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TCP

0203/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
7 de mayo de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0203/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0203/2019-S1 Sucre, 7 de mayo de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 24488-2018-49-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución AC-01-2019 de 10 de enero, cursante de fs. 172 a 177 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Andrea Nataly Pérez Miranda contra William Eduard Alave Laura y Edwin José Blanco Soria, actual y ex Fiscal Departamental de La Paz; y, Samuel Lima Carvajal y Jhasmani Edwing Mita Larrea, Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 4 y 13 de junio; 29 de noviembre, todos de 2018 y 2 de enero de 2019, cursantes de 31 a 35, 82 a 83 vta., 114 y vta. ; y, 120 y vta., la accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 17 de agosto de 2017 interpuso denuncia contra Edilfredo Miranda Balda -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, hecho acaecido el 13 de agosto de igual año, al ocasionarle una agresión física y psicológica, de cuyo accionar se tiene un certificado médico forense que estableció cinco días de impedimento al haber sufrido una "...contusión facial, erosión labial y contusión de mano izquierda..." (sic); a raíz de ello, se abrió la causa penal, poniendo a conocimiento del Juez de Instrucción Penal el inicio de investigaciones y las medidas de protección dispuestas a su favor, para posteriormente imputar formalmente al referido denunciado.

No obstante ello, Samuel Lima Carvajal, Fiscal de Materia -hoy co demandado- presentó ante el Juez a cargo del control jurisdiccional la Resolución S.L.C. 102/18 de 27 de marzo de 2018 -por la cual determinó el sobreseimiento a favor del ahora tercero interesado- como Requerimiento conclusivo, mismo que fue emitido de forma precipitada y sin efectuar un análisis minucioso de las actuaciones investigativas pese a existir actos pendientes de realización como una inspección ocular, un eventual careo, la reconstrucción de los hechos y la "CREDIBILIDAD DE TESTIMONIO"; siendo esta determinación confirmada -lo correcto es ratificada- mediante Resolución FDLP/EJBS-S-105 "A"/2018 de 27 de abril, por el ex Fiscal Departamental de La Paz -hoy codemandado- sin la debida fundamentación fáctica y jurídica, motivación ni razonamiento lógico y sin observar los actos investigativos que no fueron realizados y la falta de producción de pruebas.

Así, el Requerimiento conclusivo antes señalado, adolece de una serie de falencias como de una correcta valoración e interpretación de las normas procesales, que tuvo la sola finalidad de favorecer a la parte imputada, por cuanto a tiempo de referirse a los elementos de convicción y actos de investigación efectúo una "copia y pega" del certificado médico forense, del Informe de terapia psicológica, de las actas de declaraciones testificales de descargo, correspondientes a Dionicio Gonzáles Mamani y Soledad Encinas Gonzáles; señaló las pruebas testificales de cargo de Raúl Caballero Arancibia y Víctor Hugo Méndez Bustillos; y, mencionó a un Informe técnico sobre desdoblamiento de videos y congelamiento de imágenes de un disco compacto, trascripción del audio contenido en el celular "Samsung S5Mini" y el Informe médico extendido por el Responsable de la Caja Petrolera de Salud (CPS); cuando los elementos de prueba colectados deben ser "interpretados" de manera racional, a los fines de efectuar una investigación destinada a esclarecer la verdad histórica de los hechos, en base a los principios rectores de la investigación, como el de objetividad establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012- concordante con el art. 72 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Sin embargo, el Fiscal de Materia codemandado, a tiempo de analizar el certificado médico forense, efectuó una errónea conclusión; toda vez que, dicho elemento establece objetivamente las lesiones que sufrió, teniéndose también las declaraciones testificales de cargo, siendo aspectos que corroboran la existencia del hecho y la participación del imputado; extremo sobre el cual el ex Fiscal Departamental -hoy codemandado- en la parte final del punto 2 de la Resolución superior emitida señaló: ""...elementos que si bien reflejan indicios sobre la presunta participación del sindicado y la adecuación de su conducta del delito de Violencia Familiar y Doméstica..."" (sic), pero de forma contraria decidió confirmar la Resolución -de sobreseimiento- dictada por el Fiscal inferior, aspecto que es incongruente; por cuanto, lo correcto era que ordene se acuse formalmente al referido imputado -hoy tercero interesado-.

De igual manera, a tiempo de analizar las declaraciones testificales de descargo, como la de Enrique Miranda Valda, no se consideró que la misma no tiene objetividad, es distorsionada, poco creíble y contradictoria, por cuanto supuestamente presenció una escena de pelea en la cual estaba siendo golpeada y permaneció pasivamente; además de, señalar que el imputado se escapó hacia la avenida principal que da a "Villa San Antonio"; tampoco se consideró en la misma cuando señaló que salió del inmueble, ya que de la declaración informativa y querella presentadas se tiene que bajó de un taxi y directamente recibió el golpe, aspecto que no fue considerado creyéndose únicamente a los testigos de descargo, actuándose sin imparcialidad y objetividad; y, el ex Fiscal Departamental -hoy codemandado- manifestó que deberían realizarse una serie de actos de investigación, como una pericia psicológica, siendo un razonamiento incoherente con la decisión asumida y sin fundamentación cuando reconoce que existirían suficientes indicios de participación del imputado en el hecho delictivo y que debían realizarse mayores actos de investigación.

Así también se hizo mención al desdoblamiento de un "CD", el cual no es una prueba creíble, contundente y pertinente para que se hubiese dictado el sobreseimiento -a favor del imputado-, al ser posible su manipulación por la parte contraria, existiendo pruebas que demuestran los extremos de su declaración y querella; sobre este aspecto el ex Fiscal Departamental -hoy codemandado- no se pronunció incurriendo en una incongruencia omisiva.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela, alega como vulnerados los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, al acceso a la justicia; y, a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 13, 14, 15 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, en audiencia invocar la conculcación al debido proceso como garantía y el derecho a la igualdad de las partes.

I.1.3. Petitorio

Solicita se determine la "PROCEDENCIA" de esta acción de defensa, y la nulidad de la Resolución FDLP/EJBS-S-105 "A"/2018; y, de la Resolución S.L.C. 102/18, con la finalidad de que se prosigan con las investigaciones y se proceda a dictar acusación formal.

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Por no presentada la acción de amparo constitucional

La Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Auto 09-2018 de 18 de junio (fs. 89 y vta.), declaró por no presentada la acción de amparo constitucional, determinación que fue impugnada a través del memorial presentado el 22 de igual mes de 2018 (fs. 96 a 98).

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

Por Auto Constitucional (AC) 0286/2018-RCA de 11 de julio (fs. 101 a 107), la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), revocó el Auto 09-2018, disponiendo que el Tribunal de garantías someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho.

I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 10 de enero de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 165 a 171, se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliándolo señaló que, se vulneró la garantía del debido proceso, y el derecho a la igualdad de las partes.

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