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TCP

0208/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de mayo de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0208/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0208/2019-S2 Sucre, 10 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 23401-2018-47-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 04/2018 de 3 de septiembre, cursante de fs. 947 vta. a 949 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Walter Boris Escobar Torrez, Presidente Ejecutivo a.i. del Directorio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) contra Pastor Segundo Mamani Villca, Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero Segovia, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rita Susana Nava Durán, Norka Natalia Mercado Guzmán, Fidel Marcos Tordoya Rivas; y, José Antonio Revilla Martínez, Maria Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Ricardo Torres Echalar, Carlos Alberto Egüez Añez, Edwin Aguayo Arando, Olvis Egüez Oliva, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, ex y actuales Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 y 28 de marzo de 2018, cursantes de fs. 69 a 81 vta.; y, 96 a 101 vta., el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Luego de promulgada la Ley de Capitalización -Ley 1544 de 21 de marzo de 1994-, los ex Ejecutivos de ENFE, en 1996 transfirieron a la Asociación Accidental Virgen de Urkupiña, a través de licitaciones públicas, predios de propiedad del Estado, cuyos valores de venta no guardan relación con el precio resultante. Ante esta circunstancia y luego de un informe de auditoría especial, un dictamen de responsabilidad civil por daño económico y un proceso civil, anulado ante la última instancia jurisdiccional ordinaria (Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2011-), interpusieron un proceso contencioso ante el Tribunal Supremo de Justicia, demandando la nulidad de las mencionadas transferencias, la cancelación de su registro en Derechos Reales (DD.RR.) del departamento de Cochabamba, la reivindicación de los tres inmuebles a favor de ENFE y el pago de daños y perjuicios, demanda resuelta por la Sala Plena del citado Tribunal, mediante la Sentencia 384/2017 de 6 de junio, declarando improbada la misma. Sentencia que en su contenido, se advirtió las siguiente imprecisiones e incongruencias:

  1. a)Omitieron considerar lo establecido por el art. 158.I.13 de la Constitución Política del Estado (CPE), relativo la aprobación de la enajenación de bienes de dominio público del Estado por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, contenido en ese momento en el art. 59.7 de la Constitución Política de Estado abrogada (CPE abrog.), aplicando el Decreto Supremo (DS) 24177 de 8 de diciembre de 1995, por encima de la norma constitucional;
  2. b)No se refirieron a la auditoria especial realizada al proceso de transferencia de los inmuebles de la empresa y tampoco consideraron que por dicha transferencia solo se pagó el 50 %, debiendo cubrirse el saldo en el término de un año, lo que no fue cumplido;
  3. c)La indicada Sentencia no explica por qué llegaron a concluir, que la venta de los inmuebles de la empresa no necesitaba la aprobación a través de una ley, por una parte y por otra sostienen que se tratarían de bienes del Estado; por lo que, se requería de una ley para su transferencia, para luego concluir que éstos podían ser enajenados sin restricción alguna, bienes que además no fueron precisados en su afectación.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La entidad accionante alega la lesión de sus derechos de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus garantías mínimas o componentes del derecho a la defensa, a la congruencia motivación y fundamentación de las decisiones judiciales, citando al efecto los arts. 109.I, 115.I, 116, 117, 121, 178 y 180 de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la acción de amparo constitucional presentada, y se disponga:

  1. 1)Dejar sin efecto la Sentencia 384/2017;
  2. 2)Que las autoridades ahora demandadas emitan nueva sentencia resolviendo correcta y objetivamente la problemática planteada, pronunciándose expresamente sobre todo lo solicitado en el proceso contencioso, conforme a los fundamentos jurídico constitucionales; y,
  3. 3)Se condene en costas.

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional

El Juez Público de Familia Octavo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 421/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 82 a 83 vta., declaró la improcedencia de la presente acción de amparo constitucional, al no haber solicitado la explicación, complementación y enmienda de la Sentencia 384/2017, ni adjuntar los elementos probatorios que supuestamente no fueron considerados en el proceso, conforme a los extremos que pretendía demostrar, añadiendo a ello la legitimación pasiva, por cuanto fueron demandados los ex Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuando ya ninguno de ellos ejerce estas funciones en la actualidad.

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

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