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TCP

0199/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
26 de febrero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0199/2026-S1

Proceso
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Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0199/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 79600-2025-160-AAC Departamento: Pando

En revisión la Resolución AAC 125/2025 de 28 de noviembre, cursante de fs. 208 a 210 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por MM en representación sin mandato de la menor de edad AA contra Milena Hurtado Apinayé, Antonio Humberto Fagalde Revilla y Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La menor de edad AA accionante a través de su representante sin mandato MM, por memoriales presentados el 19 y 25 de noviembre de 2025, cursantes de fs. 160 a 187 y 190 a 192, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de protección seguido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Cobija del departamento de Pando (DNA) a instancia de la menor de edad BB contra MM -madre de la accionante menor de edad AA-, por la presunta infracción de violencia en el sistema educativo entre no pares previsto y sancionado por el art. 151.I incs. b) y c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); radicado en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Pando, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 9035546; debido a, un audio enviado por equivocación en un grupo de WhatsApp de padres de familia; y, con base únicamente en afirmaciones unilaterales, declaraciones subjetivas de los progenitores de la menor de edad BB, apreciaciones sin sustento técnico psicológico, mucho menos comprobar mínimamente el hecho denunciado que se contradijo con el examen en Cámara Gessel y sin pericias psicológicas, se dictó la Sentencia de 24 de abril de 2025, sancionándola con multa de un salario mínimo nacional e imponiéndole medidas de protección; por lo cual, planteó recurso de apelación restringida contra la citada Sentencia, causando la emisión del Auto de Vista de 21 de mayo de 2025 por los Vocales hoy accionados, quienes "legalizaron" los errores cometidos por la Jueza de primera instancia.

Contra el Auto de Vista de 21 de mayo de 2025, MM presentó una primera acción de amparo constitucional, cuya tutela fue concedida a través de la Resolución 058/2025 de 25 de junio, ordenando se emita un nuevo Auto, dando lugar al Auto de Vista 004/25 de 4 de julio de 2025, pronunciado por los Vocales hoy accionados; quienes no solo volvieron a confirmar la Sentencia, sino que modificaron el fondo de la decisión jurisdiccional recurrida, agravando de oficio la sanción impuesta, sin considerar los siguientes aspectos:

  1. a)No consideró que, si un Tribunal de alzada advierte la necesidad de agravar una pena o modificar sustancialmente la decisión, debió anular obrados y ordenar a la Jueza de primera instancia que emita nueva resolución y no reemplazarla por un nuevo fallo de fondo, constituyendo una decisión contraria a lo dispuesto por los arts. 213 y 265 del Código Procesal Civil (CPC), referente a los principios de legalidad procesal y prohibición de reforma en perjuicio -aplicable por supletoriedad-;
  2. b)Determinaron imponer una multa de cuatro salarios mínimos invocando elementos subjetivos como la falta de arrepentimiento o riesgo de contacto con menores de edad, sin respaldo probatorio, excediendo lo pedido por las partes, lo que confirma el carácter ultra petita de ese Auto de Vista; así como, al disponer la suspensión del ejercicio profesional por un año, justificando la misma en fines preventivos, sanción que tampoco fue requerida en los términos en que fue impuesta; por lo que, actuaron sin competencia funcional; así también, la obligaron a someterse a tratamiento psicológico especializado, agravando su situación procesal y ampliando su alcance más allá de las pretensiones de las partes y lo actuado por la Jueza de la causa, configurando un ejercicio arbitrario de sus funciones;
  3. c)Existió doble sanción sobre los mismos hechos y conducta; puesto que, se instauró un primer proceso administrativo que concluyó con la Resolución del Tribunal Interno Disciplinario 001/2025 de 20 de marzo de la Unidad Educativa Evangélica Privada "AMERINST", sancionándola con la rescisión de su contrato laboral -despido-, por falta muy grave prevista por el art. 87.22 del Reglamento Interno de la citada Unidad Educativa; y, en sede judicial por violencia en el sistema educativo tipificada en el art. 151.I incs. b) y c) de CNNA, lo que vulneró el principio non bis in ídem establecido por la ; y, d) Fue agravada su situación al imponerse sanciones desproporcionadas e incompatibles con los estándares del debido proceso, omitiendo valorar adecuadamente la prueba presentada y validar las actuaciones irregulares realizadas durante el proceso judicial, vulnerando la legalidad y razonabilidad, provocándole un daño psicológico, emocional y económico corroborado por informes psicológicos, que concluyeron como la causa directa el proceso irregular, la sanción impuesta y el efecto laboral del mismo, con afectación colateral de su hija menor de edad AA de quien se debía resguardar el interés superior, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 59 y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la jurisprudencia constitucional.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de sus derechos al interés superior del menor, a la familia y a la convivencia familiar, a la salud, a la integración física y psicológica, a vivir libre de violencia institucional, al trabajo, a la seguridad y estabilidad económica, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de prueba; así como, los principios de legalidad, seguridad jurídica y pro actione, citando al efecto los arts. 15, 35, 46, 59, 60, 62, 64, 117, 119, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.4 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga:

  1. 1)Declarar la nulidad absoluta del Auto de Vista 004/25 de 4 de julio de 2025 y de la Sentencia de 24 de abril de 2025, debiendo los Vocales ahora accionados emitir un nuevo fallo que ordene la nulidad de obrados hasta la admisión de la denuncia presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Cobija del Departamento de Pando; y, se subsanen los abusos de poder cometidos, se respete el debido proceso y garantice la prevalencia del interés superior de la menor de edad AA;
  2. 2)Se ordene la cesación inmediata de los efectos jurídicos del citado Auto de Vista, regularizando el procedimiento y adoptando todas las medidas de protección necesarias previstas por los arts. 146 y 147 del CNNA, debiendo emitirse conminatoria a los Vocales hoy accionados con el objeto de cumplir de manera inmediata, objetiva, eficaz y obligatoria las disposiciones asumidas en la resolución constitucional que se emita; y,
  3. 3)Determinar la responsabilidad civil en favor de la "niña afectada", con fijación del monto indemnizable por los actos ilegales y arbitrarios cometidos por los Vocales hoy accionados; así como la responsabilidad penal si correspondiese por el daño producido ante la comisión de actos vulneratorios y pago de costas judiciales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

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