Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0205/2026-RCA Sucre, 22 de mayo de 2026
Expediente: 84228-2026-169-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 29 de abril de 2026, cursante de fs. 67 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosario Carreño Morales contra Roxana Chávez Rodas y María Soledad Peñafiel Bravo, Magistradas de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental. I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan Por memorial presentado el 20 de abril de 2026, cursante de fs. 15 a 35 vta., la accionante manifiesta que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), mediante la Resolución Administrativa (RA) 246/2022 de 29 de abril, declaró ilegal su posesión sobre el predio denominado "Rosario", lo que motivó la interposición de una demanda contenciosa administrativa contra el Director Nacional del INRA, impugnando dicha resolución, la cual fue resuelta mediante la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 61/2025 de 22 de octubre, que declaró improbada la demanda contenciosa administrativa y determinó la condición de "Tierra Fiscal" respecto del predio, pese a que la accionante se considera subadquirente de un derecho propietario derivado del Título Ejecutorial Colectivo 55208 y del Expediente Agrario 3203, antecedentes que fueron anulados en un proceso de saneamiento ajeno, denominado "CHRISTIE LAVAYEN", en el cual no fue parte ni fue notificada. Al respecto, la accionante sostiene que la citada Sentencia vulneró sus derechos al debido proceso, en sus elementos de valoración de la prueba, motivación y congruencia; a la defensa y a la propiedad, así como al acceso a la justicia, debido a que no fue notificada ni tuvo participación en el proceso de saneamiento correspondiente al predio "CHRISTIE LAVAYEN", utilizado para anular su antecedente de derecho propietario. Afirma que esta situación la dejó en indefensión, al impedirle presentar pruebas y ejercer los recursos correspondientes contra una determinación que afectaba directamente sus derechos. I.2. Derechos, principios y garantía supuestamente vulnerados Considera lesionados sus derechos al debido proceso, en sus elementos de valoración de la prueba y legalidad; a la defensa, a la propiedad y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 56, 115.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: Se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 61/2025 de 22 de octubre. I.4. Resolución de la Sala Constitucional La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, por decreto de 21 de abril de 2026, cursante a fs. 36, solicitó que, previamente a proveer lo que en derecho corresponda, en función al art. 33.1, 4, 5 y 8 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la parte accionante subsane los siguientes aspectos, en el plazo de tres días computables a partir de su legal notificación, bajo conminatoria de aplicarse lo establecido en el art. 30.I.1 del citado Código:
- a)Identificar a todos los terceros que pudieran tener interés legítimo en el resultado del proceso;
- b)Exponer los hechos de manera clara, concreta y sucinta, estableciendo expresamente la relación de causalidad entre estos y los derechos constitucionales que se alegan vulnerados, además de individualizar la conducta de cada autoridad demandada;
- c)Aclarar el petitorio, indicando de manera precisa cuál es el acto o resolución que se impugna; y,
- d)Adjuntar los documentos fundamentales, entre ellos, el escrito de la demanda contenciosa administrativa presentada ante el Tribunal Agroambiental y la diligencia de notificación con la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 61/2025, a efectos de acreditar que la acción fue interpuesta dentro del plazo previsto por ley. La citada Sala Constitucional, mediante Resolución de 29 de abril de 2026, cursante a fs. 67 y vta., tuvo por no presentada la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes fundamentos:
- 1)La accionante presentó su demanda de amparo constitucional el 20 de abril de 2026 y, al día siguiente, la Sala emitió Decreto de 21 de abril, disponiendo la subsanación de cuatro observaciones, referidas a la identificación de terceros interesados, precisión de los hechos y derechos vulnerados, aclaración del petitorio (resolución objeto de la acción) y presentación, en copia simple o legalizada, del escrito de demanda contenciosa administrativa y de la diligencia de notificación con la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 61/2025; y,
- 2)La accionante no cumplió cabalmente con la observación relativa a la presentación de la diligencia de notificación con la referida Sentencia; toda vez que, de la revisión de la documentación adjunta a la demanda inicial, se constató que la notificación por cédula de 27 de octubre de 2025 correspondía a Teofanes Rivera Segovia, Secretario General de ST. AGR. "SARCO CUCHO", y no a la accionante. Con dicha Resolución, la accionante fue notificada el 5 de mayo de 2026 (fs. 68); formulando impugnación el 7 del citado mes y año (fs. 82 a 84 vta.), dentro del plazo otorgado por el art. 30.I.2 del citado Código.
I.5. Síntesis de la impugnación La accionante alega que:
- i)La normativa establece que una acción puede tenerse por no presentada únicamente ante el incumplimiento de los requisitos previstos por el art. 33 del CPCo; en el caso, cumplió con los requisitos establecidos por dicha norma y la única omisión fue la presentación de una diligencia de notificación incorrecta, documento que, a su criterio, no constituye un requisito indispensable para la admisión de la acción;
- ii)reconoce que adjuntó por error una diligencia de notificación correspondiente a un tercero, debido a un error humano involuntario, el cual pudo ser subsanado por la Sala Constitucional; y,
- iii)La diligencia de notificación correcta existe y se encontraría disponible en la página web del Tribunal Agroambiental, pudiendo verificarse que la notificación con la Sentencia impugnada se produjo el 27 de octubre de 2025; en caso de haber presentado la diligencia. El plazo de seis meses para interponer la acción de amparo constitucional puede computarse desde la fecha de emisión de la Sentencia -22 de octubre de 2025-. La acción se presentó el 20 de abril de 2026, es decir, dentro del plazo de seis meses y el plazo vencía el 22 de abril de 2026; por lo que, la falta de la notificación no era esencial; toda vez que, se presentó la acción en plazo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN
II.1. Marco normativo constitucional y legal
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