Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0201/2026-CA Sucre, 21 de abril de 2026
Expediente: 80602-2026-162-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Verónica Lafuente Vásquez, Diputada titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad del Decreto Supremo (DS) 5515 de 29 de diciembre de 2025; por ser presuntamente contrario a los arts. 12, 158, 169, 172, 297, 298.I.22, 316.1 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memorial presentado el 8 de enero de 2026 en la Unidad de Coordinación Departamental de La Paz, recibido en este Tribunal el 13 del mismo mes y año, y remitido a Comisión de Admisión el 14 de igual mismo mes y año, cursante de fs. 70 a 78 vta., la accionante señala que el DS 5515 tiene por objeto modificar el DS 4857 de 6 de enero de 2023, referente a la organización del Órgano Ejecutivo, altera los arts. 9 y 10 de la referida norma, e introduce una figura inédita e inconstitucional de "gobierno telemático extraterritorial", estableciendo que el primer mandatario podrá ejercer sus atribuciones constitucionales a través de medios tecnológicos de comunicación cuando se encuentre fuera del territorio nacional; y dispone que en caso de imposibilidad tecnológica, el Presidente dejara instrucciones escritas al Vicepresidente, degradando la figura de la "suplencia constitucional" (art. 169.II de la CPE) a una mera delegación administrativa, donde el Vicepresidente actúa bajo tutela del Ministro de la Presidencia.
El DS 5515 interviene quirúrgicamente los arts. 1, 3, 6, 9 y 10 del DS 4857, para insertar una modalidad de ejercicio del poder (virtual/remoto) que no está contemplada en la Norma Suprema ni es la Ley del Órgano Ejecutivo, modificando de facto la naturaleza de la sede de gobierno y el concepto de territorio nacional como límite de la competencia administrativa.
La promulgación del DS 5515 impacta destructivamente en la operatividad de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, y la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado -Ley 777 de 21 de enero de 2016-, al permitir que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Estado tome decisiones soberanas desde una jurisdicción extranjera, rompiendo la cadena de responsabilidad por la función pública, vulnerando los procedimientos de control gubernamental que exigen certidumbre sobre el lugar, tiempo y forma de los actos administrativos; además, la dualidad creada, paraliza la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social, afectando la gestión pública y el cumplimiento de metas estatales previsto en la Ley 1407 de 9 de noviembre de 2021, PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES.
La inconstitucionalidad del DS 5515 no es meramente formal, sino material y profunda que atenta contra los pilares dogmáticos del Estado, lesionando el principio de jerarquía normativa y de reserva de ley (art. 410 de la CPE), éste último en tanto pretende regular el "ejercicio de atribuciones presidenciales desde el exterior" y la "suplencia del Vicepresidente" (arts. 169 y 172 de la CPE), materias constitucionales y legales no reglamentarias, legislando de facto, invadiendo la competencia privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional (art. 158.I.3 de la CPE); debiendo atenderse la jurisprudencias vinculante de las y -sin establecer fecha-.
El DS 5515 no solo viola leyes, sino que choca frontalmente con la parte orgánica y competencial de la Norma Fundamental, en tanto viola el art. 297 de la CPE al pretender extender la competencia del Órgano Ejecutivo más allá de las fronteras nacionales (extraterritorialidad administrativa). Jurídicamente la competencia de una autoridad cesa o suspende cuando abandona su jurisdicción; al pretender el Presidente seguir ejerciendo competencias administrativas desde territorio extranjero, se vulnera el principio de territorialidad de la competencia, dado que no existe la competencia administrativa "nómada" o "global". Asimismo, infringe el art. 298.I.22, que establece como competencia privativa del nivel central el "Control y administración de las empresas estatales"; competencia crítica para la economía por la fiscalización in situ y toma de decisiones inmediata para las empresas públicas.
Se lesiona el art. 316.I de la CPE, entendiendo que la conducción es un acto de soberanía activo y presencial; mientras el DS 5515 degrada la "conducción" a una supervisión telemática, al impedir que el Vicepresidente asuma la conducción plena ante la ausencia física del Presidente, y pretender que ésta sea a distancia, dejando a la economía nacional sin una dirección efectiva y presente.
El DS 5515 que modifica los arts. 1, 3, 6, 9 y 10 del DS 4857, realiza una mutación constitucional encubierta que desnaturaliza el Órgano Ejecutivo, lesionando los principios de competencia, legalidad y estructura jerárquica.
Solicitud de medida cautelar
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