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TCP

0200/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0200/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0200/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 51471-2022-103-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 0147/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 336 a 340, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Marcelo Galarza Torrelio contra José Manuel Gutiérrez Velásquez e Iván Sandoval Fuentes, Vocales de las Salas Penales Segunda y Primera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de octubre de 2022, cursante a fs. 1 y 283 a 296, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Zimar Bastian Campos Fernández en representación legal de la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (FANCESA S.A.) -tercero interesado- por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, el 12 de julio de 2021, interpuso incidente de nulidad de imputación formal, donde cuestionó la validez de la imputación formal emitida el 11 de junio de 2021, alegando deficiencias en su fundamentación fáctica, jurídica y probatoria.

El 16 de agosto de 2021, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca resolvió el incidente mediante Auto Interlocutorio 10/21, declarando infundada la nulidad solicitada. En la misma audiencia, fue notificado oralmente con dicha resolución y, de manera inmediata, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue oportunamente concedido.

El recurso fue remitido y resuelto por José Manuel Gutiérrez Velasco e Iván Sandoval Fuentes, Vocales de las Salas Penales Segunda y Primera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy demandados-, quienes emitieron el Auto de Vista 166/2022 de 19 de abril. En dicha resolución, las autoridades demandadas declararon admisible el recurso; sin embargo, rechazaron en el fondo todos los motivos de apelación, confirmando la decisión de primera instancia, confirmando, en consecuencia, la decisión del Juez a quo.

Al respecto, las autoridades demandadas, al pronunciar el Auto de Vista 166/2022, incurrieron en arbitrariedad e irrazonabilidad, puesto que, interpretaron erróneamente los arts. 279 y 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP) respecto al rol del juez de instrucción penal, al afirmar que el control judicial sobre la imputación formal debía limitarse a una verificación meramente formal, excluyendo cualquier análisis sobre la razonabilidad de los elementos de convicción, ya que dicha interpretación contradice el modelo constitucional de proceso penal, que reconoce al juez como garante de los derechos fundamentales y le impone el deber de ejercer un control de legalidad, racionalidad y proporcionalidad sobre los actos del Ministerio Público; en ese sentido, se desconoció el contenido esencial del debido proceso y del derecho a la defensa, en su dimensión de derecho a conocer con claridad los hechos imputados, su calificación jurídica y los elementos de convicción que los sustentan; y, con base en ello, convalidaron una imputación formal carente de fundamentación fáctica y probatoria suficiente, al considerar válida una simple enumeración genérica de elementos de convicción, sin exigir su individualización ni su vinculación concreta con cada uno de los hechos atribuidos y con la participación específica de su persona; omisión que vulnera las exigencias mínimas previstas en la normativa procesal penal, que impone al Ministerio Público el deber de exponer de manera clara, precisa y circunstanciada los hechos, así como de justificar razonablemente la probabilidad de autoría; en ese marco, se ignoró que la imputación formal no puede sustentarse en afirmaciones genéricas ni en la sola acumulación de actuados investigativos, sino que debe permitir al imputado comprender, sin ambigüedades, el nexo entre los hechos investigados, la norma penal aplicable y los elementos de convicción existentes.

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