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TCP

0208/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0208/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0208/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 55794-2023-112-AL Departamento: Beni

En revisión la Resolución de 20 de mayo de 2023, cursante de fs. 43 vta. a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Mariela Herrera Rodríguez en representación sin mandato de Justo Abel Mocho Mato contra Javier Ribert Antelo, Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 9 a 12, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

De acuerdo al Certificado de Permanencia y Conducta de 21 de abril de 2023, emitido por el Director del Centro Penitenciario de Riberalta de Beni, se puede evidenciar que se encuentra con detención preventiva por diecisiete años, nueve meses y diecinueve días, medida ordenada el 9 de octubre de 2004, por Joaquín Antonio Iriarte Gaztelu, "Juez de Instrucción Penal cautelar de Riberalta", por el supuesto delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), fecha desde la cual no cuenta con una sentencia que demuestre su inocencia o culpabilidad, mostrando una clara vulneración flagrante a sus derechos humanos; en ese sentido, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (SEPDEP), tomó conocimiento de su caso el 4 de mayo de 2023, a efectos de restituir sus derechos vulnerados; por lo que, el 5 de ese mismo mes y año, presentó solicitud de cesación de su detención preventiva, conforme lo establece el art. 239, III del Código de Procedimiento Penal (CPP) que indica que se puede solicitar la cesación cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; puesto que, solicitó ante el Juzgado Instrucción Penal Primero de Riberalta del mismo departamento, debido a que en la fecha en que se emitió el mandamiento de detención existía un solo juzgado de instrucción penal; sin embargo, el memorial presentado no fue objeto de resolución ni de pronunciamiento de fondo incumpliendo plazos procesales establecidos en la normativa legal, a pesar de cumplir con la carga probatoria y haberse acreditado el tiempo de la detención preventiva y demostrado que el Juzgado de origen de donde emergió el mandamiento de detención fue el Juzgado Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, conforme se puede corroborar del Certificado de Permanencia y Conducta de 21 de abril de 2023, que se adjuntó la solicitud planteada, que si bien no menciona ni señala el juzgado; empero, se supone que al existir un solo juzgado el 2004, los juzgados de nueva creación debían ser informados sobre los casos anteriores.

Por tal motivo el 10 de mayo de 2023, mediante memorial reiteró la solicitud de cesación de su detención preventiva y en esa misma fecha el SEPDEP fue notificado, con un decreto de 9 de igual mes y año, con fotocopias simples sobre los supuestos actos procesales realizados por su persona, donde tampoco se ingresó al fondo de la problemática planteada ni se pronunció de manera clara ni concreta sobre la solicitud realizada; puesto que, se debía responder diligentemente a la solicitud de cesación de su detención formulada en cumplimiento al art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); en ese mismo sentido, ante el informe elaborado por la Secretaria del referido Juzgado quien informó que de la revisión del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), registros de libros y cuadernos de control jurisdiccional se puede evidenciar que no existían antecedentes o documentación alguna en el proceso de acción directa por parte del Ministerio Público contra su persona, ante lo cual el Juez hoy accionado por decreto señaló que en atención al informe de dicha Secretaria se oficie a la unidad de archivo del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, para que remita un informe con relación a la causa, bajo el principio de celeridad en un plazo de veinticuatro horas; asimismo, se notifique al Fiscal de Materia con el oficio en relación al presente caso.

El decreto de 9 de mayo de 2023, en repuesta al memorial presentado por la abogada del SEPDEP, manifestó que en el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación, el proceso de referencia no se encontraba radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; por lo que, sin mayor fundamento determinó que la autoridad competente fue la establecida por el art. 55 del CPP, ordenando notificar al SEPDEP y a su persona, lo que muestra que el Juez hoy accionado no respondió a la solicitud planteada, sin admitir ni rechazar la solicitud y desconociendo asumir el control jurisdiccional del presente caso, siendo que se constituye en Juzgado de origen de la presente causa y remitiendo la causa a una autoridad que no tiene competencia para atender dicha solicitud; puesto que, el único documento que demuestra el estado de la situación jurídica de su persona es el Certificado de Permanencia y Conducta de 21 de abril de igual año, donde se evidencia que aún es detenido preventivo; ya que, considera que corresponde al Juez de origen ejercer el control jurisdiccional y resolver de manera positiva o negativa de manera fundada la solicitud de cesación y definir su situación jurídica.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

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