Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0199/2026-RCA Sucre, 18 de mayo de 2026
Expediente: 81163-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 01/2026 de 26 de enero, cursante de fs. 210 a 211 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Isaac Ayllón Ramos contra Edgar José Cortez Albornoz, Presidente; Gonzalo René Alcoba Romero y Víctor Chura Patzi, ambos, Vocales permanentes; Jorge Joel Sologuren Andrade y Javier López Chipata, ambos, Vocales Suplentes, todos miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana; Grover Heredia Ordoñez, Presidente; Limbert Leandro Coca Gómez, Vocal Permanente y Mario Checa Mamani, Vocal Suplente todos miembros del Tribunal Disciplinario Policial Departamental de Potosí.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 20 de enero de 2026, cursante de fs. 170 a 194 vta., el accionante manifestó que, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra se emitió la Resolución Administrativa (RA) 019/2024 de 15 de abril, que lo sancionó con su retiro temporal de dos años de la institución, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes; por cuanto, interpuso recurso de apelación, que mereció la Resolución 349/2025 de 17 de junio, emitida por del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, que declaró improbado el recurso de apelación; contra la referida determinación, interpuso acción de amparo constitucional, que por Resolución 5 de 26 de septiembre de 2025, le concedió la tutela solicitada disponiendo la nulidad de la RA 019/2024 y de la Resolución 349/2025, disponiéndose que se señale nueva audiencia, en las instancias correspondientes y se valore las pruebas; ahora bien, en cumplimiento a la citada Resolución, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -ahora demandado- emitió la RA 704/2025-A de 14 de octubre, e incumpliendo la Resolución 5 de 26 de septiembre de 2025, nuevamente, declaró improbado el recurso de apelación, y una vez analizado el contenido de lo cuestionado, en lo concerniente a la aplicación de la correcta tipificación de la falta grave establecida por el art. 13.18 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, su conducta se subsumió al señalado artículo ya sea por acción directa u omisión, lo que denotó que el mencionado Tribunal incurrió en ausencia de fundamentación jurídica y motivación, al no brindar explicación en el marco del agravio postulado, pues, se limitó a ratificar lo decidido en la RA 019/2024, en base a la transcripción de artículos de la citada Ley, para seguir sosteniendo la sanción de retiro temporal de dos años de la institución con perdida en la antigüedad y goce de haberes. El Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -ahora demandado-, tenía la obligación de cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 5, para absolver el reclamo del agravio principal, que fue identificado como agravio tercero, en la cual se denunció la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de valoración razonable de la prueba en razón de la RA 019/2024; sin embargo, no existe razonamiento lógico jurídico para que el indicado Tribunal haya establecido que alguno de los testigos y pruebas documentales hubieran podido demostrar objetivamente la comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 13.18 de la LRDPB; asimismo, con relación al cuarto agravio, donde denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, en el entendido de que en la Resolución 019/2024, no existió motivación ni fundamentación de alguna prueba con relación a su persona, en consecuencia, la nueva Resolución 704/2025-A, ratifica lo señalado en la RA 349/2025, y el supuesto carácter vinculante de la Resolución 5; advirtiendo que, esa la nueva resolución emitida por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -ahora impugnada-, no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, conforme a la esencia de la relevancia constitucional y otros fundamentos que fueron precisados en la Resolución 5, los cuales no fueron cumplidos.
I.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
El impetrante considera lesionados sus derechos al debido proceso, en sus elementos de juez natural y competente; valoración razonable de la prueba, a la fundamentación y a la motivación; y, a los principios de inmediación, taxatividad, tipicidad; citando al efecto los arts. el art. 115, 116.I, y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 25 y 26 de la Declaración Americana de Derechos Humanos (DADH); 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Mostrando 9 de 44 parrafos.