Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0208/2018-S1 Sucre, 21 de mayo de 2018
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 22008-2017-45-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 18/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 139 a 140 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elizabeth Zenteno Casillas contra Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 2 y 11 de agosto de 2017, cursantes de fs. 53 a 64; y, 113 a 114, la accionante expuso lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dado que su persona poseía una pieza en anticrético, aproximadamente el mes de agosto de 2015, Elizabeth Zambrana Rojas se presentó junto con Mario Melgarejo Mondaque en su domicilio av. Kennedy 264, manifestando la nombrada -que era su conocida-, que adquiriría el anticrético en la suma de $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses), a los efectos de conciliación de cuentas entre dichas personas con sus acreedores por fletes de transporte, insumos, semillas y otros, como consecuencia de que ambos se dedicaban a la siembra de productos agrícolas. Así, el 22 de septiembre de "2016" se concretó el mencionado acto jurídico, dando en anticrético una fracción del bien inmueble de su propiedad ubicado en la manzana 16, lote s/n, UV 1, Distrito Municipal 3, Urbanización Central, con una extensión superficial de 576 m2, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matricula computarizada 7.10.1.01.0003548. En esa oportunidad al momento de solicitarle el dinero acordado en el contrato suscrito, Elizabeth Zambrana Rojas le manifestó que por la fuerte cantidad de dinero ella se encontraba imposibilitada de llevarlo consigo debido a la inseguridad existente en la ciudad, por lo que le pidió efectué una transacción directa a su cuenta corriente, afirmando que lo haría luego de la suscripción del documento, pero que prefería entregarle la suma de manera efectiva y en moneda extranjera en su domicilio ubicado a lado de su vivienda. En ese sentido se trasladaron al mencionado domicilio, empero dentro del domicilio de Elizabeth Zambrana Rojas se encontraba presente Mario Melgarejo Mondaque, señalándole que el dinero acordado en el documento de 22 de septiembre de 2015 fue entregado al último de los nombrados "...porque este sujeto, así lo habría decidido, ya que él fue el artífice, para la realización, de este acto jurídico, y que ella era un simple medio, para la realización de dicho contrato, PORQUE SUPUESTAMENTE, LE ESTABA HACIENDO UN SIMPLE FAVOR, POR SER SU AMIGO..." (sic). El 22 de septiembre de "2016", Omar Luis Rivera Estrada presuntamente en representación de Elizabeth Zambrana Rojas presentó denuncia en su contra ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de estafa y amenazas, proceso penal injustamente sustanciado con una serie de vulneraciones a sus derechos y garantías, por lo que el 9 de junio de 2016 formuló excepción de falta de acción conforme a lo dispuesto por el art. 308 "inc. 2" del Código de Procedimiento Penal (CPP), con el principal argumento de falta de personería suficiente para que el apoderado active la acción penal en su contra, puesto que el Poder 322/2016 de 11 de marzo otorgado por Elizabeth Zambrana Rojas a través de la Notaría de Fe Pública 6 de esa ciudad a cargo de David Vilte Chuca sería insuficiente para su presentación y menos para que se ejerza la acción penal en su contra, siendo que del análisis del presunto mandato en ninguna parte se constata que la poderdante le hubiera otorgado facultades al apoderado para iniciar acciones judiciales de índole penal en su contra, por lo que el nombrado carecería de personería y legitimación activa. Pese a lo manifestado, el Ministerio Público procedió a ejercer la acción penal en su contra, formulando acusación formal sin fundamento jurídico, ni responsabilidad y objetividad, proceso penal dentro del cual actuaron en complicidad tanto el presunto representante legal, el Ministerio Público y el propio Órgano Jurisdiccional. En reiteradas oportunidades solicitó que el "órgano" jurisdiccional se manifieste sobre la excepción planteada, y según proveído de 6 de abril de 2017 se señaló que se considerará en audiencia; empero, hasta la presentación de esta acción de defensa jamás fue resuelta. Así también, planteó incidente de atipicidad y nulidad de imputación, teniéndose por la propia jurisprudencia los elementos constitutivos del delito de estafa a la existencia de engaños y artificios, relación de causalidad entre la conducta activa y el resultado, el elemento psíquico esto es la voluntad de engañar y el enriquecimiento ilícito del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima. Siendo así no existe el primer elemento puesto que el denunciante en el proceso penal utilizó el documento que evidentemente fue suscrito entre ambas partes el 21 de septiembre de 2015 por el lapso de dos años, plazo que debía regir desde el 1 de enero de 2016 al 1 de enero de 2018, correspondiendo aclarar que pese a la entrega de las llaves a Elizabeth Zambrana Rojas esta no le entregó el dinero de manera efectiva acordado en dicho documento, extremos que se hicieron conocer al Ministerio Público sin que jamás hayan sido considerados. A la fecha tiene una demanda ordinaria de cumplimiento de contrato contra la mencionada, habiéndose convocado a un acuerdo conciliatorio pero no fue llevado a cabo por inasistencia de la nombrada, otorgando el principio de veracidad a la demanda probatoria, sin tomar en cuenta que previamente a la señalada demanda ordinaria solicitó vía notarial el cumplimiento de la entrega del dinero, sin que se le haya entregado el mismo. Tampoco se cumple el segundo elemento, pues no existe ninguna relación de causalidad por la razón que si bien fue suscrito el documento de anticresis, este fue de común acuerdo, sin que haya recibido el dinero y sin que la nombrada le haya solicitado el ingreso al inmueble. No hubo engaño, puesto que existió asentimiento de ambas partes para la firma del contrato, lo que ocurrió es que nunca le entregaron el dinero y menos apareció para ingresar al inmueble. Menos hubo enriquecimiento ilícito, ya que no se le entregó dinero alguno. De igual modo, los elementos constitutivos del delito de amenazas tampoco concurren, tales como: el contenido, seriedad, gravedad e injusticia, idoneidad, medios y modalidades, elemento subjetivo, considerando que existe una simple denuncia que aduce haber proferido amenazas sin establecer cómo, cuándo, dónde y a través de qué medios. Asimismo, formuló incidente de nulidad de la imputación formal presentada el 5 de diciembre de 2016, por cuanto la misma carece de fundamentos y presupuestos procesales, así como de estructura procesal que debe contener toda resolución, conforme lo establecen los arts. 124 y 302 del CPP y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico (LOMP), habiendo realizado en esta una simple reiteración de todo lo señalado en la denuncia planteada en su contra, debiendo considerarse que la supuesta comisión de los presuntos ilícitos penales denunciados se sustentan en la simulación de hechos ilícitos de los que se le acusa y se investiga para pretender beneficiarse económicamente de manera ilegal e indebida. Por lo referido, al existir un contrato de orden civil corresponde que se dilucide en el área civil y no así en la vía penal. En esa imputación se hizo referencia a la existencia de elementos supuestamente indiciarios suficientes, cuyos indicios no guardan ningún tipo de relación con los hechos ilícitos que se investigan y su supuesta participación en los mismos, menos estableció el grado de autoría, basándose únicamente en el informe de 25 de abril de 2016, que sugirió de la ampliación de las diligencias preliminares, así como tampoco se estableció de manera objetiva el peligro de fuga, habiéndose omitido la documentación presentada para desvirtuar dicho peligro procesal por el Fiscal de Materia asignado al caso, ni se cumplió con el peligro de obstaculización. En ese sentido, de acuerdo a lo referido, se presentaron dos medios de defensa, la excepción de falta de acción el 9 de junio de 2016 y el incidente de atipicidad y nulidad de imputación el 9 de enero de 2017, ambos que hasta la interposición de esta acción de defensa no fueron resueltos por la autoridad demandada, agravando su situación legal ante la acusación fiscal presentada. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados La accionante, denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso, a la celeridad procesal, a la defensa, a la impugnación y a la petición, citando al efecto los arts. 24, 115, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada proceda a dar cumplimiento a lo establecido en la norma adjetiva penal, resolviendo la excepción de falta de acción e incidentes de atipicidad y nulidad de imputación formal. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia pública el 30 de noviembre de 2017, según consta en el acta cursante de fs. 137 a 138 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La accionante, a través de su abogado en audiencia, invocando los arts. 128 de la CPE, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ratificó y reiteró el tenor íntegro de la demanda planteada, y ampliando la misma señaló que:
- a)La Ley es clara al señalar que se debe resolver en tiempo oportuno y con celeridad las excepciones para no dar lugar a la vulneración del debido proceso, a la celeridad, a la impugnación y a la defensa; y,
- b)La Jueza demandada indicó "...que ellos no lo hicieron en su momento, y ella cuando lo tuvo tampoco pudo hacerlo, por recarga procesal tal vez..." (sic), refiriendo que ya pidió fotocopias legalizadas y que pretende resolverlo; sin embargo, la vulneración al derecho ya está hecha, los plazos no fueron cumplidos. I.2.2. Informe de la autoridad demandada Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, a través del informe escrito cursante de fs. 134 a 135, manifestó lo siguiente:
- 1)Fue posesionada en ese cargo el 6 de junio de 2017, momento desde el cual asumió el "Juzgado", encontrándose al mismo tiempo en suplencia de su similar Primero hasta agosto del mismo año;
- 2)La accionante mencionó que planteó excepción de falta de acción el 9 de junio de 2016, así también el 9 de enero de 2017 presentó incidente de falta de tipicidad y nulidad de imputación formal, fechas desde las cuales ninguno de los jueces que le antecedieron las resolvieron;
- 3)Cuando asumió la suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la misma localidad y departamento, resolvió memoriales de mayo y abril de 2017 que se encontraban pendientes dándole continuidad al trámite procesal, regularizando procedimiento porque existían irregularidades en su tramitación, toda vez que el proceso se encontraba dividido en dos partes, una radicada en el referido Juzgado y otra parte en el Segundo, tal como se advierte de obrados, unificándose el cuaderno procesal para continuar con los tramites;
- 4)De la revisión de actuados se tiene que la hoy accionante mediante memorial de 31 de mayo de 2017 solicitó conminatoria toda vez que la etapa preparatoria se encontraba vencida, ratificándose mediante memorial de 12 de junio de igual año, por lo que previo informe del Secretario respecto al vencimiento de los plazos procesales conforme dispone el art. 134 del CPP se conminó el 11 de julio de ese año, habiendo el Ministerio Público presentado acusación, en ese sentido el "31 de agosto" de dicho año se la tuvo por presentada, así perdieron competencia para resolver los incidentes, remitiéndose el cuaderno procesal al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero el 16 de agosto de 2017, empero el 2 de octubre del referido año el nombrado Tribunal devolvió el cuaderno procesal para que se resuelvan los incidentes, abriéndose nuevamente su competencia para la resolución de los mismos;
- 5)En ese marco, solicitó informe al Secretario respecto a las notificaciones con los incidentes y si el cuaderno de investigaciones había sido remitido para la resolución de los mismos, informándole que faltaban notificaciones por hacer, así como también el cuaderno de investigaciones no había sido remitido, por lo cual se dispuso se realicen las notificaciones y se oficie al Ministerio Público para que se remita el mencionado cuaderno sin el cual no podría resolver los incidentes toda vez que el mismo fue ofrecido por la ahora accionante como prueba, informándose en forma posterior que el oficio no fue cumplido por lo que mediante decreto de 21 de noviembre ordenó que a efectos de no dilatar más la resolución de los incidentes la parte incidentista presente fotocopias legalizadas del cuaderno de investigaciones, teniendo en cuenta que por mandato del art. 314 del CPP modificado por la -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, le corresponde a la parte impetrante presentar los incidentes ofreciendo prueba idónea y pertinente; y,
- 6)Al no haber vulnerado derechos, solicitó se rechace los argumentos de la accionante y se declare "improcedente" la acción planteada, ordenándose a la impetrante y su abogado ciñan sus actuaciones y haga uso de los recursos que la ley le franquea dentro de la vía ordinaria. I.2.3. Intervención de la tercera interesada Elizabeth Zambrana Rojas, no asistió a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 133 de obrados. I.2.4. Resolución El Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Montero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 18/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 139 a 140 vta., declaró "improcedente" la acción de amparo constitucional; en base a los siguientes fundamentos:
- i)Cursa en obrados excepción de falta de acción planteada por la ahora accionante el 9 de junio de 2016, mereciendo la providencia de 10 de igual mes y año mediante la cual se dispuso el traslado con la misma al Ministerio Público y a la parte denunciante, así también se tiene la interposición del incidente de falta de tipicidad y nulidad de imputación formal de 9 de enero de 2017, por lo que mediante providencia de 10 de ese mes y año se ordenó su traslado a los sujetos procesales para que contesten el mismo en el término establecido por ley;
- ii)De igual manera en obrados se advierte que en una sola ocasión, antes de la formulación de la acusación fiscal, la hoy accionante a través del memorial de 5 de mayo de 2017 solicitó se resuelva la excepción e incidentes planteados; en forma posterior, se tiene un informe del Secretario del referido Juzgado de Instrucción Penal Primero de 26 de junio de ese año, mediante el cual pasó el memorial a Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda -en suplencia, hoy demandada-, quien previamente solicitó se informe si los sujetos procesales están legalmente notificados con las excepciones e incidentes y si el representante del Ministerio Público remitió a despacho el cuaderno de investigaciones, extremo que no fue observado por la hoy accionante, es decir, la nombrada no utilizó los medios legales ordinarios de defensa a efectos del reclamo oportuno de las actuaciones de la autoridad jurisdiccional ahora demandada, siendo evidente que las mismas no fueron resueltas; empero, si la nombrada consideraba que se le causaba agravio debió haber interpuesto recurso de reposición contra la providencia antes indicada conforme al art. 401 del CPP;
- iii)En base a la normativa constitucional vigente y de la jurisprudencia constitucional , entre otras, y conforme a los antecedentes se colige que la parte accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad para la interposición de la presente acción de amparo constitucional, máxime si en forma posterior a la presentación de la acción de amparo se observa que el Tribunal de Sentencia devolvió el cuaderno procesal al Juzgado de origen para que se resuelvan las excepciones e incidentes planteados; y,
- iv)En ese sentido, verificado que no se dio cumplimiento al principio de subsidiariedad, corresponde no ingresar al fondo de la acción. La parte accionante solicitó complementación y enmienda respecto a: "...toda vez que la Juez accionada confiesa que no resolvió los incidentes e incidentes planteados y no obstante que la Constitución prevé la subsidiariedad excepcionalmente también será viable esta acción, aunque no se hayan agotado los recursos ordinarios, cuando la protección resulte tardía, o exista la inminencia de un daño irremediable..." (sic), existiendo retardación por cuanto el plazo establecido para la resolución de incidentes es de cinco días, habiendo transcurrido más de un año. En ese sentido el Juez de garantías declaró no ha lugar a la mencionada solicitud de complementación y enmienda, señalando que al haberse devuelto los antecedentes del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero al Juzgado de origen para que se resuelvan la excepción y los incidentes planteados, no se puede referir un daño irreparable para la consideración de la presente acción tutelar y la omisión de la consideración del principio de subsidiariedad. II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:
II.1. Consta memorial presentado el 9 de junio de 2016 por la hoy accionante, ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra, por la presunta comisión de los delitos de estafa y amenazas, por el que planteó la excepción de falta de acción (fs. 38 a 40 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 9 de enero de 2017, dentro del proceso penal señalado supra, la ahora accionante formuló incidente de falta de tipicidad y nulidad de imputación formal (fs. 43 a 51 vta.). II.3. Cursa memorial presentado el 6 de abril de 2017, por la hoy accionante ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del citado departamento, por el cual solicitó la suspensión de audiencia cautelar, en tanto se resuelvan los incidentes formulados; mereciendo el proveído de igual fecha en la que se le señalo que se considerará en audiencia (fs. 20 a 21 vta.). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso, a la celeridad procesal, a la defensa, a la impugnación y a la petición, denunciando que la Jueza ahora demandada no resolvió hasta la presentación de esta acción de amparo constitucional la excepción de falta de acción planteada el 9 de junio de 2016, ni el incidente de falta de tipicidad y nulidad de imputación formal interpuesto el 9 de enero de 2017. Precisado el problema jurídico planteado, corresponde verificar y en su caso determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales invocados, a fin de conceder o denegar la protección exigida. III.1. Jurisprudencia reiterada sobre el principio de inmediatez, presupuesto constitucional de inexcusable cumplimiento que reviste a la acción de amparo constitucional
Mostrando 7 de 32 parrafos.