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TCP

0200/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de abril de 2026
Resumen del caso

Auto 0200/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0200/2026-CA Sucre, 20 de abril de 2026

Expediente: 78821-2025-158-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz

La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Alejandro Jorge Reyes Careaga, Diputado Titular por el departamento de La Paz demandando la inconstitucionalidad de la Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos Otorgados para Vivienda de Interés Social y Créditos a las Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña Ley 1670 de 5 de noviembre de 2025-, por ser presuntamente contrario a los arts. 9, 14.II, 41.1, 47.1, 56, 115, 119, 123, 178, 180, 306.III, 308, 311.II.5, 315, 316, 330, 331 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN

I.1. Argumentos jurídicos de la acción

Por memorial presentado el 11 de noviembre de 2025, cursante de fs. 7 a 19 vta., el accionante señala que, la Ley 1670 establece un régimen jurídico excepcional y temporal de suspensión de exigibilidad judicial y de diferimiento de pagos aplicable a créditos de vivienda de interés social y a créditos otorgados a utilidades económicas de tamaño micro y pequeña, con vigencia uniforme de seis meses a partir de su publicación.

La estructura normativa de la Ley 1670 configura un régimen excepcional, autoaplicativo, de efecto inmediato y general, que altera directamente la exigibilidad de obligaciones contractuales válidamente constituidas y paraliza la eficacia de resoluciones judiciales firmes, afectando situaciones jurídicas consolidadas, interrumpiendo la continuidad de relaciones patrimoniales previamente perfeccionadas y produciendo retroactividad material prohibida, adicionalmente la referida Ley introduce un tratamiento selectivo y diferenciado, únicamente para prestatarios de vivienda de interés social y para unidades económicas de tamaño micro y pequeña, excluyendo a sujetos con obligaciones equivalentes sin criterio técnico objetivo, generando discriminación normativa y afectación directa al principio de igualdad; en consecuencia, su contenido genera impacto inmediato sobre la seguridad jurídica, previsibilidad normativa, estabilidad financiera y sobre el derecho patrimonial de acreedores y depositantes, activando el control constitucional abstracto por vulneración directa al orden constitucional sustantivo.

Continúa señalando que la Ley impugnada genera efectos materiales gravemente lesivos para el sistema financiero y para la economía nacional, entre los cuales se destacan los siguientes:

  1. a)Afectación directa a la liquidez bancaria.- La suspensión generalizada de pago por seis meses paraliza flujos de caja del sistema bancario por aproximadamente dos mil trescientos millones de dólares estadounidenses en recuperaciones crediticias, privando al sistema financiero del principal insumo operativo que permite la rotación del crédito, lo que impacta de manera inmediata en la reinserción de liquidez, lo cual frena la actividad económica y obstaculiza la reactivación productiva;
  2. b)Riesgo en la devolución de ahorros del público.- La abrupta interrupción en la recuperación de cartera compromete la liquidez sistemática destinada a la devolución de depósitos, generando riesgo de desconfianza bancaria y exponiendo al sistema a potenciales episodios de retiro masivo (corrida bancaria) de consecuencias irreversibles;
  3. c)Parálisis del crédito.- Más de un millón doscientas mil operaciones de créditos que representan un saldo de cartera aproximado de catorce mil doscientos millones de dólares estadounidenses quedarían automáticamente en diferimiento, impidiendo dar continuidad al financiamiento de hogares, nuevos emprendimientos, microempresas y sectores productivos que requieren flujo de capital precisamente en los periodos de mayor actividad económica (noviembre 2025-abril 2026);
  4. d)Destrucción de cadena de pagos.- La interrupción de flujos financieros genera efectos multiplicadores recesivos que degradan inversión, empleo y consumo, con Impacto directo en el orden macroeconómico nacional;
  5. e)Deterioro patrimonial.- A los aproximadamente ochocientos millones de dólares estadounidenses aún diferidos desde la pandemia, se agregan dos mil trescientos millones de dólares estadounidenses adicionales derivados del diferimiento de la Ley impugnada, saturando los balances bancarios de activos improductivos y deteriorando la solvencia estructural del sistema; y,
  6. f)Riesgo político e institucional. Adoptar una medida de esa magnitud en sesión de clausura legislativa implica una interferencia política institucionalmente riesgosa pues condiciona la política económica del gobierno entrante sin legitimidad temporal y sin soporte técnico verificable.

La Ley 1670 no supera el test de adecuación ni proporcionalidad mínima, no está respaldada por ningún estudio técnico que demuestre necesidad estructural, no presenta evidencia técnica oficial que justifique la suspensión de obligaciones financieras para vivienda de interés social y el costo económico que impone al sistema financiero nacional es absolutamente desproporcionado respecto del supuesto beneficio temporal que persigue, ello configura una vulneración directa y manifiesta al principio de razonabilidad constitucionalmente exigible.

Asimismo, la referida Ley afecta los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el art. 9 de la CPE, por cuanto al ser aprobada en la última sesión de clausura y concebida como imposición normativa hacia el próximo gobierno, altera súbitamente el régimen jurídico de obligaciones financieras vigentes, genera incertidumbre objetiva e inmediata y afecta la previsibilidad del sistema normativo, vulnerando la seguridad jurídica de los actores económicos y del público en general.

Alega también que la Ley 1670 lesiona el principio de legalidad establecido en el art. 331 de la Norma Suprema que exige que la intermediación financiera se ejerza conforme a la ley (que incluye la ejecución de las obligaciones) y atenta contra la estabilidad protegida por el art. 330 de la CPE que ordena al Estado regular el sistema para protegerlo, no para paralizarlo. Dicha paralización general del cobro y de la ejecución de sentencias no supera ese estándar constitucional, no acredita idoneidad macroeconómica, no es necesaria frente a alternativas menos lesivas y resulta desproporcionada por el costo sistemático que expone a la economía a un daño estructural, lesionando además la sostenibilidad de la gestión pública determinada en el art. 316 de la CPE.

Asimismo, la seguridad jurídica consagrada como principio por el art. 178.1 de la CPE, -en materia económica exige previsibilidad y estabilidad de reglas aplicables a relaciones patrimoniales en curso, la Ley impugnada actúa materialmente sobre contratos válidos, vulnerando el principio de irretroactividad garantizado por el art. 123 de la Ley Fundamental, neutraliza la cosa juzgada ejecutiva y altera el contenido económico de obligaciones vigentes sin transición, sin compensación ni parametrización técnica, este quiebre destruye la confianza legítima en el marco regulatorio financiero, encarece el costo del dinero y deteriora la viabilidad de proyectos productivos, afectando el interés público que el art. 331 de la CPE, ordena proteger.

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