0202/2023-S1

El accionante por intermedio de su abogado, en el desarrollo de la audiencia ratificó el tenor íntegro del memorial de la acción de protección a la privacidad, reiterando sus argumentos, además efectuó las siguientes puntualizaciones:

1. a)Fue parte de la directiva del Sindicato de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz en la gestión 2014 - 2016 y en el año 2017, el ex Ministro de Educación públicamente señaló que había girado a favor de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz la suma de Bs7 042 158.88.- difundiéndose dicha declaración por los medios de comunicación; sin embargo, los dirigentes sindicales de esa época, retrucaron esa declaración, señalando que esos dineros jamás salieron del Ministerio de Educación, motivando el inicio de un proceso penal contra el ex Ministro de Educación Roberto Aguilar, quien para evitar que el juicio penal prospere, hasta presentó un informe indicando que ese dinero jamás salió efectivamente del Ministerio de Educación, porque los cheques no fueron elaborados; a pesar de ello, junto con el ex Viceministro de esa cartera ministerial y un grupo de ex funcionarios, valiéndose del profesor Ismael Cruz Aruquipa, lograron la presentación de una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social sobre la falta de rendición de cuentas de ese dinero y que el mismo fue robado; denuncia que a diferencia de otras similares, prosperó sin fundamento, ni prueba alguna, basándose solo en la palabra de personas serviles, por lo que el 25 de julio de 2017 la referida cartera del Trabajo emitió la primera citación, conminando a la rendición de cuentas y el 20 de noviembre el citado año, expidió una conminatoria para los integrantes del directorio del Sindicato de esa época, a pesar que en todas las notificaciones y conminatoria se demostró que se rindieron cuentas, adjuntando las resoluciones emitidas en los congresos de maestros, que aprobaron la rendición de cuentas reclamada y hasta merecieron inclusive felicitaciones, por rendir cuentas periódicamente;
2. b)El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de manera secreta y maliciosa hizo prosperar las notas de cargo y su conminatoria, reportando a la Contraloría General del Estado la existencia del proceso coactivo civil, instancia que registró como una deuda de recursos del Estado, cuando son fondos privados; no obstante que se demostró haber sido realizada la correspondiente rendición de cuentas y se demostró que el monto por el cual no se hubiera rendido cuentas, nunca fue desembolsado, mantienen el registro;
3. c)A pesar que la acción de protección a la privacidad se puede plantear directamente sin previamente agotar mecanismos ordinarios, plantearon recursos de revocatoria y jerárquico, en los cuales se demostró que se trata de fondos privados y que se cumplió con la rendición de cuentas;
4. d)El 13 de junio de 2018 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, comunicó a la Contraloría General del Estado sobre la acción de recuperación de patrimonio sindical contra los miembros del ex directorio de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, como si fueran deudores o hubiesen recibido dineros del Estado y se les hubiese requerido para que devuelvan, habiéndose efectuado dicho reporte, sin que exista demanda alguna contra los miembros del mencionado directorio, pues si fuese verdadero el proceso judicial, desde la fecha mencionada que reportaron sobre la existencia de un proceso laboral en el Juzgado de Partido del Trabajo y de Seguridad Social Séptimo, ya debía haber concluido y encontrarse con sentencia; sin embargo, no fueron notificados con demanda alguna y en posteriores reportes que enviaron a la Contraloría no volvió a consignarse ninguna otra información del estado del supuesto proceso;
5. e)No se cuestiona que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reporte sus procesos coactivos al ente de control gubernamental, sino que se hubiera reportado una demanda coactiva social de dineros particulares, que no existe, porque de lo contrario debieron demostrar que el proceso laboral ante el Juzgado del Trabajo y Seguridad Séptimo, por lo menos fue notificado a los demandados y desde el año 2017 cuando se les cursó notas de cargo del mencionado Ministerio y los cuatro años posteriores, no se tiene registrada una demanda en su contra; y,
6. f)El formulario del reporte remitido a la Contraloría, no lleva la firma de la máxima autoridad de la Unidad Jurídica ni se identifica quien realizó el reporte, además que se reportó sin que la Contraloría tenga tuición respecto a recursos particulares o privados.

Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través del memorial presentado el 12 de mayo de 2022 por funcionarios de la Unidad Gestión Jurídica de ese Ministerio, cursante de fs. 61 a 63, así como en audiencia, informó lo siguiente:

1. 1)De acuerdo con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 297 de 20 de agosto de 2012, el Ministerio de Trabajo tiene competencia conforme prevé el art. 250 del Código Procesal del Trabajo (CPT), para girar notas de cargo con el objeto de recuperar el patrimonio sindical mediante juicio coactivo, por lo que al ser un proceso judicial esa cartera de Estado, la misma está en la obligación de reportar a la Contraloría el proceso coactivo social que inició contra el accionante y otros, que se encuentra radicado en el Juzgado de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, conforme establece la Resolución CGE/116/2013 de 16 de octubre; la obligación de las entidades del sector público de reportar a la Contraloría General del Estado sobre las acciones y requerimientos de pago, bajo pena de establecerse responsabilidad;
2. 2)Según la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia 1445/2013, el reporte a la contraloría de un proceso no vulnera ningún derecho fundamental, porque conforme a la normativa prevista por el art. 27 inc. d) y g) de la Ley de Atribuciones de la Contraloría General, las entidades públicas se encuentran obligadas a reportar las acciones judiciales y requerimientos de pago;
3. 3)Existe una incongruencia en la solicitud del accionante, que causa incertidumbre para asumir defensa, puesto que señala hechos que no tienen relevancia con relación a la protección de privacidad, limitándose a señalar que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión no tiene competencia para seguir ese proceso, por tratarse, supuestamente, de aportes privados de los afiliados y posteriormente añade que no puede ejercer sus derechos de ciudadanía con referencia a sus asuntos sindicales, y contradictoriamente indica que puede levantar temporalmente el registro, por lo que no se advierte ningún agravio a sus derechos fundamentales; y,
4. 4)El Ministerio de Trabajo tiene plena competencia para recuperar el patrimonio sindical, a través de procesos coactivos sociales, pudiendo girar notas de cargo con ese objeto y en el caso concreto, existe un proceso judicial que se encuentra radicado en el Juzgado de Trabajo y Seguridad Social Séptimo de La Paz, con Nurej 20204104, por lo que correspondía que se reporte dicha acción a la Contraloría General del Estado en su sistema informático CONTROLEG II, en cumplimiento de la Resolución CGE/116/2013, cuyo incumplimiento generaría responsabilidades y conforme manifestó el accionante tiene conocimiento que el proceso está radicado en el mencionado Juzgado, debiendo acudir a esa instancia y no a la justicia constitucional como si fuera una instancia casacional, por lo que al no estar fundamentada la acción de protección a la privacidad debe ser denegada.

Ramiro Ariel Alanoca Mamani, Director General de Asuntos Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, intervino señalando que:

1. i)La Dirección a su cargo tiene funciones específicas, y en cuanto a la rendición de cuentas, existe un procedimiento especial contenido en la Resolución Ministerial 832/2016 que faculta a los trabajadores para presentar una denuncia por falta de rendición de cuentas contra los dirigentes o ex dirigentes sindicales; situación que en su oportunidad se hubiera dado, lo que posiblemente motivó la emisión de la nota de cargo;
2. ii)La Dirección General de Asuntos Sindicales, siguiendo el procedimiento, notifica en tres oportunidades a los denunciados y si no fuese suficiente, se emite una nota de cargo y luego es judicializada a través de un proceso coactivo social, por lo que al ser un caso atendido, al presente no tiene registro de la documentación, pero de acuerdo a lo señalado por el propio accionante, él conoce perfectamente que los antecedentes están en un Juzgado Laboral, por lo que no tiene claro cuál sería la pretensión del impetrante de tutela;
3. iii)En cuanto a los memoriales que refirió el accionante haber presentado, como recursos de revocatoria y jerárquico ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se tiene que en la gestión 2021 recibieron algunas notas que no eran claras, absolutamente imprecisas, pues al tratarse de hipótesis confusas se efectuaron observaciones en el marco de la Ley del Procedimiento Administrativo y cuando se pretendió notificar con el proveído emitido, para que precisen su pretensión en el domicilio procesal señalado en calle Genaro Sanjinés 607, interior alto, el personal que debía cumplir con la diligencia no encontró ningún inmueble con esa numeración, tampoco ubicaron un letrero que señale Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, por lo que con la representación en ese sentido, se procedió a notificar como corresponde, pero los firmantes de las notas nunca hicieron seguimiento, es así que después de esperar un tiempo prudencial se emitió la resolución pertinente, extrañándoles que hubieran presentado un recurso de revocatoria, pero no de la resolución de desistimiento que fue pronunciada, sino sobre un supuesto silencio administrativo, por lo que se les señaló que ya había un pronunciamiento, pero presentaron un recurso jerárquico volviéndose a señalar que ya había pronunciamiento, por lo que se declaró la ejecutoria de la resolución que resolvía el recurso de revocatoria;
4. iv)El accionante cuestionó la validez del Reglamento de la Contraloría, sin embargo, la acción de protección a la privacidad no es la vía para una cuestión de esa naturaleza;
5. v)El cuestionamiento sobre el reporte que efectuó el Ministerio de Trabajo a la Contraloría General del Estado de los procesos coactivos sociales ya se explicó precedentemente que es una obligación de todas las entidades efectuar el reporte de los procesos judiciales que tienen; y,
6. vi)No se observó lo previsto por el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), porque la acción de protección a la privacidad en cuanto a la relación de los hechos no es congruente con lo solicitado, dado que la administración de la base del sistema de datos de CONTROLEG II donde se efectuó el registro cuestionado por la parte accionante, no está a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por lo que, no debió presentarse esta acción de defensa en su contra.

Henry Lucas Ara Pérez en su calidad de Contralor General del Estado, citado como tercero interesado, por intermedio de sus representantes legales, a través del memorial presentado el 12 de mayo de 2022, cursante de fs. 66 a 72 vta., expresaron lo siguiente:

1. a)Revisado el Sistema informático CONTROLEG II, administrado por ese ente de Control Gubernamental, se verificó que se encuentra inscrito el proceso coactivo social que sigue el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por Bs "7042159".-;
2. b)De acuerdo con lo establecido por el art. 213 de la CPE, la Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las cuales el Estado tenga participación o interés económico, con la facultad de determinar indicios de responsabilidad, administrativa, ejecutiva, civil o penal;
3. c)El registro de procesos a cargo de las entidades del Estado, está regulado por el Reglamento para Registro de Acciones Judiciales, Requerimiento de Pago, Procesos Administrativos Internos, Dictámenes de Responsabilidad e Informes de Auditoría aprobado por Resolución GGE/116/2013 de 16 de octubre, que establece la obligatoriedad de todas las entidades del Estado de efectuar el registro de las acciones judiciales a su cargo, conforme dispone el art. 27 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, que no discrimina ni excluye el registro de procesos en el que intervengan particulares o no tenga participación el Estado y de acuerdo con lo previsto en el art. 12 del citado Reglamento, detalla la información a ser registrable en el Sistema CONTROLEG II y en su art. 15 determina los procesos que no serán registrados, entre los que no se encuentran los procesos coactivos sociales, por lo que en el caso objeto de la presente acción de defensa, al ser un proceso en el que una entidad del Estado es demandante, en aplicación del principio de legalidad, con el objeto de cumplir lo dispuesto por el art. 27, inc. g) de la Ley 1178, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al efectuar el registro del proceso coactivo social con Id. 3987896 solo cumplió con una obligación impuesta por una norma legal, siendo de entera responsabilidad de las entidades o empresas públicas el registro y actualización de acuerdo a los plazos establecidos de la información contenida en el Sistema CONTROLEG II;
4. d)En la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, emitida dentro de una acción de protección a la privacidad planteada como emergencia de la información registrada en los Certificados de Información sobre Solvencia con el Fisco, se concedió tutela, disponiendo la exclusión de la información contenida en el mencionado certificado, mientras que la causa judicial no hubiera concluido y no cuente con un monto económico determinado en la justicia ordinaria, por lo que en observancia de carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional, la Contraloría General del Estado emitió el Instructivo para la Exclusión de Información en la Certificación sobre Solvencia con el Fisco II/SL-070 aprobado por la Resolución "120/2018 de 10 de noviembre de 2015", a efecto de que los interesados puedan acceder al certificado mencionado sin cargos mientras el proceso o acción judicial a cargo de las entidades del Estado adquiera la calidad de cosa juzgada y que se determine que efectivamente existe una deuda económica pendiente con el Estado y conforme establece el punto 8.5 del precitado Reglamento, todo registro en el Sistema CONTROLEG II, que no sea constitutivo de deuda económica pendiente con el Estado, permite al afectado, solicitar la exclusión temporal del registro ante el ente de Control Gubernamental; exclusión que puede solicitar el accionante para acceder al Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco sin cargos. De igual manera para su eliminación, existe la baja del registro, cuya facultad le compete única y exclusivamente a la Contraloría General del Estado, debiendo cumplirse para el efecto con lo previsto por el art. 47 del Reglamento de Registro de Acciones Judiciales, Requerimientos de Pago, Procesos Administrativos Internos, Dictámenes de Responsabilidad e Informes de Auditoría, cuando los involucrados acrediten el resarcimiento del daño económico al Estado o sentencia ejecutoriada en su favor, para lo cual deberá existir un documento de respaldo con valor legal suficiente; y,
5. e)El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social procedió al registro de manera adecuada dando estricto cumplimiento a la normativa vigente y el ente de Control Gubernamental implementó los mecanismos necesarios para que cualquier ciudadano afectado pueda acceder a la exclusión temporal y/o definitiva de registros efectuados en su contra.

La Gerente de Servicios Legales de la Contraloría General del Estado, en audiencia reiteró lo expuesto precedentemente, añadiendo que:

1. 1)El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha procedido conforme le impone el art. 27 de la Ley 1178, de registrar los procesos en los que es parte, en el Sistema CONTROLEG II del ente contralor; y,
2. 2)El mencionado registro no es absoluto ni permanente, dado que las personas que se sientan afectadas en sus derechos a la privacidad, a poder solicitar su eliminación, cambio o modificación, se ha emitido en la entidad de Control Gubernamental un Reglamento para la exclusión temporal en los certificados de información sobre solvencia con el fisco, lo que le permite al accionante acudir a la Contraloría para que de manera temporal se excluya dicho registro o también puede optar por la figura de baja definitiva para la eliminación del registro en caso de contar con la documentación pertinente y el respaldo suficiente respecto a la conclusión del proceso.

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, a través de la Resolución 108/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 83 a 88, denegó la tutela solicitada; con los siguientes fundamentos:

1. i)El accionante pide que se levanten los datos referentes a un proceso judicial que se estuviese desarrollando ante el Juez de Trabajo y Seguridad Social por una supuesta falta de rendición de cuentas por un monto de más de siete millones de bolivianos en que hubiese incurrido la exdirectiva de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, que le correspondió conformar en la gestión 2014-2016, bajo el argumento de no tratarse de dineros públicos sino privados; al respecto se tiene que el cuestionado registro tiene su origen en el informe de la entidad estatal antes mencionada, no solo como consecuencia del proceso coactivo social sino de la propia responsabilidad administrativa desde la Ley 1178 y los decretos supremos que tienen que ver con el registro;
2. ii)El impetrante de tutela primero refiere que existiría un fallido procedimiento administrativo ante la Dirección General de Asuntos Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que se hubiera agotado con un silencio administrativo, pero se puede apreciar que dicho procedimiento no se agotó en el circuito administrativo;
3. iii)La acción de protección de privacidad, busca una protección efectiva de las personas frente a un manejo o uso ilegal o indebido de información, constituyendo una vía procesal para resguardar o mantener la privacidad de las personas, o en su caso rectificar, actualizar o suprimir datos o información incorrecta, también para preservar la confidencialidad de información y excluir información sensible y los hechos puestos a colación, en un ejercicio de subsunción no se encuadra en ninguna de las previsiones de viabilidad o de alcance de esta acción de defensa, y si bien la pretensión en el fondo es que se excluyan o eliminen los datos, el accionante no estableció cual sería la razón vinculante al presupuesto normativo fáctico del art. 130 de la CPE, no siendo suficiente señalar que existe un perjuicio, sino que éste debe ser debidamente acreditado; y,
4. iv)El solicitante de tutela, no demostró el agotamiento administrativo, ni tampoco haber efectuado peticiones administrativas de reclamo que pudieran entenderse como elementos de perjuicios como los que refirió de no poder contar con una solvencia fiscal, o que estuviera impedido de postularse a algún cargo, no obstante que la Contraloría General del Estado, emitió previsiones legales expresas referidas a la suspensión provisional o la baja definitiva de datos, cuyo uso no fue acreditado, además se tiene que el registro de datos efectuado, está justificado bajo la norma del art. 27 de la Ley 1178, así como por el Decreto Supremo (DS) 23215 y específicamente conforme al Reglamento para Registro de Acciones Judiciales, Requerimiento de Pago, Procesos Administrativos Internos, Dictámenes de Responsabilidad e Informes de Auditoría aprobado por Resolución 116/2013, por lo que no se advierte que se trate de un registro abusivo, arbitrario y discrecional de la parte accionada, ni por parte del tercero interesado y cualquier situación adyacente en relación al registro, debe ser acreditada y dilucidada primero ante el circuito administrativo o ante la autoridad jurisdiccional para establecer en el fondo, si el fin del proceso coactivo social es la recuperación de fondos públicos o privados y si corresponde o no su registro, análisis que no puede ser efectuado en la jurisdicción constitucional .

En revisión, dentro del presente caso corresponde verificar si tales extremos denunciados por la parte accionante son o no evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. a)La acción de protección de privacidad: presupuestos de procedencia, alcances, carácter subsidiario y excepción a la subsidiariedad;
2. b)De la legitimación pasiva en la acción de protección de privacidad; y,
3. c)Análisis del caso concreto.