Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0200/2019-S4 Sucre, 9 de mayo de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 26083-2018-53-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución SCCI 012/2018 de 23 de octubre, cursante de fs. 129 a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alberta Barrón de Saavedra contra Ángela Sánchez Panoso y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados y subsanado el 2 y 8 de octubre de 2018, cursantes de fs. 59 a 68; y, 71 a 73 vta., la accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Inicialmente demandó la nulidad del Título Ejecutorial PCM-NAL-006021 de 21 de noviembre de 2013, ante el Tribunal Agroambiental, bajo los siguientes presupuestos:
- a)Por actas de conciliación de 18 y 19 de julio de 2012, demostró que fue partícipe de audiencias de conciliación juntamente con los miembros de la comunidad Loma Grande, respecto al predio "Salón Comunal", al considerar que ambas partes tenían derecho propietario sobre el mismo; actas que denotaban que el área mencionaba se encontraba en conflicto, a raíz de ello, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), declaró a ese sector como área en conflicto;
- b)Por otro lado, acusó la nulidad del título referido, por infracción a la ley aplicable; es decir, por no haber aplicado el tipo de saneamiento correspondiente a un predio que se encontraba en conflicto, como era el caso;
- c)Habiendo participado en las audiencias de conciliación referidas anteriormente, correspondía que el INRA ordene su notificación con la mensura y encuesta catastral, para poder concurrir a los trabajos de campo y así tener la oportunidad de hacer valer su derecho propietario, más aún, si esa área fue declarada en conflicto;
- d)Planteó incompetencia en razón de la jerarquía, pues el predio "Salón Comunal" fue titulado mediante Resolución Suprema, entonces no podía distribuirse mediante una Resolución Administrativa como es la que emitió el INRA en favor de la comunidad Loma Grande, lo que conllevaba a una nulidad por violación a las formas esenciales del proceso de saneamiento; y,
- e)De igual forma, se requirió nulidad por infracción a las normas esenciales del proceso de saneamiento; toda vez que, siendo el predio "Salón Comunal" catalogado como área en conflicto, mediante resolución emitida por el INRA, fue saneado como si no hubiera existido conflicto, lo cual provocó que su persona no participe del saneamiento, los cuales constituyeron en motivos suficientes para declarar la nulidad del Título Ejecutorial PCM-NAL-006021 de 21 de noviembre de 2013, por adecuarse a lo establecido en el art. 50.I.1.c y 2.a y c "sin señalar la norma correspondiente".
Con estos antecedentes, la Sala Primera de dicha institución, emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 007/2018 de 27 de marzo, que ilegalmente declaró improbada su pretensión, manteniendo subsistente el título supra nombrado, determinación que lesionó sus derechos constitucionales por los siguientes motivos:
- 1)En cuanto a su derecho al debido proceso en su vertiente valoración de la prueba; toda vez que, las autoridades demandadas, no consideraron las actas de conciliación que se arrimaron a la demanda principal, mismas que demostraban que el predio "Salón Comunal" se encontraba en conflicto, lo que correspondía ante la existencia del conflicto en el área, era que el INRA aplique el procedimiento establecido en el art. 272 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, en resguardo del derecho propietario signado en los arts. 56, 393 y 394.II de la Constitución Política del Estado (CPE). A más de lo mencionado, añadió que igualmente se lesionó el mismo derecho pero en sus componentes de motivación y fundamentación, debido a que las mismas autoridades no plasmaron las razones jurídicas basadas en derecho por las cuales decidieron no valorar las pruebas precedentemente señaladas, constituyendo una decisión arbitraria, debido a que se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad al convalidar el incumplimiento del art. 272 del DS referido. Finalmente, señaló que este derecho también fue lesionado en su vertiente congruencia, misma que se reflejó al no haberse fundamentado, respecto a cuáles eran las razones jurídicas por las que no correspondía su notificación personal para que pueda ser partícipe de los trabajos de campo así como con la resolución final del saneamiento; esta última, pese a existir un reclamo opuesto por su parte, de esta manera, concluyó que el no haber existido pronunciamiento a dichos aspectos, provoco la emisión de una sentencia incongruente entre lo reclamado y lo resuelto;
- 2)De igual forma, alegó que se lesionó su derecho a la defensa, pues para emitir el Título ejecutorial en favor de la comunidad Loma Grande, se utilizaron maniobras maliciosas, como ser la falta de notificación a su persona, para evitar que haga valer sus derechos en la etapa de trabajos de campo del saneamiento en el predio "Salón Comunal"; del mismo modo, a momento de negarle su notificación con la resolución final del mismo, pese a que solicitó expresamente dicha diligencia, estos hechos la pusieron en total estado de indefensión, más aun cuando el predio fue catalogado como área en conflicto, constituyendo aspectos sobre los cuales las autoridades demandadas no hicieron pronunciamiento alguno;
- 3)Señaló que se transgredió el derecho a la propiedad privada, como consecuencia del apartamiento de los marcos legales en la valoración de la prueba y la poca relevancia a la verdad material frente al formalismo ritual, lo que llevó a declarar improbada la demanda y por ende, a no tener la posibilidad cierta y real de conocer las razones de por qué perdió su propiedad privada agraria; y,
- 4)Finalmente sostuvo que las ahora demandadas se resisten a hacer cumplir el mandato establecido en el art. 50 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 18 de octubre de 1996, sin haber fundamentado el por qué no era necesario que el INRA aplique dicho precepto legal a momento de ejecutar el proceso de saneamiento.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes, valoración de la prueba, motivación, fundamentación y congruencia, a la defensa y a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 56.I, 115, 117, 119 de la CPE; 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y se disponga que se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 007/2018, al establecer que las autoridades demandadas no evaluaron integralmente los medios de prueba, consistentes en las actas de conciliación; además, no existe su notificación, para participar de la mensura y encuesta catastral del predio "Salón Comunal", al igual que con la Resolución Final de Saneamiento; y, finalmente, que el predio fue titulado sin haber cumplido las formas esenciales para el saneamiento de áreas en conflicto, debiendo emitirse una nueva resolución, que restituya los derechos constitucionales denunciados como lesionados.
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