Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0200/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 79670-2025-160-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 175/2024 de 15 de julio, cursante de fs. 1963 a 1971 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por PP en representación de su hija menor de edad AA contra William Eduard Alave Laura, ex Fiscal Departamental de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memorial presentado el 10 de mayo de 2024, cursante de fs. 1910 a 1923 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de su persona, contra NN -ahora tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), iniciado el 11 de noviembre de 2021, mediante querella que fue aprobada por la Unidad de Análisis del Ministerio Público, comunicando el inicio de investigación el 12 del mismo mes y año, al Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; posteriormente, amplió la denuncia junto a su madre quien se adhirió a la querella el 11 del indicado mes y año.
Realizados los actos investigativos y concluida la etapa preliminar, la Fiscal de Materia asignada al caso mediante resolución conclusiva de Imputación Formal 14/2022 de 22 de marzo, imputó formalmente a la hoy tercera interesada por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica.
Posteriormente, el 20 de junio de 2022, solicitó la ampliación de la investigación a la Fiscal de Materia, señalando a su hija menor de edad AA como víctima, por sufrir agresiones físicas por parte de su madre -hoy tercera interesada-, esa solicitud fue admitida por el Fiscal de Materia mediante decreto de 22 del mismo mes y año; dicha ampliación de investigación, fue puesta en conocimiento del Juez de control jurisdiccional; en esa línea, el 16 de septiembre del referido año, la Fiscal de Materia presentó ampliación de Imputación Formal A.R.C.A. 27/2022 de 16 de septiembre, imputando formalmente a la nombrada por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, presuntamente cometido contra su hija, menor de tres años de edad -víctima-.
Posteriormente, en atención al Auto de Conminatoria 066/2022 -siendo lo correcto 2023- de 7 de febrero, emitido por el Juez de la causa, la Fiscal de Materia emitió la Resolución de Sobreseimiento 04/2023 de 15 de febrero, estableciendo que los elementos de prueba acumulados serían insuficientes para fundar una acusación contra la ahora tercera interesada.
Por otra parte, mediante memorial de 16 de febrero de 2023, el accionante solicitó al Juez de la causa, la corrección de procedimiento, argumentando que no correspondía la emisión del Auto de Conminatoria 066/2023; ya que, se emitió dos meses antes de que concluya la etapa preparatoria; por lo que, en respuesta el referido Juez, mediante Auto de 22 del mismo mes y año, en lo principal estableció que "...se corrige procedimiento y se deja sin efecto el auto de conminatoria 066/2023 de 07 de febrero de 2023, disponiendo que se continúe con la etapa preparatoria en la presente causa" (sic [fs. 1521 vta.]).
Asimismo, al ser notificado el 22 de febrero de 2023, con la Resolución de Sobreseimiento 04/2023, dentro del plazo previsto por el art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), mediante memorial de 2 -siendo lo correcto 1- de marzo del mismo año, formuló impugnación del sobreseimiento, estableciendo los siguientes agravios:
- a)Se estableció la errónea valoración de la prueba, debido a que la Fiscal de Materia omitió deliberadamente considerar seis de las diez pruebas ofrecidas al momento de emitir esa Resolución de Sobreseimiento, restando valor probatorio al Informe Psicológico con Cite: GAMLP/SMDS/DDM/UDIF/PAIF/DNA7/044/2021 de 29 de diciembre, a la transcripción de la valoración psicológica de 25 de enero de 2022, realizada en Cámara Gesell a la menor de edad AA y al Informe Psicológico Preliminar Cite: SMEDS/DDM/UDIF-PAIF 7/DNA/PSI- JCCG/ 34/2022 de 22 de marzo, bajo el argumento de que no era posible obtener detalles claros del hecho investigado, ya que la menor no manifestó palabras claras y no tiene precisión sobre el hecho en tiempo y espacio; a pesar de que, los informes mencionados establecen expresamente que la menor "se deja entender", lo cual genera agravio a la víctima. Asimismo, respecto a las demás pruebas recolectadas, la Fiscal de Materia hizo una simple mención sin efectuar una valoración de cada una de las pruebas, omitiendo además considerar otros elementos de prueba incorporados en la investigación;
- b)Denunció la errónea aplicación de la ley, sosteniendo que la referida Fiscal no aplicó los estándares de protección reforzada para mujeres víctimas de violencia en razón de género, ni los estándares de protección reforzada para menores víctimas de violencia, desconociendo el principio del interés superior de la niña, niño o adolescente al momento de emitir la mencionada Resolución de Sobreseimiento, favoreciendo indebidamente a la hoy tercera interesada;
- c)La citada Resolución de Sobreseimiento se emitió antes del término de la etapa preparatoria, a pesar de que existían actos pendientes de investigación con dos meses de anticipación incumpliendo los plazos procesales y la finalidad de la etapa preparatoria; y,
- d)Se Denunció la negativa reiterada de la Fiscal de Materia para continuar con las diligencias investigativas pendientes y aquellas propuestas por su persona, a pesar de la emisión del Auto de 22 de febrero de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que dispuso la continuidad de la etapa preparatoria y dejó sin efecto el Auto de Conminatoria 066/2023, que dio lugar a la emisión del sobreseimiento.
La impugnación formulada contra el sobreseimiento fue respondida por la Fiscal de Materia, mediante decreto de 3 de mayo de 2023, y en aplicación del art. 324 del CPP, dispuso la remisión de antecedentes al Fiscal Departamental ahora accionado para que resuelva la referida impugnación.
De igual modo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en uso de sus atribuciones, conforme al art. 324 del CPP planteó impugnación contra la Resolución de Sobreseimiento 04/2023, mediante memorial de 9 de marzo de 2023, argumentando que la prueba no fue correctamente valorada; puesto que, si bien los informes psicológicos señalaron que la menor de edad AA no contaba con un vocabulario amplio, sino que fue poco fluido para su edad; empero, se hizo entender cuando refirió de manera clara que recibió un golpe en la cara; no obstante, la Fiscal de Materia dedujo que el hecho no existió, sin considerar el maltrato infantil y la situación de vulnerabilidad de la víctima frente a su agresora -progenitora y ahora tercera interesada-. Esa impugnación fue recibida por la Fiscal de Materia, emitiendo el decreto de 10 de igual mes y año, disponiendo la remisión de antecedentes al Fiscal Departamental hoy accionado.
Posteriormente, el Fiscal Departamental ahora accionado emitió el decreto de 3 de mayo de 2023, observando la existencia de dos Resoluciones de Imputación Formal -14/2022 y A.R.C.A. 27/2022- contra la hoy tercera interesada y solicitó al Fiscal de Materia, informar los motivos jurídicos de la nueva imputación o en su caso, si existe algún incidente que hubiese dejado sin efecto la Resolución de Imputación Formal 14/2022, disponiendo la devolución de obrados para subsanar lo observado en el pazo de tres días.
La Fiscal de Materia, mediante Informe de 5 de julio de 2023, mencionó que cursa Resolución de Imputación Formal 14/2022, contra la ahora tercera interesada, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP; y, posterior ampliación de Resolución de Imputación Formal A.R.C.A. 27/2022, por la presunta comisión del mismo delito, mediante el cual, se consignó como víctima de la menor de edad AA, aclarando que no existe incidente de nulidad contra la referida Imputación Formal.
El Informe de 5 de julio de 2023, remitido ante el Fiscal Departamental hoy accionado, mediante decreto de igual fecha, dispuso que carece de competencia para emitir una decisión jerárquica sobre el Auto de 22 de febrero de ese año, emitido por el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que dispuso se continúe con la etapa preparatoria dejando sin efecto el Auto de Conminatoria 066/2023, que provocó la emisión de la Resolución de Sobreseimiento 04/2023, estableciendo que no corresponde ingresar a resolver el memorial de impugnación formulado por su persona.
Posteriormente, propuso en reiteradas oportunidades diligencias dentro de la investigación; sin embargo, la Fiscal de Materia negó sus solicitudes señalando que en antecedentes cursa la Resolución de Sobreseimiento 04/2023. Ante su negativa, por memorial de 21 de agosto de 2023, solicitó al Juez de la causa la emisión de un oficio dirigido al Fiscal Departamental ahora accionado solicitando informe sobre los alcances de la observación realizada mediante decreto de 5 de julio de ese año, relacionado al señalado sobreseimiento. En respuesta, mediante memorial de 7 de septiembre del mismo año, informó que al dejarse sin efecto el Auto de Conminatoria 066/2023, disponiendo la continuidad de la etapa preparatoria, se dejaron sin efecto los actuados provenientes de su cumplimiento; por lo que, la nombrada Resolución de Sobreseimiento, carecía de validez jurídica, razón por la cual no se cumpliría con el presupuesto objetivo de la impugnación, que permitiera emitir decisión jerárquica conforme al art. 324 del CPP.
Después de todo lo obrado, el Fiscal Departamental ahora accionado emitió la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023 de 28 de septiembre, resolviendo la impugnación de la Resolución de Sobreseimiento 04/2023, bajo los siguientes fundamentos:
- 1)De la valoración de los elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigación respecto a los hechos sucedidos el 15 de octubre de 2019, 25 de junio de 2021 y 9 de agosto de igual año, se concluyó que no existe una relación fáctica clara que permita establecer tiempo, modo y lugar; y que, durante la investigación surgieron actuaciones que se contraponen a la sindicación de su persona, destacando que el Certificado Médico Forense IDIF/MEDFOR/LPZ-6396/2021 de 26 de junio, que otorgó tres días de incapacidad, restaría certeza a la versión del hecho ocurrido el 25 de junio de 2021; asimismo, no se demostraron con elementos documentales o indiciarios las agresiones físicas de 15 de octubre de 2019 y 16 de diciembre de 2020, ni se evidenciaron agresiones físicas o psicológicas en el desdoblamiento del Disco Compacto (CD) maca "PRINCO" de 26 de octubre de 2021, presentado como prueba; de igual manera, respecto al Informe Psicológico Forense de 10 de enero de 2022, practicado a su persona, si bien se identifica sintomatología depresiva y ansiosa, se concluye que no existen indicios que acrediten violencia psicológica sistemática o habitual, ni se demostró el grado de vulnerabilidad requerido para la configuración del tipo penal, conforme a la línea jurisprudencial establecida en la ;
- 2)En cuanto a la menor de edad AA víctima de violencia y los hechos de 9 de agosto de 2021, se tiene que de los elementos de prueba, como la entrevista en Cámara Gesell, su transcripción del formato magnético, el Informe Psicológico Preliminar con Cite: SMEDS/DDM/UDIF-PAIF 7/DNA/PSI-JCCG/ 34/2022, que no establece certeza sobre la participación de la ahora tercera interesada; ya que, el Informe Psicológico Preliminar con Cite: GAMLP/SMDS/DDM/UDIF/PAIF/DNA7/ 044/2021, y del Informe Social de 3 de octubre, de la menor de edad AA concluyó que no se logró verificar la afectación psicológica y corporal en la menor; por lo que, al no contar con suficientes elementos materiales de convicción, resulta inviable emitir una resolución distinta;
- 3)En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación, fundamentación errónea y ausencia de valoración probatoria, sostuvo que, aunque la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023, es breve, resulta coherente y precisa, evidenciando la aplicación de la sana crítica y que en aplicación del principio de objetividad, fundamentó de manera concreta y adecuada en cumplimiento del art. 73 del CPP; y,
- 4)Determina dejar sin efecto el decreto de 5 de julio de 2023, emitido por la Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal, disponiendo ingresar al análisis de fondo de la impugnación planteada contra la Resolución de Sobreseimiento 04/2023. Por todo lo expuesto, concluyó que los elementos de convicción acumulados en la etapa preliminar y preparatoria son insuficientes para establecer la adecuación de la conducta de la ahora tercera interesada al delito investigado; por lo que, ratificó la mencionada Resolución de Sobreseimiento, disponiendo la conclusión del proceso, la cesación de medidas cautelares y la cancelación de antecedentes policiales con relación al presente proceso. La Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023, fue notificada el 10 de noviembre de 2023.
Ahora bien, su persona sostiene que la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023, emitida por el Fiscal Departamental ahora accionando:
- i)Vulneró sus derechos a la impugnación y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, señalando que el ordenamiento constitucional y legal reconoce una protección reforzada a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, particularmente el derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia, criterios que deben guiar todas las decisiones adoptadas por autoridades judiciales o administrativas tomando en cuenta su desarrollo integral priorizando el interés superior de la niña, niño y adolescente. En ese marco, menciona que el referido Fiscal Departamental no dio una correcta protección reforzada a los derechos de su hija menor de edad AA; puesto que, incurrió en contradicciones al reconocer la existencia de un informe psicológico en el que la niña manifestó ser agredida físicamente por su madre, la ahora hoy interesada; empero, posteriormente refierió que no existe elemento de prueba para acreditar la agresión física, lo cual es infundado; puesto que, la declaración de un menor goza de presunción de verdad conforme el art. 193 del Código Niña Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-. Al respecto, su persona argumentó que lo manifestado fue cuestionado y señalado como agravio al formular la impugnación al sobreseimiento; sin embargo, no fue considerado ni resuelto por el Fiscal Departamental hoy accionado lo cual vulnera el debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; ya que, no explicó los motivos por los que algunas consideraciones tuvieron más peso que los derechos y el interés superior de la niña, niño y adolescente; asimismo, no explicó por qué no se otorgó mayor valor a la declaración de la menor plasmada en la valoración psicológica frente a otros actuados investigativos, los cuales no desvirtúan la declaración de la menor de edad. En ese entendido, concluyó que en el cuaderno de investigación no existían elementos documentales que permitan demostrar la afectación a la integridad física de la menor de edad AA, exigiendo implícitamente un certificado médico que acredite la agresión física, razonamiento que vulnera el interés superior de la niña, niño y adolescente y desconoce estándares internacionales de protección a menores de edad. En ese sentido, señala que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que la falta de evidencia médica no desvirtúa ni reduce la credibilidad de la declaración de la víctima, especialmente cuando se trata de menores de edad; puesto que, no todos los hechos de violencia generan lesiones físicas verificables mediante exámenes médicos. Por ello, sostiene que tanto la Fiscal de Materia como el Fiscal Departamental ahora accionado omitieron considerar y valorar adecuadamente la declaración de la menor de edad AA; en ese sentido, la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023, carece de una ponderación reforzada con relación al interés superior de la niña, niño y adolescente, lo que evidencia una falta de fundamentación. Asimismo, vulneró el debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; puesto que, no realizó ninguna ponderación ni priorización del interés superior de la niña, a pesar de que la víctima es una menor de edad de tres años. También, señala que dicho Fiscal Departamental omitió considerar y aplicar la normativa de la Ley 548, que en su art. 1 establece la aplicación preferente y obligatoria de esa Ley para la protección de los derechos de los menores, limitándose únicamente a aplicar la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esa omisión desconoce el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente previsto por el art. 9 de la citada Ley, afectando el principio de legalidad y por consiguiente carece de fundamentación de la decisión por aplicar la mencionada Ley y no así la ley especial para menores; y,
- ii)Incurrió en una decisión incongruente con relación a lo pedido y lo resuelto, al emitir una decisión ultra petita y como consecuencia dejar sin efecto el decreto de 5 de julio de 2023, a pesar de que ninguna de las partes procesales solicitó dicha determinación; ya que, esa actuación excede el ámbito de lo impugnado y se realizó sin fundamentar la norma que habilitaría anular un decreto emitido por otra autoridad, lo que constituye una vulneración al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la impugnación y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como el derecho de las niñas, niños y adolescentes a no ser víctimas de ninguna forma de violencia; citando al efecto los arts. 13.II, 17, 58, 60, 61, 77.I y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:
- a)Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023 de 28 de septiembre, emitida por el Fiscal Departamental ahora accionado; y,
- b)Ordenar la emisión de una nueva resolución jerárquica, debidamente fundamentada, congruente, y dando una valoración correcta a los elementos de prueba, conforme a las normas nacionales e internacionales con relación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 15 de julio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 1954 a 1962 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:
- 1)La presente acción tutelar se dirige contra la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023 de 28 de septiembre, emitida por el Fiscal Departamental ahora accionado; al respecto, el proceso penal se inició con una querella por violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, que dio lugar a la primera Resolución de Imputación Formal 14/2022, contra la hoy tercera interesada, y posteriormente, a la ampliación de Resolución de Imputación Formal A.R.C.A. 27/2022, referida a la violencia familiar o doméstica cometida por la nombrada por agresión física cometida contra su hija menor de edad AA, que en dicho momento tenía dos años de edad; en ese entendido, después de presentada la ampliación, el plazo de la etapa preparatoria debía computarse nuevamente desde su notificación conforme a los arts. 130 y 134 del CPP; sin embargo, apenas dos meses después de la notificación con la indicada ampliación de imputación, la Fiscal de Materia emitió el requerimiento conclusivo -Resolución de Sobreseimiento 04/2023-, sin agotar la investigación ni permitir la producción de mayores elementos de prueba; ya que, en la citada Resolución de Sobreseimiento señaló que el accionante no demostró tener vulnerabilidad; por lo que, no se encontraría dentro del ámbito de protección de la Ley 348; y, con relación a las lesiones sufridas por la menor de edad AA, mencionó que no existe un elemento de convicción para fundar una acusación;
- 2)Tanto el accionante como la DNA impugnaron el sobreseimiento y el Fiscal Departamental ahora accionado inicialmente se declaró incompetente para resolver la impugnación, en virtud del Auto de 22 de febrero de 2023, emitido por el Juez de la causa, que dejó sin efecto el Auto de Conminatoria 066/2023, y ordenó la continuación de la etapa preparatoria. A pesar de ello, posteriormente se emitió la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023, resolviendo el fondo del asunto;
- 3)Con relación a la menor de edad AA, el accionante denunció la vulneración de sus derechos constitucionales, previstos por los arts. 14, 23, 60, 115 y 232 de la CPE, especialmente el interés superior de la niña, niño o adolescente y el acceso a la justicia; señala que, la citada Resolución Jerárquica desestimó indebidamente la declaración de la menor de edad AA en Cámara Gesell, en la que identificó a su madre como autora de las agresiones físicas sufridas, así como el Informe Psicológico Preliminar con Cite: SMEDS/DDM/UDIF-PAIF 7/DNA/PSI-JCCG 34/2022 y fotografías que evidenciaron las agresiones de la niña menor de edad, víctima, y que su madre solía golpearla para vengarse de su padre y ese es un acto identificado; sin embargo, el Fiscal Departamental hoy accionado exigió mayores elementos de convicción, desconociendo la presunción de veracidad prevista por el art. 193 inc. c) del CNNA que dispone que el testimonio de un menor se presume como cierto mientras no exista prueba en contrario; asimismo, exige que los golpes físicos, debían tener una afectación psíquica en la menor, señalando que, si el golpe no generó afectación psíquica por consiguiente no se cometió el delito; y,
- 4)Se vulneraron también al debido proceso en su elemento de fundamentación, el derecho a recurrir, acceso a la justicia y el principio pro actione, al responder de manera expresa a todos los agravios planteados en la impugnación del sobreseimiento; por ello, solicita se conceda la tutela, se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023, y se ordene la emisión de una nueva resolución jerárquica que respete la determinación previa de continuar la etapa preparatoria o, en su caso, que resuelva el fondo aplicando correctamente la normativa de protección reforzada de la niñez.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada
William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe presentado el 3 de julio de 2024 cursante de fs. 1932 a 1937 vta., manifestó que:
- i)No existió vulneración al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia al emitirse la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023; ya que, se valoró integralmente todos los elementos de convicción colectados en la investigación, incluida la valoración psicológica de la menor de edad AA, desarrollando su análisis en el apartado "II.3 Análisis del Caso Concreto", donde se describió el tipo penal investigado, los antecedentes fácticos y cada uno de los medios probatorios aportados, respecto al accionante como a la menor de edad AA; sin embargo, no se advirtió el grado de vulnerabilidad que tendría el nombrado como posible víctima de violencia familiar o doméstica, para la configuración del delito conforme a la Ley 348 y la línea jurisprudencial contenida en la , que exige demostrar vulnerabilidad incluso tratándose de varones; ya que, las disposiciones de la citada Ley se amplían a toda persona en situación de vulnerabilidad, independientemente de su género; por cuanto, la violencia reprochada en dicha Ley, si bien tiene como sujeto de protección a la mujer, por la violencia y la discriminación estructural que existe contra ella; sin embargo, también puede extenderse a varones, en los casos en los cuáles éste sea víctima de violencia en razón de género; efectivamente, la violencia en razón de género, no solo debe ser entendida como aquella ejercida contra las mujeres, sino contra todos quienes se aparten de los roles y estereotipos asignados a hombres y mujeres; en consecuencia, si un varón no "cumple" con dichos roles que social, histórica y culturalmente se les asignó -proveedores, jefes de familia, etc.-, y a consecuencia de dicho incumplimiento es sometido a violencia por parte de su entorno, indudablemente también será víctima de violencia en razón de género; por lo tanto, debe ser protegido por la Ley 348; en ese contexto, no se evidenció que el accionante, de cincuenta años, padezca condición alguna que lo sitúe en desventaja o subordinación en razón de género; por lo que, no correspondía aplicar el régimen especial de protección;
- ii)Respecto a la menor de edad AA, se valoraron la entrevista en Cámara Gesell y los informes psicológicos y sociales, concluyendo que, debido a su etapa de desarrollo cognitivo y del lenguaje, al momento de la descripción del hecho, no se pudo establecer con precisión de modo, tiempo y lugar de la comisión de los hechos investigados; asimismo, si bien su testimonio se presume cierto conforme al art. 193 inc. c) del CNNA, es necesario contar con otros elementos de convicción para sustentar una acusación en juicio oral, público y contradictorio; asimismo, no se evidenció afectación psíquica y los informes sociales que reflejan un conflicto de guarda entre los progenitores de la menor de edad AA, lo que llevó a considerar la insuficiencia de elementos de convicción a efectos de establecer la relación de causalidad entre la probable conducta desplegada por la ahora tercera interesada, en el hecho querellado por el accionante;
- iii)La Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023, cumple los estándares jurisprudenciales sobre fundamentación, motivación y congruencia desarrollados, entre otras, en la , y la , al contener exposición clara de hechos, descripción individualizada de pruebas, valoración motivada y nexo causal entre los antecedentes y la decisión asumida; en consecuencia, considera que no se acreditó algún agravio constitucional y pide se deniegue la tutela solicitada;
- iv)Respecto a la supuesta vulneración del interés superior de la niña menor de edad AA, citó la señalando que, toda decisión que involucre a niñas, niños y adolescentes debe estar fundamentada y justificada, extremo que se cumplió en la resolución jerárquica cuestionada; ya que, el Ministerio Público no cuenta con algún elemento o medio documental indiciario que permita inferir la probable y necesaria demostración de aquella afectación a la integridad corporal de la niña menor de edad AA; de igual manera, se advirtió que la niña se encuentra estable emocionalmente; no obstante, existiría un conflicto entre los progenitores por la guarda de la menor de edad AA, y que producto de ello aparentemente estaría siendo utilizada en el conflicto de sus progenitores; y,
- v)Solicita que en audiencia no se admitan ampliaciones o modificaciones de la demanda, conforme a la SC "348/2011-R", por resguardo del derecho a la defensa y al debido proceso; por todo lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada.
I.2.3. Intervención de la tercera interesada
NN, a través de su abogado, en audiencia manifestó que:
- a)La Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023, que ratificó la Resolución de Sobreseimiento 04/2023, fue emitida después de la revisión ponderada de todos los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación; en ese entendido, el Fiscal Departamental ahora accionado explicó de manera clara cómo llegó a su decisión de confirmar la mencionada Resolución de Sobreseimiento, valorando no solo el informe psicológico preliminar, sino que realizó el contraste de dicho informe con otros informes psicológicos y sociales practicados a la niña menor de edad AA, los cuales concluyeron que la nombrada se encuentra estable emocionalmente; en ese entendido, no podía asumirse como suficiente un único elemento de prueba indiciario para sustentar la acusación por las supuestas agresiones cometidas por su persona;
- b)Los hechos denunciados son desde del 10 de agosto de 2021 y la denuncia fue presentada aproximadamente un año después, restando la credibilidad de la acusación; asimismo, en cuanto a la emisión anticipada del sobreseimiento, se tiene que el art. 134 del CPP establece un plazo máximo de seis meses para la etapa preparatoria, sin impedir que el Fiscal de Materia emita un requerimiento conclusivo antes del vencimiento de dicha etapa procesal; ya que, se trata de un plazo máximo; más aún, si en la investigación se obtuvieron elementos probatorios suficientes para demostrar la inexistencia del hecho o la inocencia de su persona;
- c)Las fotografías presentadas por el accionante, fueron obtenidas unilateralmente y no fueron valoradas por parte del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) ni autorizadas por el Juez Público en Materia Familiar Noveno de la Capital del departamento de La Paz, quien incluso llamó la atención al accionante por su presentación; ya que, las fotos tienen demasiado tiempo; asimismo, cuando se hicieron públicas las supuestas agresiones, la menor de edad AA se encontraba bajo la guarda del padre -accionante- y no de su persona -madre-, y que la denuncia surgió como represalia a una denuncia previa por violencia psicológica presentada por su persona contra el accionante;
- d)Existen informes psicológicos y sociales que constituyen prueba en contrario frente a la presunción de veracidad del testimonio de la niña menor de edad AA; por lo que, no puede atribuirse responsabilidad penal con base en un único relato; y,
- e)El Juez de la causa no tenía atribuciones para anular o ratificar una resolución de sobreseimiento, y que el Fiscal Departamental hoy accionado, tras revisar exhaustivamente el cuaderno de investigación, emitió una resolución debidamente fundamentada y motivada, aplicando también la línea jurisprudencial establecida en la , respecto a la acreditación de vulnerabilidad en casos donde el denunciante es varón bajo la protección de la Ley 348; por todo lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada con imposición de costas y costos.
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 175/2024 de 15 de julio, cursante de fs. 1963 a 1971 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023 de 28 de septiembre, disponiendo la emisión de una nueva resolución jerárquica en el plazo de tres días hábiles, computables a partir de la emisión de la nueva resolución, bajo los siguientes fundamentos:
- 1)El accionante identificó claramente la referida Resolución Jerárquica, emitida por el Fiscal Departamental hoy accionado, como el acto procesal que vulneró sus derechos;
- 2)Aunque el Ministerio Público no ejerce función jurisdiccional, sus actos como las imputaciones, acusaciones, sobreseimientos o rechazos están vinculados al ámbito jurisdiccional y deben observar el principio de armonía y orden de los actos procesales; ese principio, se encuentra relacionado con la congruencia en su dimensión dinámica, que exige que los actos procesales se condicionen entre sí en el tiempo y mantengan coherencia interna, externa, condicionando a sí misma y la dinámica que es condición de todos los actos procesales, evitando contradicciones o desorden que afecten la regularidad del procedimiento;
- 3)En ese marco, se advierte que ninguna autoridad jurisdiccional, administrativa o del Ministerio Público puede volver sobre actos previamente resueltos desconociendo sus propios actos; puesto que, ello genera un proceso accidentado y altera el curso natural que debería conducir a una situación jurídica clara; en ese sentido, el control de la investigación corresponde a la autoridad judicial, quien tiene el deber de conminar al Ministerio Público cuando advierta el vencimiento de plazos, y en su caso, corregir errores procesales, en resguardo de la legalidad;
- 4)Bajo ese entendimiento, se observa que el Fiscal Departamental ahora accionado inicialmente consideró que la Resolución de Sobreseimiento 04/2023, se encontraba pendiente por Auto de Conminatoria 066/2023; sin embargo, no se comprende cómo ante la simple resistencia del Fiscal de Materia, el referido Fiscal Departamental emitió la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S 622/2023, sin justificar adecuadamente su habilitación, a pesar de la suspensión que el mismo emitió mediante decreto o requerimiento fiscal, para después asumir competencia y resolver el recurso jerárquico; esa inconsistencia formal, constituye la primera observación respecto a la actuación cuestionada;
- 5)No obstante, se advierte que dejar sin efecto la mencionada Resolución Jerárquica por la deficiencia formal identificada, podría generar un amparo aparente, es decir, una decisión sin relevancia constitucional que no modifica sustancialmente la situación jurídica de las partes; ya que, se emitiría la señalada Resolución Jerárquica con las mismas consecuencias. Por ello, establece la necesidad de analizar el caso desde la perspectiva de género y una evaluación multisectorial de las decisiones adoptadas por el Fiscal Departamental ahora accionado, con la finalidad de determinar si existen afectaciones sustantivas que justifiquen la tutela constitucional;
- 6)El caso debe analizarse bajo una perspectiva de género y con un enfoque interseccional, dado que involucra a una menor de edad; no obstante, esa condición no convierte automáticamente a la niña, a la mujer o a cualquier persona en un sujeto procesal especial que altere la igualdad de las partes dentro del proceso; puesto que, el mérito del mismo radica precisamente en la igualdad procesal; en ese entendido, la perspectiva de género y el enfoque interseccional deben reflejarse en la actitud de quien investiga y de quien decide, especialmente en situaciones de alta sensibilidad;
- 7)En ese contexto, no se entiende por qué el Fiscal de Materia dispuso el sobreseimiento por supuesta falta de elementos de prueba, cuando el único elemento considerado central fue la declaración de la niña menor de edad AA; por ello, es contradictorio sostener que la declaración no es suficiente, reconociendo al mismo tiempo que podían existir otros medios probatorios; al respecto, bajo el enfoque de la debida diligencia reforzada en casos de violencia, el Fiscal de Materia es quien tiene la carga de impulsar y producir todos los medios de prueba necesarios, ya sea para descartar el hecho o para sustentar una acusación;
- 8)La omisión de la debida diligencia trasciende el interés de las partes, afecta el orden público y la correcta administración de justicia; en ese entendido, Bolivia fue cuestionada internacionalmente por falta de debida diligencia en la investigación de posibles delitos; por lo que, no resulta constitucionalmente válido cerrar una investigación con el argumento de insuficiencia probatoria cuando no se agotaron todas las diligencias investigativas pertinentes dentro de las competencias del Ministerio Público; y,
- 9)En consecuencia, concluye que mientras el Fiscal de Materia no agote plenamente el diligenciamiento de los elementos de prueba, la decisión de emitir el sobreseimiento, que fue confirmada en jerarquía, no supera un test mínimo de verificación constitucional respecto a la tutela de derechos y garantías.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa; por consiguiente, el presente fallo constitucional es emitido dentro de plazo.
Asimismo por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados a la Comisión de Admisión de este Tribunal, entre los que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causa; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro de término legal establecido.
II. CONCLUSIONES
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa memorial presentado el de 22 de marzo de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por el cual el Fiscal de Materia, imputó formalmente a NN -ahora tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP (fs. 1201 a 1202 vta.).
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