Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0200/2019-RCA Sucre, 12 de julio de 2019
Expediente 29620-2019-60-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 10 de junio de 2019, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Antonio Maldonado Pereira contra Raúl Javier Lazcano Murillo, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 3 de junio de 2019, cursante de fs. 20 a 26 vta., el accionante alega que dentro de la denuncia penal interpuesta por Sandro Luis Vela Zambrana en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de extorsión y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, el Fiscal de Materia ahora demandado presentó informe de inicio de investigación el 11 de febrero de igual año, pero ante el incumplimiento de plazos procesales, la autoridad judicial que asumió el conocimiento de la causa exhortó al nombrado a que cumpla con ellos.
No obstante, ante la persistente inobservancia de dichos plazos por parte del señalado funcionario público, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba, que lo conmine para que emita la correspondiente resolución, petición que fue concedida -por providencia de 18 de marzo de 2019-, pero aquel ignoró la competencia y facultades de la autoridad judicial, la ley y los derechos fundamentales de su persona, por consiguiente, requirió que nuevamente se conmine a la autoridad fiscal hoy demandada, notificándose no solo a este sino también al Fiscal Departamental de Cochabamba -con decreto de 15 de mayo del mimo año-, para que en un término no mayor a cinco días hábiles a partir de su notificación, presenten la resolución que corresponda; conminatoria que fue inobservada por ambos "...repitiéndose la misma conductas en reiteradas oportunidades" (sic).
En ese sentido, los arts. 300 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP), obligan a los fiscales de materia a cumplir los plazos procesales, caso contrario, ello implicaría retardación de justicia; de esa manera, el hecho que la autoridad fiscal hoy demandada ignore de manera reiterada las constantes conminatorias de la Jueza de la causa, lo deja en estado de indefensión vulnerando sus derechos constitucionales, no existiendo recurso alguno ante la negativa de cumplimiento de una conminatoria, por no estar comprendido por el art. 403 del referido Código, por lo que agotadas las vías para acudir a un control jurisdiccional que no resulta eficaz, acude al amparo constitucional que tiene como características la sumariedad e inmediatez en la protección, máxime si en un caso similar la , determinó que: "...el director funcional de la investigación, no actuó conforme a derecho, desconociendo el art. 225 de la Constitución (...); situación que conlleva que éste Tribunal conceda la tutela; aclarando que la normativa vigente en materia penal, sobre la presente problemática, no establece otra medida procesal que el Juez pueda ejercer u optar -a no ser la conminatoria- para hacer cumplir el plazo de duración de la fase preliminar, pues existe un vacío legal al respecto...".
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
Estima lesionados sus derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable sin dilaciones, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la "seguridad jurídica"; citando al efecto los arts. 8.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I.3. Petitorio
Solicita que se conceda la tutela impetrada y se disponga:
- a)Ordenar el restablecimiento de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados;
- b)Conminar al Fiscal de Materia demandado a emitir y notificar en el día la resolución que corresponda en el caso signado con el Código FIS-Cbba 1900373, interno A-10, con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 30179923; y,
- c)Dejar sin efecto los actos de investigación ordenados a partir de la primera conminatoria de la Jueza de la causa; y, los actos procesales de investigación pendientes desde el 11 de mayo de 2019.
I.4. Resolución de la Sala Constitucional
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