0208/2019-CA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0208/2019-CA Sucre, 2 de septiembre de 2019

Expediente: 30508-2019-62-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz

La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Edwin Mario Rodríguez Espejo, Senador Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 8, 23, 81, 229 y 231 de la Ley de Minería y Metalurgia (LMM) -Ley 535 de 28 de mayo de 2014-; por ser presuntamente contrarios a los arts. 270, 298.I.12 y II.4; 300.I.29 y 36; 302.I.19, 20 y 26; 305; y, 351.I y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN

I.1. Argumentos jurídicos de la acción

Por memorial presentado el 22 de agosto de 2019, cursante de fs. 3 a 15 vta., el accionante manifestó que con relación al art. 8 de la LMM, este redefine y amplia el alcance competencial otorgado por la Ley Fundamental al nivel central del Estado sobre los recursos naturales estratégicos, confiriéndole la facultad exclusiva de definir las políticas mineras, contraviniendo el catálogo de competencias determinado por la Constitución Política del Estado; asimismo, en cuanto a la creación de empresas públicas relacionadas con la actividad minera, el citado artículo contrastado con el art. 298.I.12 de la Norma Suprema, refleja que la competencia privativa del nivel central solamente recae sobre las empresas estratégicas y no así respecto de otras de carácter público relacionadas a la minería; vale decir, otros niveles de gobierno, con lo cual queda desvirtuado el art. 351.I de la Ley Fundamental, ya que, restringe a toda entidad que quiera realizar actividad en el campo de la minería y limita su intervención en la cadena productiva.

Los arts. 300.I.29 y 302.I.26 de la CPE, establecen que los gobiernos autónomos departamentales y municipales dentro de sus competencias exclusivas pueden crear empresas públicas sin restringir el tipo de actividad, aspecto que concuerda con el 351.I de la misma disposición constitucional, de ahí que la referida Ley de Minería y Metalurgia, tergiversa el entendimiento constitucional, arribando a un errado criterio de que sea únicamente el nivel central del Estado el que centralice el control y definición sobre los recursos naturales mineros estratégicos, coartando la participación de los gobiernos autónomos departamentales como municipales; asimismo, al establecer la forma de intervención del Estado en la cadena productiva minera, indica que lo hará a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, dentro de ello se encuentran las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), las cuales por su carácter autonómico, no pierden de forma alguna su naturaleza de pública, comprendidas en el ámbito de aplicación del art. 3 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG), a partir de ello y de acuerdo a lo previsto por el art. 351 de la Norma Suprema, pueden intervenir en la cadena productiva minera en cualquiera de sus fases y sin impedimento alguno.

Respecto al art. 23.I de la LMM, despoja a los departamentos y municipios mineros toda posibilidad de participar en las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, fundición o refinación y comercialización, no permite constituir unidades o empresas mineras departamentales, regionales y/o municipales, aspecto contrario a lo dispuesto en el art. 351.II de la Ley Fundamental, relacionado con las competencias exclusivas de creación de empresas públicas asignadas a los gobiernos autónomos departamentales y municipales -arts. 300.I.29 y 302.I.26 de la CPE-; por lo que, existe un criterio errado de que las ETAs no serían entidades públicas. En cuanto al art. 23.II cuestionado, obliga a los gobiernos autónomos departamentales intervenir únicamente en los procesos de transformación e industrialización a través de empresas públicas "intergubernamentales" y limitando su competencia exclusiva de crear empresas estatales.

En cuanto a los arts. 81.II inc. e) y 229 de la LMM, confisca a los gobiernos autónomos departamentales las regalías mineras que perciben en un 10%, lo cual vulnera el principio de autogobierno y autonomía económico-financiera, atentando su competencia exclusiva de administración de regalías mineras establecido por el art. 300.I.36 concordante con el 341.1 ambos de la CPE, correspondiendo al nivel de gobierno departamental definir el destino que se le dará a esos recursos; sin embargo, el 85% se dispone arbitrariamente y un 10% para sostener a una institución descentralizada bajo tuición del gobierno central como es el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERGIOMIN), que por su naturaleza jurídica debería contar con patrimonio propio, ser auto sostenible, en todo caso si el nivel central desea dotarle de fuentes de financiamiento debiera ser con cargo al Tesoro General del Estado (TGE), pero de ninguna manera traspasar la carga económica al presupuesto de los gobiernos autónomos departamentales, hecho que lesiona dos competencias exclusivas, la aprobación de su presupuesto y la administración de las regalías mineras, establecidas en los arts. 300.I.26 y 36 de la Ley Fundamental.

El art. 351.IV de la Norma Suprema, prevé que las regalías son un derecho y una compensación por su explotación, lo cual es transgredido por las normas impugnadas; asimismo, vulneran lo previsto en el art. 305 de la CPE concordante con el art. 5.18 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" (LMAD), sobre la obligatoriedad de asignar competencias con la respetiva previsión de recursos económicos a las ETAs, además, cercena el 10% de la regalía de los gobiernos autónomos departamentales, ya que no asigna ningún recurso adicional para el ejercicio de la industrialización y su participación en la cadena productiva minera.

En cuanto al art. 231 de la LMM, denunciado de inconstitucional, dispone la distribución de la recaudación por concepto de patente minera de prospección, exploración y explotación, entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y SERGEOMIN, al ser esta última descentralizada, debiera contar con patrimonio propio y no ser sostenida con los recursos provenientes de la patente minera.