Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0201/2019-RCA Sucre, 12 de julio de 2019
Expediente: 29096-2019-59-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Beni
En revisión la Resolución 42/2019 de 6 de mayo, cursante de fs. 274 a 278 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Angélica Tórrez Sosa y Gregorio Condori Gonzáles contra Roberto Ismael Nacif Suárez, Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Beni.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 3 de mayo de 2019, cursante de fs. 267 a 272, los accionantes refieren que, dentro del fenecido proceso coactivo de cobro de dinero en préstamo seguido por el Banco Pyme Ecofuturo Sociedad Anónima (S.A.), pagaron parte de la deuda con la venta de uno de los dos inmuebles que tenian, recibiendo en su totalidad el monto del dinero de la venta; posteriormente, a tiempo de querer regularizar los pagos impositivos de su único bien inmueble se apersonaron ante la Unidad Impositiva del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni, donde se enteraron que éste ya no se encontraba registrado a sus nombres, más al contrario, estaba a nombre de la indicada Entidad Bancaria en mérito a un documento de adjudicación judicial; y en consecuencia, no existía deuda pendiente.
Alegan que, el proceso judicial desde su inicio estuvo estático; una vez pronunciada la Sentencia 19/13 de 7 de agosto de 2013 y notificada a las partes el 18 de diciembre de ese año, y el 2 de enero de 2014; posteriormente, se emitió el Auto Definitivo "...10/16 Liq..." (sic) de 6 de julio de 2016, disponiendo la extinción del proceso por inactividad de la Entidad demandante; un año después, el 7 de febrero de 2017, la misma pidió el desarchivo de obrados, cuando el referido Auto ya se encontraba ejecutoriado e interpusieron incidente de nulidad procesal solicitando la anulación del Auto de extinción del proceso y su respectiva notificación; con dicho incidente, se les corrió traslado notificándoseles en Secretaría del entonces Juzgado de Partido en lo Civil y Comercial -hoy Juzgado Público Civil y Comercial- Primero del departamento de Beni, el 11 de abril de ese año. La autoridad judicial demandada mediante Auto Interlocutorio 118/2017-NCPC de 20 de abril, dejó sin efecto la extinción del proceso, notificándoles nuevamente en su Secretaría; es así que, sin su conocimiento, el proceso se hubiere reiniciado y todas las notificaciones desde esa fecha se las realizaron en la citada Secretaría; de esta manera, el Banco acreedor realizó los trámites necesarios para la subasta del inmueble hasta adjudicarse, a este efecto, se emitió el Auto Interlocutorio 396/2017-NCPC de 10 de octubre, por el cual, ésta se adjudicó el inmueble, aprobándose el remate y disponiéndose se extienda la minuta correspondiente.
El 25 de junio de 2018, presentaron incidente de nulidad de obrados, argumentando que:
- a)La notificación con la aludida Sentencia coactiva, fue realizada el 2 de enero de 2014, cuando el año judicial no se había iniciado; arrogándose el Oficial de Diligencias facultades que aún no se le otorgaron;
- b)Se pidió la nulidad de los actos procesales posteriores a la emisión de la Sentencia, dado que, no se declaró expresamente la ejecutoria de la misma; y,
- c)Las notificaciones realizadas en Secretaría del Juzgado del proceso se encontraba extinguido y ejecutoriado. Con este incidente se notificó al indicado Banco el 4 de julio de 2018; empero, ante la falta de resolución y habiendo transcurrido un mes sin que el Juez demandado se pronuncie, el 10 de agosto de igual año, solicitaron se dicte resolución y ese memorial hasta el presente carece de providencia. El Banco Pyme Ecofuturo S.A. contestó el incidente el 14 del mes y año mencionado, y recién el Juez de la causa, de manera diligente y parcializada, lo resolvió mediante Auto Interlocutorio 417/2018 de 15 de agosto, declarándolo improbado; y notificándoles con éste el 20 de ese mes y año, siendo que fue planteado dos meses antes.
Agregan que, el referido Banco a momento de responder el citado incidente adjuntó un "...Acta de Entrega de Bien Inmueble..." (sic) de 10 de agosto de 2018, en el cual, se les otorgó el plazo hasta el 25 de noviembre del señalado año, para desocupar el inmueble, poniendo dicho acuerdo fin al litigio; ante lo cual, el Juez demandado perdió competencia para hacer ejecutar el mandamiento de desapoderamiento; empero, continuó ordenando los actos preparatorias para tal efecto.
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