Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0201/2019-S1 Sucre, 7 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 24120-2018-49-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 04/2019 de 13 de febrero, cursante de fs. 304 a 307, dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por María Tancara Melgar contra Juan Orlando Ríos Luna y Roxana Orellana Mercado; y, Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, ex y actuales, Consejeros del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 y 20 de noviembre ambos de 2017 y 25 de enero de 2018, cursantes de fs. 86 a 92; 98; y, 154 y vta., la accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, por la presunta comisión de la falta grave contemplada en el art. 187.12 y 13 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025- en su calidad de Oficial de Diligencias de la Sala del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, fue sancionada con dos meses de suspensión de sus funciones sin goce de haberes, afectando con esta determinación a su diario vivir y subsistencia.
Refiere que, no obstante de haber interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de primera instancia -Sentencia 08/2017 de 1 de marzo- dentro del proceso disciplinario, mediante Resolución SD-AP 321/2017 de 11 de julio, su recurso fue rechazado, sin considerar los argumentos de su impugnación, incurriendo en una grave incongruencia; toda vez que, no se fundamentó ninguno de sus reclamos, limitándose a solo transcribir datos del proceso; según el criterio de los ahora demandados, no se hubiera expresado ningún agravio ni puntualizado la petición; sin embargo, en su apelación, en el acápite de legalidad, expresó todos los principios en los que amparó su recurso.
Alega, la vulneración de sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia y a la verdad material, porque no se le permitió producir su prueba, mediante la cual pudo desvirtuar todo lo aseverado por los informes que no tenían respaldo para ser veraces; evitaron que, agote todos los medios para verificar y llegar a la verdad de los hechos; y, no se consideró su condición de mujer, al no haberla convocado para la confesión provocada, sometiéndola a discriminación únicamente por no tener el rango de juez.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de falta de valoración de la prueba, motivación, fundamentación y congruencia; a la verdad material, a la igualdad, a la "debida defensa" a la presunción de inocencia y a la seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 48, 115.II, 116, 117, 128 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
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