Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0204/2025-RCA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 74839-2025-150-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 20 de junio de 2025, cursante a fs. 204 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcelo Inchausti Natusch contra Pio Gualberto Peredo Claros y Martha Coca Revollo, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Juan Pablo Amador Rivera, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Cuarto del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 6 y 16 de junio de 2025, cursantes de fs. 181 a 193 y 196 a 203, respectivamente, el accionante manifiesta que el 13 de marzo de 2023, fue contratado para patrocinar a Elvira Flores Huarachi y otros trabajadores de la empresa "IMBA S.A.", iniciando un proceso de ejecución de título coactivo pactando el pago del 10% sobre el pago total que perciban por concepto de honorarios; empero, diez de sus clientes de forma voluntaria decidieron cambiar de abogado, en ese sentido por memorial de 9 de febrero de 2024, respondió los memoriales de sus ex clientes presentados el 5, 6, 8 y 31 de enero 2024, solicitando la regulación de sus honorarios sobre la base el 10% de la cuantía del proceso, pero el juez rechazó su solicitud y por Auto Interlocutorio de 8 abril 2024, en el numeral 3 de la parte resolutiva ordenó que de forma individual cancelen el monto de Bs1 500.- (mil quinientos 00/100 bolivianos) por concepto de pago de honorarios, determinación a la cual decido allanarse, fallo que fue ratificado en el Auto de 10 de mayo de 2024, por lo que mediante memorial de 11 junio 2024, solicitó la ejecutoria del precitado auto y la retención de fondos de sus ex clientes, en respuesta el juez de la causa emitió el Auto de 17 junio 2024, declarando ejecutoriado el Auto de 10 de mayo del mismo año y ordenando a sus ex clientes pagar individualmente el monto de Bs1 500.-.
Ante el incumplimiento de la resolución judicial, presentó memorial el 27 del mismo mes y año impetrando se ordene a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) la retención de fondos de las cuentas de sus ex clientes; empero, el juez sin base legal alguna rechazó su requerimiento con proveído de 1 julio de 2024 señalando que: "no habiéndose procedido al pago de sueldos devengados a los trabajadores de momento aguárdese" (sic), ante esta respuesta contraria a sus propias determinaciones, interpuso recurso de reposición contra el precitado proveído que fue resuelto y rechazado por Auto de 4 septiembre del mismo año, encontrándose concedido el recurso de apelación ante la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Cochabamba que pronunció el Auto de Vista de 25 octubre de igual año, confirmando proveído de 1 julio de 2024, de forma incongruente y carente de fundamentación pretendiendo de manera forzada aplicar un confuso criterio jurisprudencial, vulnerando su derecho fundamental al trabajo y justa remuneración consagrado en el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE), y en el artículo 6.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también conocido como "Protocolo de San Salvador".
Ante las observaciones realizadas al memorial de interposición de esta acción manifestó que, con relación al primer punto, dentro de los procesos laborales pueden interponerse el recurso de reposición contemplado en los arts. 253 y 254 Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable por analogía conforme orienta el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), el Auto o Resolución emitido en recurso de reposición podrá ser revisado y resuelto en grado de apelación sin recurso ulterior, sin que le quede más instancia que agotar; sobre el segundo punto, estableció que los terceros interesados fueron debidamente determinados en la acción interpuesto; sobre la tercera observación, la legitimación pasiva se encuentra plenamente establecida en las autoridades demandadas quienes en su calidad de Vocales y Juez, a través de las resoluciones citadas en el memorial principal vulneraron sus derechos y garantías constitucionales; sobre el punto cuarto, los derechos lesionados se encuentran contenidos en los arts. 46 de la CPE y 6 de La Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en torno al punto quinto, las pruebas se encuentran individualizadas en el otrosí tercero de la demanda principal; sobre la sexta observación o petitorio quedan establecidos 4 puntos dejar sin efecto el Auto de Vista 072/2024 de 25 de octubre, el Auto de 4 de septiembre de 2024 y el proveído de 1 de julio del mismo año, disponiendo el cumplimiento inmediato del pago dispuesto por la autoridad jurisdiccional y así mismo que el Juez de la causa proceda a la retención de cuentas solicitada.
I.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Considera lesionados su derecho al trabajo y una justa remuneración, citando al efecto el art. 46 de la CPE y 6.1 del Protocolo de San Salvador.
I.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y ordene:
- a)Dejar sin efecto el Auto de Vista 072/2024 de 25 de octubre, dictado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso con NUREJ: 30373780;
- b)Dejar sin efecto el Auto de 4 de septiembre de 2024, y el proveído de 1 de julio del mismo año, emitido por el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Cuarto del departamento de Cochabamba dentro del citado proceso;
- c)A Juan Pablo Amador Rivera, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Cuarto del departamento de Cochabamba el inmediato cumplimiento de la decisiones judiciales de 8 de abril de 2024, el Auto 10 de mayo de ese año y el Auto 17 de junio del mismo año, consistente en el pago de Bs1 500.- por el trabajo y las diligencias ya realizadas en favor de los diez trabajadores que prescindieron de sus servicios, concretamente Celia Calle Ventura, Eusebia Vidal Flores, Henry López Antezana, Estrella Escarza Nina, Juan Alberto Colque Sanjinés, Sebastián Parihuancollo Canaza, Martha Verónica Vergara Paredes, Marcial Jiménez Encinas, Roxana Pérez Ticona y Jaime Valero Chambi; y,
- d)Que el Juez prosiga con la retención de cuentas y la notificación ya solicitada a la ASFI por el monto individual de Bs1 500.- de las diez personas antes citadas.
I.4. Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por decreto de 9 de junio de 2024, cursante a fs. 194, determinó que, en el plazo de tres (3) días, en concordancia al art. 30.I.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo) subsane los siguientes puntos:
- 1)Acorde a la naturaleza jurídica, la problemática planteada y principalmente el ámbito de protección de la acción de amparo constitucional previsto taxativamente en los arts. 128 y 129 de la CPE y la normativa procesal constitucional, acredite con prueba idónea el agotamiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez, conforme el parágrafo primero del art. 129 de la CPE, que indica esta acción "...se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados";
- 2)Por otro lado, en sujeción a lo previsto por el parágrafo II del art. 31 de la Ley 254, debe individualizar a los terceros interesados;
- 3)Conforme el art. 33.2 de la precitada ley, explique cuál la legitimidad pasiva de cada uno de los accionados, debiendo tener presente el primer punto;
- 4)De igual forma en cumplimiento de lo establecido en el art. 33.5 de la antedicha norma, identifique y explique de manera clara y precisa cada uno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales que considera vulnerados y de qué manera la última resolución no susceptible de impugnación los vulnera;
- 5)Por el principio de verdad material y la obligación que tiene la parte accionante de demostrar de manera objetiva su pretensión, debiendo para tal efecto cumplir con la carga probatoria, acompañar toda la prueba pertinente, el contrato del cual emergió la relación contractual con los ahora terceros interesados y otros, en atención del art. 33.7 la Ley 254; y,
- 6)En función a las observaciones realizadas, conforme el art. 33.8 de la precitada Ley, debe formular su petitorio de manera clara y precisa, explicando el nexo que existe entre todos los presupuestos extrañados, el hecho, acto y los derechos supuestamente vulnerados y su petitorio. La citada Sala por Resolución de 20 de junio de 2025, cursante a fs. 204 y vta., determinó tener por no presentada la acción de amparo constitucional fundamentando que:
- i)Con relación al punto primero, si bien indica que se agotaron todas las instancias, sin embargo identifica tres determinaciones jurisdiccionales que presuntamente le vulneran derechos, obviando que por el principio de subsidiariedad debe identificar la última resolución no impugnable;
- ii)Respeto al punto dos, si bien determina a los terceros interesados, sin embargo solo consigna como datos los números de sus cédulas de identidad y un domicilio procesal, además de indicar un WhatsApp que resulta genérico y no individualiza un medio concreto a los efectos de notificaciones;
- iii)En torno al tercer punto, identifica tres autoridades como accionadas y con legitimación pasiva, resulta que es contradictorio al principio de subsidiariedad, puesto que genera confusión con relación a no identificar de manera precisa que autoridad tiene la facultad de corregir los agravios que considera vulnerador de derechos;
- iv)Con relación al punto cuarto si bien identifica los derechos vulnerados, no obstante al no ser claro con relación a identificar la última resolución no recurrible, no existe el nexo de causalidad;
- v)Con relación al punto quinto, no adjunta el contrato suscrito con sus clientes; y,
- vi)Respecto al punto sexto, al no tener un petitorio concreto, no existe un nexo de causalidad con los antecedentes expuestos anteriormente, máxime que pide se deje sin efecto el Auto de Vista 072/2024 de 25 de octubre, el Auto de 4 de septiembre de 2024 y el proveído de 1 de julio del mismo año.
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