0203/2020-S1

El peticionante de tutela, a través de sus abogados, reiteró íntegramente los términos de la presente acción tutelar, y ampliándola sostuvo:

1. a)La Resolución 341/2019, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, estableció el lineamiento para desvirtuar el art. 235.2 del CPP, ya que solo uno de los testigos había declarado, faltando uno de ellos, con lo que quedaría desvirtuado el mismo;
2. b)Habiendo sido obtenida dicha atestación, ante una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, la Jueza a quo, por Resolución 337/2019, estableció que para desvirtuar el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, debía otorgarse garantías a la testigo Jenny Guarachi Yampara; ya que, en su declaración afirmó encontrarse atemorizada e intimidada, generando así otro riesgo procesal en su contra, por eso apeló esta decisión, pretendiendo que el Tribunal superior se pronuncie al respecto, que valore los elementos constituidos previamente y la actuación de la Jueza de instancia; sin embargo, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, repitiendo lo afirmado por la autoridad inferior, se limitó a referir que no ingresaría a considerar el fondo "...toda vez que, los riesgos están latentes..." (sic); y,
3. c)El Auto de Vista 436/2019 de 7 de octubre, le impuso medidas sustitutivas de: detención domiciliaria sin salida laboral; vigilancia del Ministerio Público y del investigador asignado al caso; presentación ante el llamado de la autoridad y al sistema biométrico todos los martes; arraigo, prohibición de acercarse a la víctima y a los testigos y finalmente una fianza económica de imposible cumplimiento, sin considerar que devolvió gran parte del dinero que recibió, omitiendo explicar cuáles fueron los parámetros que consideraron para imponerle la suma de Bs70 000.- tomando en cuenta que la jurisprudencia constitucional indica que no se debe aplicar medidas sustitutivas de esta naturaleza.

Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 15 de octubre de 2019, cursante de fs. 15 a 16 vta., señaló lo siguiente:

1. 1)Mediante Resolución 148/2019, emitida por el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, se dispuso la detención preventiva del demandante de tutela;
2. 2)Ante la solicitud de cesación de la medida cautelar extrema, la Jueza de instancia dictó la Resolución 252/2019 de 29 de julio, rechazando esa pretensión;
3. 3)Por Resolución 341/2019, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió el recurso de apelación incidental presentado por el impetrante de tutela confirmando la Resolución 252/2019, en base a la vigencia del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP;
4. 4)En mérito a una segunda solicitud de cesación de la detención preventiva por parte del imputado -ahora peticionante de tutela-, la Jueza a quo a través de la Resolución 337/2019, rechazó este pedido;
5. 5)En atención al recurso de apelación interpuesto contra esta decisión judicial, la Sala Penal Cuarta del indicado Tribunal, pronunció el Auto de Vista 436/2019, disponiendo revocar la resolución apelada, otorgando a favor del ahora solicitante de tutela medidas sustitutivas a la detención preventiva;
6. 6)Ninguno de los argumentos expuestos en la presente acción tutelar son evidentes, puesto que fue precisamente la Sala de la que forma parte la que le otorgó la libertad al demandante de tutela y no se entiende de qué forma esa decisión se constituye en la causa directa de la privación de ese derecho; por lo que, no existe nexo alguno de causalidad entre la decisión asumida y la afectación del mismo;
7. 7)En la Conclusión final del Auto de Vista emitido, se expresaron los motivos por los cuales se dispuso aplicar la fianza económica en la suma impuesta; asimismo, en el Auto complementario y enmienda el suscrito Vocal, reiteró las razones de la decisión que es racional y con criterio procesal adecuado considerando que el imputado recibió de la víctima la suma de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses), lo que llevó al convencimiento de que sí cuenta con la capacidad económica para oblar dicha fianza económica;
8. 8)Sobre el art. 235.2 del CPP, en la Conclusión 1.3 de la Resolución emitida, se absuelve este reclamo, concluyendo que este riesgo se mantiene subsistente, pese a lo cual se dispuso su libertad; y,
9. 9)El demandante de tutela no ejecutó ningún acto tendiente a cumplir las medidas sustitutivas impuestas y acudió directamente a la vía constitucional, sin considerar que existen mecanismos intra procesales expeditos, rápidos e idóneos que le permiten acceder fácilmente a la modificación de la fianza económica determinada, tales como su reducción por vía de modificación o la sustitución por una fianza real e inclusive con garantes solventes; por lo cual, no se cumplió con el requisito de subsidiariedad excepcional; solicitó en consecuencia, que se deniegue la tutela impetrada sin ingresar a debatir el fondo de la pretensión.