presuntamente contrarios a los arts. 13, 14, 47, 56, 57, 109.II, 123, 178, 306, 308, 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21, 23, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN

I.1. Argumentos jurídicos de la acción

Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2025, cursante de fs. 14 a 31 vta., la accionante señala que, interpone la presente acción de inconstitucionalidad abstracta contra las normas identificadas que conforman un bloque normativo único e indivisible, que en secuencia, configuran una cadena normativa de afectación creciente, que transita de una disposición legal ambigua a una reglamentación abiertamente confiscatoria, violatoria de los principios constitucionales de supremacía constitucional jerarquía normativa, seguridad jurídica, libertad económica y derecho de propiedad.

La Ley 1670 establece el diferimiento automático de cuotas de crédito otorgados por entidades financieras, incluyendo los pagos de capital, intereses y "seguros, comisiones y otros cargos" (sic), esta redacción vaga e imprecisa, extiende el diferimiento a elementos que no forman parte del núcleo del contrato de crédito, sino de relaciones accesorias y autónomas, como los contratos de seguro, desnaturalizando su naturaleza conmutativa y anticipando una posible afectación del derecho de propiedad de las aseguradoras.

El DS 5484, en lugar de aclarar o limitar el alcance de la Ley, profundiza su vicio de inconstitucionalidad, al imponer expresamente a las aseguradoras la obligación de mantener vigentes las coberturas sin cobro de primas ni devengamiento de intereses, lo que equivale a una prestación gratuita -confiscatoria- impuesta por el Estado. Este Decreto Supremo no sólo amplía los efectos de la Ley, sino que crea nuevas obligaciones y elimina derechos patrimoniales, incurriendo en exceso reglamentario -ultra vires- contrario a los arts. 109.II y 410.II de la Norma Suprema; transfiere al sector asegurador un costo que le corresponde al interés público sin justificación ni compensación, vulnerando los derechos de propiedad, libertad de empresa y la seguridad jurídica, señalados en el arts. 47, 56 y 308 de la CPE.

Finalmente, la Circular APS/DJ/DS-233/2025, emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, opera como la concreción administrativa de la confiscación patrimonial, al ordenar a las aseguradoras ejecutar el diferimiento sin pago de primas, mantener coberturas íntegras y atender siniestros durante el periodo sin contraprestación alguna. La Circular no sólo ejecuta el Decreto Supremo, sino que lo amplifica, introduciendo obligaciones operativas y financieras adicionales, sin prever los plazos de adecuación, mecanismos de compensación ni sustentos técnico-actuariales, en abierta contradicción con los principios de legalidad, razonabilidad y sostenibilidad financiera del sistema asegurador -Ley 1883-.

En conjunto, las tres normas conforman una secuencia ascendente de inconstitucionalidad:

  1. a)La Ley introduce una ambigüedad material sobre la extensión del diferimiento;
  2. b)El Decreto Supremo, convierte esa ambigüedad en una obligación confiscatoria; y,
  3. c)La Circular impone la ejecución inmediata de esta confiscación, materializando la vulneración.

El resultado es una afectación estructural a los derechos patrimoniales y a la estabilidad del mercado asegurador, incompatible con los arts. 13, 56, 109.II, 123, 306, 308 y 410.II de la CPE; la potestad legislativa está sometida al principio de razonabilidad, que exige que las normas sean coherentes con el fin que persiguen y no generen daños superiores a los beneficios esperados, en el ámbito del seguro, este deber es aún más estricto, pues cualquier alteración del equilibrio actuarial compromete la viabilidad de las coberturas y, con ello, la protección de millones de asegurados.

El bloque normativo impugnado, desconoce esta exigencia constitucional, al imponer la suspensión del pago de primas y, simultáneamente, obligar a mantener vigentes las coberturas sin contraprestación, crea un desequilibrio técnico insostenible, sin sustento actuarial, económico o jurídico, no existe razonabilidad en la imposición de una carga que sacrifica la solvencia del asegurador sin generar un beneficio real para el asegurado, pues el monto de la prima constituye apenas una fracción ínfima en comparación con la cuota o amortización del préstamo.

Aunque la Ley pretende establecer una medida excepcional de alivio, la inclusión de las primas de seguro en el diferimiento no guarda relación con esa finalidad, el valor de la prima es mínimo frente al supuesto beneficio buscado, y su suspensión no genera un alivio económico significativo para el asegurado; por el contrario, priva al asegurado de la contraprestación indispensable para sostener las coberturas, debilita los mecanismos de protección de los propios asegurados y compromete la continuidad de la mutualidad que permite atender siniestros, de ese modo, la interposición de la acción se encuentra plenamente justificada porque el bloque normativo impugnado carece de razonabilidad, distorsiona los principios técnicos del seguro, rompe la mutualidad, genera daño económico directo y cuantificable y expone al mercado asegurador a un riesgo sistémico incompatible con la Norma Suprema.

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