Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0199/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 50880-2022-102-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 168/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 480 a 497 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fernando Dips Zogbi en representación de la Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz Responsabilidad Limitada (COTEL R.L.) contra José Antonio Revilla Martínez, Esteban Miranda Terán, Olvis Egüez Oliva, Marco Ernesto Jaimes Molina, Ricardo Torres Echalar, Juan Carlos Berrios Albizu, Edwin Aguayo Arando, María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 31 de diciembre de 2021 y 8 de marzo de 2022, cursantes de fs. 86 a 107; y, 131 a 133 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
COTEL R.L. instauró proceso contencioso administrativo contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda -ahora tercero interesado-, tramitado en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a inicios del 2012. El proceso concluyó inicialmente con la Sentencia 620/2015 de 10 de diciembre, que declaró probada en parte la demanda y prescrita la multa impuesta por la gestión 2002. Posteriormente, la entidad demandada -hoy tercero interesado- presentó acción de amparo constitucional contra la referida sentencia, el cual mereció la Resolución 345/2016 de 10 de junio, que dispone se emita una nueva resolución razonablemente motivada, con la aclaración de que la misma solo debe circunscribirse a la fundamentación, sin modificar el fondo; en consecuencia, las autoridades emitieron la Sentencia 446/2016 de 27 de septiembre, que nuevamente declaró prescrita la multa impuesta por la gestión 2002.
Posteriormente, en revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional, dictó la , que confirmó en todo la Resolución 345/2016; es así que, transcurrido más de un año desde que se emitió la Sentencia 446/2016, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, acudió ante el Juez de garantías y solicitó se disponga la suspensión de la ejecución de dicho fallo, sin presentar denuncia de incumplimiento, emitiéndose el Auto de 30 de agosto de 2017, que declaró el cumplimiento de la con la emisión de la Sentencia 446/2016.
Añadió que, de manera irregular se emitió el Auto Constitucional Plurinacional (ACP) 0069/2017-O de 8 de diciembre, producto de una irregular queja por incumplimiento, que fue declarada ha lugar, estableciendo que no se cumplió la , misma que al ser posterior a la Sentencia 446/2016, no ser declarado su incumplimiento; extremo que resultó vulneratorio a la seguridad jurídica; trámite con el que tampoco fueron notificados; empero, a pesar de ello, el Tribunal Supremo de Justicia, procedió a emitir la Sentencia 196/2018 de 30 de octubre, a pesar de las diferentes denuncias presentadas por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, dado que hasta enero de 2020, no se tenía conocimiento de dicho fallo; por lo que, se hubiesen introducido datos ajenos a la realidad; razón por la que, presentó denuncia de sobrecumplimiento y cumplimiento tardío, cuya resolución les fue notificada el 23 de agosto de 2021, fecha desde la que se debe computar el plazo para la presentación de la acción de amparo constitucional; tampoco existe identidad de sujeto, objeto, ni causa, entre la presente y la anterior acción de amparo constitucional, puesto que no se está impugnando ni pidiendo nuevo pronunciamiento en relación a las Resoluciones 345/2016, la y el .
El acto lesivo de la presente acción tutelar, lo constituye la Sentencia 196/2018, que fue emitida en contradicción a la Sentencias 620/2015 y 446/2016, proferidas con anterioridad dentro del mismo proceso; introduciendo hechos y consideraciones nuevas que jamás fueron objeto de controversia dentro del proceso contencioso administrativo y menos en la vía constitucional, no habiendo tomado en cuenta el Tribunal Supremo de Justicia que sus fallos constituyen precedentes jurisprudenciales, que deben ser observados; máxime si fueron emitidos en el mismo proceso; por lo que, el cambio de línea jurisprudencial, sin efectuar ninguna motivación que la justifique, constituye incongruencia y violación al debido proceso, puesto que los demandados se encuentran en la obligación de observar sus propios fallos.
En el presente caso, la Ley de Procedimiento Administrativo estaba vigente a tiempo del procesamiento de la multa que inicio el 2005, habiendo sido tramitado dicho proceso sancionatorio observando la referida ley; empero, las autoridades demandadas negaron la aplicación de dicha norma, sin tener en cuenta que, en el marco de lo previsto en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), debe aplicarse la norma más favorable; en tal virtud, se debió fallarse en base a lo dispuesto por el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), tomando en cuenta el carácter sustantivo de la prescripción; consecuentemente, al no haberse aplicado dicho precepto, se produjo la vulneración a los derechos constitucionales de su Cooperativa; cuando, por el contrario, en respeto de sus derechos, en el caso de autos, debió aplicarse la jurisprudencia desplegada por el Tribunal Supremo de Justicia respecto a la aplicación del art. 79 de la LPA sobre el art. 39 del Decreto Supremo (DS) 25950 de 20 de octubre de 2000 -Reglamento de Sanciones y Procedimientos Especiales por Infracciones al Marco Jurídico Regulatorio-, conforme se razonó en las Sentencias 620/2015 y 446/2016.
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