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TCP

0206/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0206/2026-S2

Proceso
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Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0206/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 52681-2023-106-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 129 de 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 974 a 976, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cándido Vargas Rivero en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto "JESÚS NAZARENO" Responsabilidad Limitada (R.L.) contra Mirian Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de septiembre y 25 de octubre, ambos de 2022, cursantes de fs. 932 a 941 y 945 a 949 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 17 de noviembre de 2020, conforme al asiento A-4 y subinscripciones A-5 y A-6, tiene debidamente inscrito su derecho propietario sobre el inmueble con Matrícula 7.01.1.99.0009514. Dicho derecho se sustenta en la cláusula quinta, numerales 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 y 5.10 de la Escritura Pública 2383/2012 de 31 de octubre y sus adendas "...2383/2012, 2167/2015 y 3100/2015..." (sic), mediante la cual adquirió el crédito de Oswaldo Alexander Vargas Moreno, como parte de la cartera de créditos transferida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis Limitada (Ltda.), actualmente en liquidación voluntaria, conforme a los arts. 74 y 542.III y IV de la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-. La referida transferencia se enmarca en el objeto previsto en la cláusula segunda del citado documento, consistente en la culminación de las operaciones mediante la entrega de la minuta definitiva de transferencia de los créditos emergentes de contratos de compraventa de inmuebles celebrados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis Ltda., bajo la modalidad de reserva de propiedad con préstamo.

En ese contexto, Melvy Mendia de Mustafa y otros instauraron proceso ejecutivo contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis Ltda., ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz. Dentro de dicho proceso se dispuso -entre otras medidas- la prórroga de las anotaciones preventivas sobre diversos inmuebles, incluida la Matrícula 7.01.1.99.0009514, mediante Auto 449 de 8 de octubre de 2020, registrada el 4 de mayo de 2021 en el asiento B-11, sin considerar la vigencia de su derecho propietario. Ante ello, el 23 de noviembre de ese año, en calidad de tercero interesado, formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra dicha resolución, alegando que el inmueble estaba inscrito a su titularidad desde el 17 de noviembre de igual año, impidiendo la inscripción de gravámenes, y que no fue parte del proceso ni contaba con legitimación para impugnar el Auto Interlocutorio de 2 de marzo de 2021, que mantuvo firme el Auto de 8 de octubre de 2020, solicitando su exclusión de las medidas. No obstante, mediante Auto 208 de 2 de marzo de 2021, se mantuvo firme la resolución impugnada, la cual fue confirmada por el Auto de Vista 179/2021 de 15 de noviembre, con el argumento de que las resoluciones anteriores no fueron impugnadas.

En ese sentido acude a la justicia constitucional cuestionando el Auto de Vista 179/2021, argumentando que:

  1. a)Las autoridades demandadas sostuvieron que, mediante el decreto de 14 de octubre de 2019, se dispuso la prórroga de un año de la anotación preventiva sobre doce matrículas, medida que fue ampliada por decreto de 20 de noviembre de ese año, respecto del inmueble con Matrícula "7012010001939"; concluyendo que, el Auto 449 no habría ordenado una nueva anotación preventiva, sino únicamente la continuidad de medidas previamente adoptadas, las cuales debieron ser impugnadas oportunamente. No obstante, dicho razonamiento omite considerar los argumentos expuestos en su recurso, en el que se acreditó que, según los asientos A-4 y subinscripciones A-5 y A-6, desde el 17 de noviembre de 2020 ostenta el derecho de propiedad debidamente inscrito en el inmueble referido, por lo que la medida cuestionada afectaba su derecho propietario, más aún cuando no fue demandado ni formó parte del proceso. En tales condiciones, no correspondía disponer la anotación preventiva ni ninguna otra medida sobre un bien inmueble que no se encontraba inscrito a nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis Ltda., en su calidad de deudora, conforme a los arts. 44 del Decreto Supremo (DS) 27957 -de 24 de diciembre de 2004- y 1538 del Código Civil (CC); y,
  2. b)Las autoridades demandadas circunscribieron su argumentación a sostener que el Auto 449 deriva de resoluciones previas que debieron ser oportunamente impugnadas, lo que torna subjetiva y arbitraria la resolución de alzada, al carecer de sustento en la normativa que regula el registro en Derechos Reales (DD.RR.) y la aplicación de medidas precautorias. En ese marco, no se consideraron ni interpretaron adecuadamente los arts. 4 del DS 27957; 1, 8 y 9 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales -de 15 de noviembre de 1887-; ni los arts. 1538, 1540 y 1541 del CC, que condicionan la inscripción o prórroga de la anotación preventiva a que el inmueble se encuentre registrado a nombre del deudor, previo informe de DD.RR. Asimismo, se omitió la aplicación de la jurisprudencia constitucional contenida en la -de 29 de febrero- y del art. 1553 del CC, que prevé la caducidad de la anotación preventiva cuando no se convierte en inscripción definitiva. Tales omisiones evidencian la inobservancia objetiva de la normativa aplicable, vulneran el debido proceso y afectan el derecho a la propiedad privada, en tanto que no fue parte del proceso y las resoluciones invocadas fueron dictadas con anterioridad a la inscripción de su derecho propietario.

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