0206/2020-S1

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de acción de libertad y ampliando refirió lo siguiente:

1. a)Como efecto de la apelación interpuesta el 24 de mayo de 2019, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dio por enervado los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del CPP, manteniendo el riesgo dispuesto por el art. 234.10, de la misma norma adjetiva penal "...(víctima) por ser mujeres y porque habría una persona de tercera edad, asimismo se consideró que existía influencia negativa, se solicitó la cesación a la detención preventiva ante la Dra. Milenka Gutiérrez para el 9 de agosto, se presentó las notificaciones que se realizó al abogado de las víctimas para desvirtuar el Art. 234.10, para la defensa se ha desvirtuado este riesgo procesal, en esa audiencia se señaló que el Poder Notarial no tenía facultades para recibir notificaciones y que ese acto debía ser un acto personal, respecto al Art. 235.2 se ha señalado que el Sr. Flores habría promovido un proceso en Santa Cruz, no se probó, la Juez considero que no tenía facultades y respecto al Art. 235.2 señalo que es una influencia negativa porque se le iniciado un proceso, pero no se demostró que mi defendida tenía contacto con este señor, contra eta resolución hemos plantado apelación contra el resolución 511/2019" (sic);
2. b)Las autoridades demandadas de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestaron que se precise contra qué resolución se apeló, lo cual se identificó describiendo los agravios; asimismo, manifestaron de manera temeraria que el apoderado no tenía facultad alguna para firmar desistimientos y que la Jueza a quo inducida al error, no revisó dicho Poder cursante a "fs. 2010-212 vuelta"; empero, se argumentó que el mencionado Poder, da amplias garantías para todo, pero dicho aspecto no fue compulsado. Con relación al art. 235.2 del CPP, se dijo que, debe ser precisada ante qué testigos, peritos o ciudadanos ejercería la influencia negativa; no obstante, a criterio de la Jueza, el hecho de haberse promovido otro proceso por el "Sr. Flores" sin que se haya demostrado, hizo suponer que existiría dicho riesgo procesal;
3. c)La supra citada Sala, refirió que se debía ponderar los elementos que dieron lugar a la imposición de la detención preventiva y los nuevos elementos de convicción; equivocándose, ya que el Auto Interlocutorio 311/2019, fue modificada en apelación, donde suprimieron algunos riesgos procesales dispuestos y, refieren además que no se señaló los motivos por los cuales se impuso la referida detención preventiva (retrocediendo); en ese antecedente, el Tribunal de apelación no puede circunscribir su resolución a un fallo primigenio considerando que el apelante no se hubiera remitido a ese inicial fallo; por lo que, se vulneró la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial, ya que el art. 398 del CPP, señala cual es la competencia del Tribunal de apelación; es decir, deben pronunciarse sobre la expresión de agravios; y,
4. d)Se acusa falta de fundamentación, las autoridades jurisdiccionales demandadas, refieren que en la apelación se debía circunscribir al fallo primigenio y valiéndose de chicanas no fundamentaron los agravios, incurriendo en la reforma en perjuicio; asimismo, no tomaron en cuenta el riesgo procesal del art. 234.10 del CPP, debido a que el apelante no se habría referido al Auto Interlocutorio 311/2019, ingresando con ello en una incongruencia, pretendiendo que se valoré ese fallo que es carente de modificación; consecuentemente, se vulneró el debido proceso previsto en el art. 115 de la CPE, citando al efecto la "SC 1057/2017-S1" y la "SCP 258/2017-S2", que establecen la vinculación del debido proceso al derecho a la libertad, solicitando se tome en cuenta.

Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe cursante de fs. 154 a 155, solicitan que se deniegue la tutela, en base a los siguientes argumentos:

1. 1)Sobre el supuesto procesamiento indebido, citando a la "SSCC N° 0619/2005-R de 7 de junio modulada por la SCP N° 0037/2012 de 26 de marzo" (sic), refieren que en el caso presente no concurren los dos requisitos exigidos para el procesamiento indebido; es decir, no hay vinculación directa con la libertad, ya que la señalada Sala no dispuso la detención preventiva, tampoco existe estado de indefensión absoluta, debido a que la ahora accionante está asistida por abogado particular, quién intervino en audiencia de apelación cautelar;
2. 2)Sobre el fondo de la acción de libertad, no sólo se revisó la Resolución primigenia como se menciona falsamente, sino que se compulsó todos los antecedentes del legajo de apelación, advirtiéndose que los riesgos procesales no fueron desvirtuados ante la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto, ni ante la instancia de apelación en razón a que: Sobre el art. 234.10 del CPP, peligro de fuga para la víctima, la carga argumentativa corresponde a la imputada, quién mediante su abogado no hizo referencia al motivo fundante de dicho riesgo procesal, por ello, se tuvo que revisar los antecedentes y encontrar en la primera Resolución 311/2019 que refiere: "Con referencia al numeral 10) del Art. 234 del adjetivo penal el Ministerio Público fundamenta que es un peligro efectivo hacia la víctima, así como a la sociedad por cuanto dentro de los denunciantes existen víctimas inclusive dentro la tercera edad, quienes han sido amenazados para que retiren la querella" (sic), aspecto que no fue mencionado por la apelante en audiencia; sin embargo, para otorgarles garantías, se pretendería notificarles mediante su abogado, por ello, se volvió a revisar antecedentes, advirtiéndose el Poder 495/2019 de 10 de julio, mediante el cual las víctimas múltiples no otorgaron al señor Juan Carlos Oro Ramos la facultad se suscribir garantías o ser notificado con las mismas, extremo que fue interpretado por la Jueza a quo, disponiendo en su Resolución 349/2019, que debe notificarse a las víctimas y no se lo hizo, criterio con el cual concuerda el Tribunal de alzada; Sobre el art. 235.2 del CPP, tal como como se refirió en la Resolución 416/2019, el fallo primigenio señala que: "Con referencia a los otros dos codenunciados, por cuanto los mismos juntamente con la ahora imputada han concurrido al Local Sajama para brindar charlas, para poner en conocimiento de este negocio a las víctimas, relación que puede ser utilizada para que se comporten de manera reticente y por otra conforme la propia parte imputada lo ha fundamentado que 6 de las víctimas son familiares, relación filial consanguínea que puede ser utilizado para que las mismas se comporten de manera reticente y no colaboren a las investigaciones..." (sic);
3. 3)Por otro lado, la apelada Resolución 349/2019, refiere que: "...en el presente proceso existe un coimputado que sería la pareja de la ahora imputada y estaría residiendo en la ciudad de Santa Cruz en el mismo domicilio por el cual se entiende por el cual el Art. 235 numeral 2 estaría aún latente por la existencia de un indicio o elemento que podría impedir o influenciar para la persecución penal por ella misma o terceras personas" (sic); al respecto, no se tiene certeza, si es pareja o ex pareja de la imputada, ni que se habría fugado o residiría en el domicilio de la mencionada imputada en Santa Cruz; no se fundamentó, si es o no parte de los implicados en la presente causa, no se desvirtuó este riesgo procesal con nuevos elementos, ya que solamente se dijo que no se podrían basar en suposiciones y que la imputada no podría estar detenida por la fuga de su pareja; por otro lado, sin certeza alguna se escuchó en audiencia que esa persona junto a su abogado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, estaría operando procesos por falsedad en contra de las víctimas; y,
4. 4)La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en anterior apelación a través de la Resolución 281/2019 de 8 de julio, dio por enervado en favor de la accionante los riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del CPP.

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 15/2019 de 3 de octubre, cursante de fs. 193 a 195, denegó la tutela, conforme a los siguientes fundamentos:

1. i)Este Tribunal no puede revisar la legalidad ordinaria, esto es revisar pruebas y su valoración, ya que el mismo corresponde a los jueces ordinarios; la única posibilidad para accionarse por esta vía, es cumplir con los requisitos indispensables, primero demostrar el estado de indefensión, segundo que la decisión emitida por la autoridad jurisdiccional fue arbitraria al no tener motivación y fundamentación;
2. ii)En ese sentido, la accionante no mencionó que estuviese en estado de indefensión ya que está asumiendo defensa en el marco de un debido proceso, donde al existir denuncia el Ministerio Público presentó imputación por el delito de estafa y agravación con víctimas múltiples, y la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva, por ello, no cumplió con el primer requisito que es la indefensión;
3. iii)Respecto del segundo requisito, relacionado a la falta de fundamentación y valoración de las pruebas aportadas, expresando que no existe un razonamiento acorde para enervar el riesgo procesal previsto en el art. 234.10 del CPP, peligro efectivo para las víctimas, ya que se habría ofrecido garantías unilaterales y que el Poder que cursa en obrados no habría sido debidamente revisado en razón a que en el mismo se otorga facultades amplias; por lo que, revisada la cuestionada Resolución 416/2019, en su Considerando cuatro, segundo punto, se hace referencia al Auto Interlocutorio 311/2019, donde se transcribe lo pertinente sobre el citado riesgo procesal, "...seguidamente hace mención y hace referencia haciendo mención que en la audiencia y esto es de apelación no refiere la parte apelante de qué manera quedaría desvirtuado éste riesgo procesal establecido en el 234.10 referente al peligro para la víctima en base a la resolución primigenia dice ni en base a la resolución apelada, pues que la parte imputada apelante no refiere sobre los sectores vulnerables a los que pertenece las víctimas al ser de la tercera edad mujeres y como refiere la resolución primigenia, seguidamente menciona que las garantías no se pusieron a conocimiento de las víctimas y se lo debe hacer, al respecto la imputada no refiere si las víctimas fueron efectivamente notificadas, sólo refiere que en base a un poder las notificó, tampoco refiere que dicho poder faculta al apoderado a recibir notificaciones para aceptar garantías..." (sic); extrayendo de ello, que las autoridades demandadas al pronunciare sobre el indicado riesgo procesal, efectúan la valoración y motivación en sentido negativo a las pretensiones de la accionante, se refieren a la resolución primigenia que estableció la existencia del riesgo procesal, pero no fue la base central de su decisión;
4. iv)Respecto al Poder otorgado sería amplio, general y tendría todas las facultades, su valoración es atribución privativa de un Juez ordinario; por lo cual, la instancia constitucional no puede valorar dicha prueba; ya que, se está revisando la resolución emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que tiene "logicidad jurídica", razonabilidad, que indudablemente no es acorde a los interés de la ahora accionante al pretender "nulificar" mediante la presente acción de libertad; y,
5. v)Con relación al art. 235.2 del CPP, al mencionarse que debía motivarse y no efectuar meras especulaciones; corresponde señalar que, la carga de la prueba corresponde a la imputada, presentando los elementos con los cuales se estaría demostrando que ya no existe el riesgo de obstaculización; en ese sentido, la Resolución 416/2019, refirió no tener certeza de que la pareja o ex pareja de la imputada se habría fugado o residiría en el departamento de Santa Cruz en el domicilio de la mencionada imputada, tampoco si sería su pareja o ex pareja; por ello, no se desvirtúa ese riesgo procesal en audiencia; consecuentemente, se advierte la fundamentación efectuada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de emitir resolución que es cuestionada, refiriéndose además, sobre otros fundamentos no mencionados como el principio de proporcionalidad y la necesidad de la detención preventiva que sustentan su fallo.