Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0209/2019-RCA Sucre, 23 de julio de 2019
Expediente 29726-2019-60-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 7 de mayo de 2019, cursante de fs. 1845 a 1848, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Lola Ayala Siancas en representación legal de María Ricarda Siancas Vda. de Ayala contra Santiago Maldonado Veizaga, Juez de Ejecución Penal Tercero; y, Liliana Romero Espinoza, Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidadora y de Sentencia Quinta, ambos del departamento de Cochabamba. I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 25 de abril y 2 de mayo, ambos de 2019, cursante de fs. 1830 a 1840 vta.; y, 1844, la accionante a través de su representante alega que el 11 de septiembre de 1998, en la Tranca de Colomi, carretera Cochabamba-Santa Cruz, se incautó 70.480 gramos de pasta base de cocaína en estado seco que se encontraban en el interior del camión marca Isuzu, con placa de control CSD-704 conducida por su hijo, Leoncio Ayala Siancas -fallecido a la fecha de haber sido interpuesta esta acción tutelar-, a quien además le fueron incautados $us530.- (quinientos treinta dólares estadounidenses); y, Bs145.- (ciento cuarenta y cinco bolivianos), procediéndose inclusive con la requisa del bien inmueble situado en calle Independencia 109, acera este del Mercado "Capitán Lozada" de la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba, que fuera adquirido el "4" de abril de 1951 por su mandante; es decir, antes de enterarse de las actividades presuntamente ilícitas en la que incurrió el nombrado, lugar en el que no se encontró un solo gramo de pasta base de cocaína o algún elemento para su fabricación, por lo que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de manera abusiva presumió que dicho inmueble era de propiedad del sindicado, lo cual no es evidente debiendo procederse a la devolución y/o restitución de los bienes incautados a terceros, conforme determina el art. 104 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L1008) -Ley 1008 de 22 de julio de 1988-.
Posteriormente, el 4 de enero de 2019, planteó incidente de tercería de dominio excluyente ante la Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidadora y de Sentencia Quinta del departamento de Cochabamba, respondido por decreto de 7 de igual mes y año, que determinó estese a los datos del proceso, toda vez que solicitudes anteriores habrían sido rechazadas "in limine" mediante "Autos" de 24 y 31 de octubre de 2018; sin embargo, estos son decretos, el primero indicó que debe estar al procedimiento del art. 255 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y el segundo, a mérito de la reposición planteada explicó que es un proceso en liquidación, el cual corresponde tramitarse con la Ley del Régimen de la Coca y Sustancia Controladas, debiendo acudir al juez de ejecución penal; por consiguiente, pese a no estar de acuerdo con dicha interpretación se apersonó ante el nombrado Juez del departamento de Cochabamba hoy demandado, planteando nuevamente la tercería de dominio excluyente, quien mediante decreto de 20 de noviembre 2018, se declaró sin competencia para resolver dicho incidente, afirmando que solo pueden recurrir a él, el condenado y el Ministerio Público, dejándola en la incertidumbre, negándole el acceso a la justicia, puesto que debió suscitar un conflicto de competencia. En ese orden, al no ser apelables los decretos emitidos por las autoridades ahora demandadas, acude ante la justicia constitucional que tiene plena competencia para ingresar al análisis y disponer la anulación de las determinaciones de los demandados que presentan un defecto procedimental, al desviar el procedimiento fijado por ley.
Por lo expuesto, debe considerarse que:
- a)La derogatoria del art. 104 de la L1008, no causa efecto mientras subsistan procesos en liquidación, como erróneamente aseveró el Juez de Ejecución Penal nombrado -decreto 20 de noviembre de 2018-;
- b)Las autoridades demandadas no se pronunciaron respecto al incidente de tercería de dominio excluyente planteado, obviando la verdad material a través de una interpretación formal, arbitraria e ilegal sobre el apersonamiento, lesionando los derechos a la defensa, a la "seguridad jurídica" y a la garantía del debido proceso, así como el principio de legalidad;
- c)Las determinaciones asumidas por los jueces cuestionados, son ilegales al carecer de fundamento jurídico sustentable y razonable, vulnerando el debido proceso en su elemento al derecho a la defensa y su vertiente de legalidad, basándose en argumentos contradictorios y violatorios del principio de seguridad jurídica;
- d)El derecho al debido proceso en su presupuesto de legalidad fue transgredido, puesto que las autoridades judiciales recurridas asumieron una acción de hecho y no de derecho, anteponiendo formalidades y no la verdad material, omitiendo impulsar un conflicto de competencias que es inherente a las mismas y pretendiendo la aplicación del nuevo procedimiento penal en un proceso de liquidación, más aún el Juez de Ejecución Penal demandado, sin fundamentación alguna y a través de un simple decreto señaló no ser competente para resolver el incidente de tercería de dominio excluyente;
- e)La verdad material es un principio constitucional que supera la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, respondiendo a la realidad y superando dicha limitación para que el juzgador defina derechos y obligaciones sin distorsionar los hechos, debiendo tenerse presente que en el caso concreto es una verdad innegable que el bien inmueble objeto de litis fue adquirido por su poderdante en 1951;
- f)Se vulneró el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, además del derecho a la defensa, debido a que los demandados imposibilitaron que se imprima el trámite correspondiente al único incidente que es posible interponer en ejecución de sentencia en materia de sustancias controladas, poniendo a la peticionante de tutela en un absoluto estado de indefensión, pretendiendo que esta ceda su bien inmueble a favor del Estado por un error judicial; y,
- g)Los Jueces denunciados incurrieron en una incongruencia omisiva al haber dictado un simple decreto sin mayores fundamentos en un incidente planteado en ejecución de sentencia, toda vez que la verdad material debe ser aplicada ante cualquier formalismo, caso contrario se afectarían derechos y garantías constitucionales, al negar el derecho de acceso a la justicia, impidiendo que su mandante asuma defensa plena y dejándola en el "limbo" (sic), sin derecho a reclamo alguno.
En ese contexto, siendo que la peticionante de tutela cuenta con noventa y seis años de edad, debe considerarse que el hecho de comunicarle que el bien inmueble de su propiedad fue confiscado y que la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) pretende su remate, la afectará psicológicamente, lo que pondría en riesgo su vida; por lo que, no concederse la tutela sería contrario a los derechos y garantías constitucionales y tratados internacionales que la asisten como persona adulta mayor.
I.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa; y, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 incs. d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I.3. Petitorio
Solicita que se conceda la tutela, determinándose:
- 1)La nulidad de obrados hasta que el incidente de tercería de dominio excluyente planteado en ejecución de sentencia sea resuelto de acuerdo a ley; y,
- 2)La condenación de costas, daños y perjuicios a las autoridades demandadas.
Asimismo, requirió la aplicación de medidas cautelares consistentes en:
- i)La suspensión de la ejecución de sentencia de primera instancia hasta que la presente acción tutelar sea resuelta por el "Tribunal de garantías"; y,
- ii)Que la Jueza codemandada y DIRCABI se abstengan de efectuar cualquier desalojo o apartamiento del bien inmueble en cuestión, debiendo considerarse que su persona pertenece a un grupo de vulnerabilidad como adulta mayor.
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