0205/2023-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0205/2023-S4 Sucre, 2 de mayo de 2023

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 46830-2022-94-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 022/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 622 a 626 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Freddy Aruquipa Mamani en representación de la Distribuidora de Electricidad La Paz Sociedad Anónima (S.A.) "DELAPAZ" contra Isaías Jorge Vargas Chambi y Fanny Coaquira Rodríguez, Vocales de Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Kennia Ninoska Gutiérrez Andaluz, Jueza Pública Civil y Comercial Séptima del señalado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19de enero de 2022, cursantes de fs. 95 a 103; y, de subsanación de 1 de febrero de igual año (fs. 583 a 587), la parte accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Empresa Rural Eléctrica La Paz S.A. "EMPRELPAZ S.A.", se encontraba a cargo de la distribución de energía eléctrica en la zona del altiplano, operando con infraestructura propia (22%) "...pero también de propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y de distintos gobiernos municipales, entre otros (78%)..." (sic); sin embargo, debido a la deficiente situación técnica, económica, administrativa y financiera fue intervenida la misma, "...hasta que finalmente se le otorgó a la empresa Electricidad de La Paz S.A. (ELECTROPAZ) la operación preferente del Sistema Eléctrico que operaba EMPRELPAZ S.A...." (SIC); aclarando, que mediante Testimonio Notarial 188/2013 de 16 de marzo, se modificó la constitución y estatutos de ELECTROPAZ S.A., ampliando su cobertura y estableciendo su razón social a Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. "DELAPAZ S.A." -ahora accionante-.

Posteriormente, las referidas empresas "EMPRELPAZ S.A." y "DELAPAZ S.A.", suscribieron el contrato de comodato CTO-029/13 de 19 de abril de 2013, elevado a instrumento público mediante protocolo notarial 517/2013 de 22 de abril, que establecía la devolución de bienes de propiedad de la primera a medida que la segunda los sustituyera con bienes propios, en cuya base se procedió a retirar infraestructura al efecto; empero, "EMPRELPAZ" se negó a recibirlos "...bajo el imaginario escenario de una resolución del Contrato de Comodato CTO-029/13..." (sic).

Conforme y en base a los antecedentes referidos, interpuso proceso voluntario de oferta de pago, admitido; empero, denegado en el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de El Alto del departamento de La Paz; sin embargo, al mismo tiempo se enteró de la existencia de una demanda de estructura monitoria de entrega de bien, radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo del mismo asiento judicial, donde "EMPRELPAZ" pidió la restitución del total de sus bienes, emitiéndose al efecto la Sentencia Inicial 376/2020 de 21 de octubre, declarándola probada y otorgando el plazo de diez días para cumplirla conforme el anexo 1 del merituado contrato de Comodato CTO-029/13; motivo por el cual, presentaron incidentes de nulidad de obrados y de improponibilidad de la demanda; y, excepciones de incompetencia, falta de personería en el demandante, litispendencia y falta de fuerza ejecutiva o inhabilidad del título, adjuntándose sesenta y cinco pruebas documentales en dicho propósito entre otras; y, "...Minutos posteriores a la presentación de los incidentes y excepciones, a las 15:55 del 20 de noviembre de 2020. DELAPAZ fue notificada con la misma demanda de estructura monitoria de entrega de bien..." (sic).

Como consecuencia de los indicados incidentes y excepciones, la Jueza demandada emitió el Auto Interlocutorio 92/2021 de 18 de febrero y la Sentencia Definitiva 93/2021 de 4 de marzo, rechazando las mismas respectivamente; por ello, dedujo recurso de apelación, resuelto en la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista M-306/2021 de 25 de junio, confirmándolas sin observar ni reparar las omisiones de valoración de la prueba cometidas en primera instancia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia, defensa y valoración de la prueba, con relación al derecho de igualdad procesal, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 11 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 617 a 621 vta., con la presencia del representante de la entidad accionante y el abogado-representante de la empresa tercera interesada; y, ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, sin realizar ampliación fáctica o normativa alguna de la misma.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Intervención del tercero interesado

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Sentencia Inicial 376/2020 de 21 de octubre, por el cual la Jueza demandada declaró probada la demanda monitoria de entrega de bien, interpuesta por "EMPRELPAZ S.A." contra "DELAPAZ S.A.", ordenando en consecuencia que en plazo de diez días haga entrega esta última de la red de distribución de electricidad descritas en el anexo 1 del contrato de comodato inserto en la Escritura Pública 517/2013, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento en caso de incumplimiento (fs. 597 a 599).

II.2. Por Auto Interlocutorio 92/2021 de 18 de febrero, la autoridad judicial de primera instancia, rechazó el incidente de nulidad de obrados presentada por "DELAPAZ S.A." (fs. 600 vta. a 603 vta.).

II.3. Mediante Sentencia Definitiva 93/2021 de 4 de marzo, la indicada autoridad judicial, declaró improbadas las excepciones de falta de personaría, litispendencia, falta de fuerza ejecutiva e inhabilidad del título, deducidas también por "DELAPAZ", ordenando en consecuencia, el cumplimiento de la referida Sentencia Inicial "...y en caso de ser imposible la ejecución en especie se proceda a le ejecución por el valor del bien..." (sic) [fs. 605 vta. a 607 vta.].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia, defensa y valoración de la prueba, con relación al derecho de igualdad procesal, en razón a que, los Vocales demandados, desestimaron ilegalmente los incidentes y excepciones interpuestos contra la sentencia inicial emitida en el proceso monitorio de entrega de bien; empero, sin observar ni reparar las omisión de valoración de la prueba cometida en primera instancia por la Jueza demandada, permitiendo ello la entrega indebida de los bienes objeto del contrato de comodato suscrito con "EMPRELPAZ S.A.", que establecía la devolución de la propiedad de la misma a medida que los sustituyera con los propios; y, a pesar de haber estado cumpliendo con dicho acuerdo.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso y los elementos de fundamentación, motivación y congruencia en las resoluciones

Al respecto, la SCP 0144/2019-S4 de 17 de abril, razonó: "'Sin duda que el debido proceso, previsto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convección América sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se constituye en un prerequisito para poner en movimiento los derechos humanos reconocidos en los tratados y convenios internacionales sobre la materia y consiguientemente, la protección de cualquier otro derecho establecido en la Constitución Política del Estado, de manera que se constituye en un límite al ejercicio de poder que ostenta el Estado.

El debido proceso ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional, como el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo, de manera que sus derechos se adecúen a disposiciones jurídicas generales aplicables a todas las personas que se encuentren en similares situaciones, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, de manera que posibilite que las personas puedan defenderse de manera adecuada en cualquier tipo de proceso, evitando de esa manera cualquier lesión a los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, así como en los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, al constituirse los últimos, en parte integrante del bloque de constitucionalidad, según lo ordenado en el art. 410.II de la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano1, y que, en el marco de lo previsto por el art. 256 de la CPE, son de aplicación directa y preferente en el ámbito interno, cuando contengan normas más favorables.

Partiendo de los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la triple dimensión del debido proceso, así la 0SC 0896/2010-R, del 10 de agosto, estableció que: "...La Constitución Política del Estado, en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso, como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía; es decir, su naturaleza está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia; de ella, se desprende como derecho fundamental autónomo e indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido, en 'El Derecho de los Derechos': 'El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (...) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático"'.

En cuanto a los elementos que componen el debido proceso, el Tribunal Constitucional, en las 0SSCC 0082/2001-R, 00157/2001-R, 00798/2001-R, 00925/2001-R, 01028/2001-R, 01009/2003-R, 01797/2003-R, 00101/2004-R, 00663/2004-R, 00022/2006-R, entre otras, estableció que forman parte del mismo los derechos a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la garantía de presunción de inocencia, a la comunicación previa de la acusación, a la defensa material y técnica, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, al principio del non bis in ídem, a la valoración razonable de la prueba, y a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones; precisando sin embargo, que dicho listado, en el marco del principio de progresividad, sólo tienen un carácter enunciativo, dado que pueden agregarse otros elementos que forman parte del debido proceso como una garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste, como un medio para asegurar la realización del valor justicia.

Respecto a lo anotado en la última parte del párrafo precedente, es decir, el debido proceso como medio para asegurar el valor justicia, debe señalarse que, es indiscutible la relación entre el debido proceso y la búsqueda del orden justo, dado que el primero no se limita únicamente al concepto de instrumento o vía para poner en movimiento mecánico las reglas del procedimiento, puesto que lo que se protege realmente a través del debido proceso, no es la rigurosa observancia de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse constitucionalmente, es decir, debe comprenderse al debido proceso desde el ámbito constitucional y no desde el simplemente legal.

Se concluye entonces que, el debido proceso está integrado por distintos elementos que lo configuran; entre ellos, la garantía de presunción de inocencia, la congruencia entre acusación y condena y la necesaria fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, elementos que, como quedó anotado en el párrafo precedente, forman parte de los presupuestos propios de las reglas del debido proceso, por tanto, de obligado cumplimiento, tanto por las autoridades jurisdiccionales en los procesos que conocen y resuelven, como por las autoridades administrativas que, en el marco de las competencias específicas asignadas por la ley, resuelven conflictos jurídicos, sea aplicando sanciones o conociendo recursos administrativos, de manera que se garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, previstos en la Ley Fundamental y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos; obligación que se encuentra vinculada con la seguridad jurídica, que es definida por el art. 3 núm. 4 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, como la aplicación objetiva de la ley, de manera que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia, con lo que, se pretende lograr la paz social, previsto como fin en el art. 10 de la CPE.

En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ampliando el contenido del art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha incorporado el deber de motivación como una garantía del debido proceso, estableciendo que, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación política, deben estar debidamente fundamentadas, de lo contrario serían decisiones arbitrarias3. La Corte también señaló que la decisión motivada implica una decisión que permita conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó la resolución de manera clara, y si estos fundamentos son compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención, por lo que cuando dicha resolución no cumpla con la garantía de encontrarse debidamente motivada se entenderá como contraria al artículo 8.1 de la CADH4.

En esa línea también, la jurisprudencia constitucional comprendida en la SCP 0874/2014 de 8 de mayo, señaló: "El debido proceso, a partir de la comprensión de los diferentes instrumentos normativos de orden internacional, se nutre de diferentes componentes; así, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen sus elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE".

Más adelante, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al elemento específico de la motivación y fundamentación de las resoluciones, y por ende al contenido que debe tener toda resolución judicial o administrativa para ser considerada motivada y fundamentada, con base al entendimiento desarrollado en la 0SC 1365/2005-R de 31 de octubre, reiteradas en las 0SSCC 2023/2010-R, 1054/2011-R y SCP 0401/2012 de 22 de junio, precisó que la motivación no significa una mera exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino la exigencia de una estructura de forma y de fondo, que puede ser concisa pero clara, de manera que se satisfagan todos los puntos demandados, expresándose las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; y, al contrario, cuando la resolución, aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas.