0202/2019-RCA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0202/2019-RCA Sucre, 11 de julio de 2019

Expediente: 29593-2019-60-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 121 de 4 de junio de 2019, cursante a fs. 56 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Luis Cáceres Cruz contra Justo Mamani Tinta y Martha Mayta Quispe.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 3 de junio de 2019, cursante de fs. 51 a 55, el accionante refiere que el 16 de enero 2007, suscribió contrato de anticrético con Carlos Elvis Canaza Flores y Gregoria Challapa Chirilla por $us2 000.- (dos mil dólares estadounidenses), el cual fue ampliado conviniendo aumentar la suma de Bs21 000.- (veintiún mil bolivianos), haciendo un total de Bs35 000.- (treinta y cinco mil bolivianos); sin embargo, a la fecha los contratistas pretenden expulsarlos del inmueble sin devolver el dinero que fue entregado en calidad de anticrético, asumiendo una actitud evasiva.

Agrega que, sin una devolución del dinero del citado anticrético pretenden sacarlo de la vivienda, pues hicieron aparecer un proceso coactivo "secreto" seguido por Justo Mamani Tinta y Martha Mayta Quispe, alegando el primero ser garante para la devolución del dinero y quien les habría convencido de firmar el "...CONTRATO DOBLE DE ALQUILER CONFIRMANDO que el VENIA NEGOCIANDO la COMPRA de la CASA como parte de una deudita que tenía con mi PROPIETARIO con el que FIRME CONTRATO ANTICRÉTICO..." (sic).

Señala que, solicitó la restitución de su dinero con el interés correspondiente, ascendiendo la suma al monto de Bs68 250.- (sesenta y ocho mil doscientos cincuenta bolivianos); sin embargo, el propietario y su esposa, pretenden echarlo de la vivienda, sin haberlo incorporado al secreto proceso coactivo, el cual se tramitó sin el conocimiento de la esposa del propietario, razón por la cual no pueden alcanzarle los efectos de la sentencia, debido a que no dio su consentimiento para subrogar ni fue debidamente notificada, generando de esa forma vicios de nulidad en el indicado proceso, causando indefensión absoluta de la coactivada, situación que de hecho el Juez no puede suplir "...con imponer a ULTRANZA ejecución de DESAPODERAMIENTO de inmueble a AJENOS AL proceso..." (sic); por lo que, solicitan la liberación del 50% de la propiedad de la procesada indicada, ya que el referido proceso fue tramitado únicamente sobre el 50% que le corresponde a Elviz Canaza Flores, proceso dentro del cual tenían la obligación de integrarlos, ello en virtud a su derecho preferente constituido. Manifiesta que, por Auto de Vista 18/19 de 14 de febrero de 2019, "...se dispuso toda vez que recurso de reposición de fecha 08/01/19 de Fs. 130 /a 132 de forma absolutamente por demanda que fue interpuesta con la fundamentación de escrito anterior que CURSABA en EXPEDIENTE que los vocales estaban obligados a analizar y valorar, porque fue planteado CONTRA AUTO de 06/12/2019, que con amplia ESPECTRO FUNDAMENTATIVO, y claro se ratificó ampliamente en su IMPÚGNACIÓN, que dejo al ANTICRESISTA en ABSOLUTO ESTADO de INDEFENSIÓN; sin considerar que en la tramitación del proceso se obvió el cumplimiento de OBLIGACIÓN legal que tiene por ley el SUBROGANTE JUSTO MAMANI TINTA quien en consentimiento del Juez a quo INCONGRUENTEMENTE OMITIO este deber CONSTITUCIONAL y LEGAL y no generar VICIOS de NULIDAD, en todos los incidentes y reposición los AUTOS emitidos por el Juez de la causa son carentes de MOTIVACIÓN y FUNDAMENTACIÓN" (sic).

Solicita que dentro de la presente acción de defensa, se prescinda de la subsidiariedad, ante la evidente amenaza directa de daño irreparable de desapoderamiento y contra el Auto de Vista 18/19, emitido de forma errónea y con normas derogadas, en franca vulneración de sus derechos.

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

Considera lesionados sus derechos a una vivienda digna, al hábitat, al debido proceso, a la defensa, a la "seguridad jurídica", al juez natural, a ser oído en proceso justo, a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, y a la garantía de legalidad procesal; citando al efecto los arts. 13.I y IV, 56.II, 115.II, 117.I, 120.I, 180.I y II, y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE).