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TCP

0202/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de mayo de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Voto Disidente 0202/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 9 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 26939-2018-54-AL Departamento: La Paz Partes: Eliot Christian Fernández Illanes y Carlos Cristian Camacho Terceros en representación sin mandato de Karina Elsye Solis Martínez contra Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de la Capital del departamento de La Paz; Evelín Karen Calderón Yana, Fiscal de Materia; y, José Luis Morales del Castillo, Director del Centro Penitenciario de San Pedro del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada manifiesta su disidencia con la , que confirma la Resolución 20/"2017" (lo correcto es 2018) de 7 de diciembre de 2018, emitida por el Tribunal de garantías; y en consecuencia: deniega la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, con el argumento restrictivo que: la accionante no hubiera acreditado mediante la presentación de pruebas, el peligro a la vida que alega de lesionado en esta acción tutelar.

En todo caso, considero que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, debió fundarse en jurisprudencia constitucional que desarrolla el precedente de tutela inmediata al derecho a la vida en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, en armonía con el estándar nacional e internacional de la debida diligencia en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, para luego ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica; por la relevancia que el mandamiento de libertad de David Eusebio Colque Chuquimia librado sin notificar a la víctima, adquiere con relación al riesgo en el que sitúa a la integridad física y a la vida de la impetrante de tutela.

En consecuencia, la debió REVOCAR dicha Resolución Constitucional; y, en consecuencia: CONCEDER una tutela reparadora con relación a los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; y, una tutela preventiva respecto a sus derechos a la vida e integridad física; conforme a los siguientes fundamentos jurídicos y términos dispositivos: II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la dignidad; así como el peligro en que se encuentra su vida y la de sus hijas; toda vez que, en el proceso penal que sigue contra David Eusebio Colque Chuquimia, por la presunta comisión del delito de abuso sexual y otros, no fue notificada con la orden de libertad que se ejecutó a favor de éste, pese a su condición de víctima; tomando conocimiento de este hecho extraoficialmente, a través de mensajes de intimidación, hostigamiento y amenazas a su vida y a la de sus hijas.

En consecuencia, correspondía en revisión, que la verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; teniendo particularmente en cuenta para el análisis, cuatro temáticas:

  1. a)Tipologías de la acción de libertad;
  2. b)La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante;
  3. c)Sobre la tutela inmediata del derecho a la vida en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación;
  4. d)Sobre la condición de víctima y su participación dentro del proceso penal; y,
  5. e)Análisis del caso concreto.

II.1. Tipologías de la acción de libertad

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la 1 efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la 2 se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -- y efectivizados -- con la mayor celeridad --.

II.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las y , entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.

Posteriormente, a través de las y , se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos:

  1. 1)Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las , , y , entre otras; y,
  2. 2)Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las , y , entre otras.

En el mismo sentido, la 3, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: "...cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos". Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las y .

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

Entendimiento desarrollado también en la . II.3. Sobre la tutela inmediata al derecho a la vida en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación

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