Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0201/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 79982-2025-160-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC 119/2025 de 5 de diciembre, cursante de fs. 168 a 175 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por el padre PP, en representación del menor de edad AA contra Néstor Vargas Galarza, Rector del Instituto de Formación Artística Academia Nacional de Música "Man Cesped", Vladimir Mamani Veizaga, Subdirector de Educación Superior de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba; y, Liz Laura Maldonado Rojas, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia "Adela Zamudio".
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memorial presentado el 26 de noviembre de 2025, cursante de fs. 18 a 24 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El menor de edad AA, es alumno regular del Instituto de Formación Artística Academia Nacional de Música "Man Cesped"; no obstante, mediante Nota AMC/NE/N/101/2025 de 29 de octubre, el Rector ahora accionado, determinó la modificación de clases presenciales a virtuales, ello en razón a incidentes entre el menor de edad AA y sus compañeros de curso; empero, hasta esa fecha no informó por escrito a los padres cuales serían los incidentes; ya que, solo les comunicaron que existía una denuncia y que el menor de edad AA no retornaría a clases hasta que exista un informe final psicológico emitido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Las clases virtuales nunca pudieron efectivizarse; puesto que, el Rector hoy accionado reconoció que no cuentan con los elementos materiales; asimismo, por las características de la educación musical esta tiene que ser impartida de forma presencial y de manera individual y grupal. Si bien el Estado provee ítems para el funcionamiento del Instituto, pagan un aporte económico esencial para que la educación sea presencial y en las mismas condiciones que los compañeros del menor de edad AA.
En suma, las supuestas clases virtuales se limitaron a grabaciones y envío de videos, así como resolución de exámenes teóricos que a diferencia del resto de sus compañeros recibieron formación teórica práctica, hecho que considera discriminatorio.
El 5 de noviembre de 2025, se presentó ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia "Adela Zamudio", para obtener información sobre la denuncia del menor de edad AA; sin embargo, le indicaron que el caso aún se encontraba en fase de valoración y que no podían otorgarle información. Posteriormente, el 10 dicho mes y año, solicitó al Rector ahora accionado la reincorporación del menor de edad AA a clases presenciales, esta solicitud mereció el Oficio AMC/NE/105/2025 de 11 de noviembre, a través del cual se informó que no se daría curso al retorno a clases presenciales, hasta que no se presente una valoración psicológica actualizada.
En ese sentido, luego de presentar al Rector hoy accionado el informe psicológico de 6 de noviembre de 2025, el cual concluía el sometimiento del menor de edad AA a agresiones y que ello pudo desencadenar a una reacción, mediante Oficio AMC/NE/106/2025 de 17 de ese mes, fue comunicado de la negativa de reincorporación a clases presenciales del menor de edad AA y que el caso habría sido derivado a las instancias pertinentes.
El 12 de noviembre de 2025, presentó una carta a Vladimir Mamani Veizaga, Subdirector de Educación Superior de la Dirección Departamental de Educación del Cochabamba -hoy coaccionado-, adjuntando todos los antecedentes además de un informe psicológico y un informe médico del menor de edad AA; empero, no recibió respuesta ni conocimiento de tal denuncia. Asimismo, "hasta la fecha" -se entiende de interposición de esta acción tutelar- Laura Maldonado Rojas, Responsable de Defensoría de la Niñez y Adolescencia "Adela Zamudio" -ahora coaccionada- no respondió a sus solicitudes verbales, no brindó información correspondiente sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia presentada, como tampoco informó a los otros coaccionados que esa instancia no notifica los informes psicológicos de los menores de edad; por cuanto, no pueden supeditar la reincorporación de clases a dicho informe.
Refiere que la denuncia pone en un limbo jurídico administrativo al menor de edad AA, sin conocer de lo que se le acusa ni poder defenderse, mientras que se le restringe el acceso a clases presenciales en igualdad de condiciones que el resto de los demás estudiantes.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante, denuncia la vulneración de los derechos de su hijo menor de edad AA a la educación, a la defensa, "a ser escuchado", a la igualdad, y "a una respuesta pronta y oportuna"; citando al efecto los arts. 17, 24, 82.I, 91.III, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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