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TCP

0209/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0209/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0209/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 56234-2023-113-AL Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 11/2023 de 13 de junio, cursante de fs. 32 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vladimir Lazcano Barrancos y Linber Arancibia Solis en representación sin mandato de Douglas Rodríguez García contra Jaime René Conde Andrade, ex Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes sin mandato por memorial presentado el 12 de junio de 2023, cursante de fs. 4 a 7, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 16 de mayo de 2023, el Ministerio Público presentó imputación formal y consiguiente solicitud de aplicación de medidas cautelares contra su persona, solicitando se aplique la detención domiciliaria y otras para asegurar con lo previsto por el art. 221 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente el 31 de igual mes y año, se emitió el Auto Interlocutorio, mediante el cual el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, dispuso la medida cautelar de detención domiciliaria y otras medidas para garantizar su presencia a lo largo del proceso, contra el indicado Auto Interlocutorio, la victima presentó apelación incidental sin establecer agravios. Finalmente, el 9 de mayo -siendo lo correcto junio- del mismo año, el Vocal hoy accionado, revocó la detención domiciliaria asumida por la Jueza de primera instancia, disponiendo la detención preventiva por el plazo de sesenta días.

El Vocal ahora accionado, estableció como argumento arbitrario, que la víctima solo debe fundar el plazo de la medida de detención preventiva; que la inspección ocular a realizarse "es de 60 días", y que solo la detención preventiva asegurará los actos de investigación; a pesar que, esos actos de investigación no fueron solicitados por la víctima en sus proposiciones de investigación; si bien, la detención preventiva constituye un mecanismo que asegura la realización de la inspección ocular y la reconstrucción de los hechos como establece el art. 179 del CPP; sin embargo, es un acto voluntario de aceptación o participación. I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, en sus elementos de fundamentación y congruencia; citando al efecto los arts. 13, 109, 110 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 243/2023 de 9 de junio y se emita uno nuevo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que:

  1. a)A través de esta acción tutelar están cuestionando el Auto de Vista 243/2023;
  2. b)El 31 de enero de 2023, la ahora tercera interviniente formuló una denuncia contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar "en su vertiente física", por efecto de ello, el 31 de mayo de igual año, se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, oportunidad en la que la víctima, solicitó la medida extrema de detención preventiva basándose en la probabilidad de autoría y el peligro de fuga en el marco del art. 234 núms. 5, 6 y 7 del CPP. Con base a esta argumentación la Jueza de la causa, emitió el Auto Interlocutorio de la misma fecha, estableciendo como fundamentos la probabilidad de autoría sobre las lesiones producidas a la víctima, y la concurrencia de lo establecido por el art. 234 núms. 5 y 7 del citado Código, en el entendido de que existe el antecedente de que hubiese una salida alternativa por un delito de violencia doméstica y el peligro efectivo para la víctima y la sociedad, tomando como parámetro la , estableciendo, que no es necesaria la aplicación de la detención preventiva para la realización de la pericia psicológica y tampoco para la realización de la inspección al lugar de los hechos;
  3. c)La víctima apeló la decisión, señalando que es incorrecta la aplicación de la ley; ya que, la Jueza de primera instancia al no tomó en cuenta la autoría y los riesgos procesales establecidos por el art. 234 núm. 1 y 7 del CPP; puesto que, el imputado no solo representa un peligro para la víctima sino también para la sociedad, y que solo se mencionó la agresión a la madre, a pesar que el imputado también agredió a su hija menor en forma física;
  4. d)En el Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2023, se establecieron los siguientes fundamentos, los cuales a su parecer la Jueza de la causa no los consideró desde el enfoque interseccional de género, entre ellos:
  5. 1)La probabilidad de autoría en el hecho de agresión a la hoy tercera inteviniente;
  6. 2)Que las agresiones fueron colaboradas por la teoría fáctica de los hechos expresados como parámetros de como hubiesen ocurrido;
  7. 3)El certificado médico y los otros elementos de convicción señalados en el formulario de denuncia;
  8. 4)Tomó en cuenta el riesgo procesal establecido por el art. 234 núms. 5 y 7 del CPP; además, de mencionar que se debieron tomar en cuenta los parámetros establecidos en la , sobre el riesgo de fuga y el peligro efectivo para la víctima con relación a los delitos de violencia contra la mujer; y,
  9. 5)A través de la , efectuó una interpretación del art. 15 de la CPE, y con base a esos fundamentos, declaró la procedencia del recurso de apelación formulada por la víctima, disponiendo la detención preventiva para su persona por el plazo de sesenta días;
  10. e)El Auto de Vista 243/2023 no se encuentra dentro de los parámetros de legalidad, al no estar fundado y motivado con base en los fundamentos establecidos por la víctima, quien refirió infracción a la ley y la existencia de autoría, peligro de fuga y obstaculización en el marco de los arts. 233 núm. 1 y 234 núms. 5 y 7 del CPP y no pidió consideración desde el enfoque interseccional de género;
  11. f)La Resolución cuestionada no específica qué actos de investigación se realizarán dentro del término de los sesenta días para la aplicación del art. 221 del CPP, lo que lógicamente crea una situación de indefensión y la vulneración del art. 115.II de la CPE, porque bastaría que se acredite la autoría y los peligros procesales para que proceda la detención preventiva en todos los casos y eso según lo establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional sería un anticipo de pena, lo que vulneraría el principio de presunción de inocencia, al no haberse tomado en cuenta los principios establecidos por el art. 7 del CPP respecto a la aplicación de las medidas cautelares, que establecen que la medida es excepcional y cuando existe duda se debe estar a lo más favorable al imputado;
  12. g)El referido Auto de Vista, resulta arbitrario al no dar una respuesta clara y precisa sobre los puntos agraviados;
  13. h)Se presentó un Disco Compacto (CD) como elemento probatorio para demostrar que el proceso penal fue manipulado; debido a que, por medio de dos llamadas telefónicas se pidió dinero y se estableció como debería realizarse ese trabajo;
  14. i)El plazo de la detención preventiva no puede estar a capricho del Vocal ahora accionado; puesto que, el art. 279 CPP, prohíbe a los jueces realizar actos investigativos;
  15. j)De acuerdo al art. 239 del citado Código se establece la posibilidad de plantear la cesación de la detención preventiva, con los argumentos expuestos en la decisión adoptada no podría plantear una cesación, porque estarían sujetos a los actos investigativos que la víctima hubiese propuesto, y que lógicamente daría lugar a una ampliación de la detención preventiva dispuesta;
  16. k)No se puede aplicar el enfoque interseccional sino se cumplen los tres requisitos establecidos por el art. 233 del CPP;
  17. l)El mencionado Vocal en el referido Auto de Vista que impuso la medida cautelar de detención preventiva, señaló que se determinó la autoría sobre las agresiones físicas en presencia de la hija menor de la víctima, sin que se tenga un nexo causal entre la conducta que realizó y la agresión física que se menciona en la querella y denuncia de la víctima; asimismo, dicho Vocal, se refirió al informe psicológico, en el cual no existe referencia de agresiones a la víctima, además de existir contradicciones en el tiempo en que hubiesen ocurrido los hechos, en ese sentido, debió aplicarse lo dispuesto en el , que establece que, al no haber certeza en tiempo y lugar se debe aplicar el principio en favor del reo;
  18. m)Diez días después de ocurrido el hecho la supuesta víctima intentó comunicarse con sus familiares, pidiendo que se disponga una parte del domicilio donde actualmente vive su persona; que le pida la mano en matrimonio; y, que le cancele un año de alquiler;
  19. n)Para determinar la existencia de riesgos procesales no se consideró su personalidad, trasuntada en el certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y el certificado donde se indica que anterior al hecho no tenía una conducta reprochable, y tampoco el Fiscal de Materia ni la parte querellante demostraron que su persona fue un riesgo para la sociedad; ñ) En el marco del art. 234 del CPP el Vocal hoy accionado tomó en cuenta cinco parámetros para disponer la detención preventiva; sin embargo, ninguno de ellos se encuentra fundado respecto al principio de proporcionalidad, la idoneidad y la necesidad de aplicación de una medida cautelar, la realización de la inspección del lugar de los hechos, no es justificativo debido a que su participación a dicho acto es voluntario;
  20. o)El mencionado Vocal vulneró el debido proceso en cuanto a la aplicación de la medida cautelar al no observar lo dispuesto por el art. 22 del CPP, al no existir necesidad, cualidad o idoneidad para referir la detención preventiva, tampoco señaló que las demás medidas adoptadas por la Jueza de primera instancia fueran ineficaces para salvar el riesgo procesal advertido; y,
  21. p)Dicho Vocal de manera arbitraria refirió que la proporcionalidad se aplica de diferente manera cuando se trata de denuncias bajo la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, desconociendo que todos somos iguales ante la ley.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe presentado el 13 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 22, manifestó que:

  1. i)En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante a denuncia de la hoy tercera interviniente por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 9 de igual mes y año, se pronunció la Resolución de apelación incidental de medida cautelar contra el Auto Interlocutorio de 31 de mayo de ese año, con base en los siguientes argumentos:
  2. a)Respecto a la apelación del accionante, no se acogieron los motivos de la apelación, porque se consideró que no está en debate la probabilidad de autoría al no haberse reclamado dicho aspecto;
  3. b)Con relación a la concurrencia del art. 234 núm. 7 del CPP, señaló que el Auto Interlocutorio de igual fecha, cumplió con la debida fundamentación apoyada en la ; debido a que, ese riego se evalúa considerando la conducta previa y posterior a los hechos de agresión, en ese sentido, manifestó que en el caso concreto, de acuerdo a la declaración de la víctima y su hija menor de edad, las agresiones datan desde que el accionante comenzó a vivir con la víctima, durante el hecho el nombrado mostró una actitud prepotente, incluso cuestionando el rol que cumplían los funcionarios policiales; además, de volver al domicilio y traspasar una pared para volver a agredirla, respecto al comportamiento posterior, el accionante no solo volvió a agredir a la víctima sino también a su hija menor de edad en forma física y presumiblemente también de manera sexual, lo que demostró que el accionante es una persona sumamente agresiva al aprovecharse del grado de vulnerabilidad de la víctima y la diferencia de fuerzas que existe, constituyéndose un peligro para la nombrada y la sociedad; y,
  4. c)Respecto al agravio de inobservancia del principio de proporcionalidad: señaló que, se debe considerar, que la aplicación de las medidas cautelares en delitos contenidos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia es diferente a los delitos ordinarios; puesto que, es obligación de las autoridades judiciales en la etapa investigativa o preliminar de oficio la observancia de la perspectiva de género en delitos de violencia familiar o doméstica con el propósito de erradicar la violencia hacia las mujeres como una forma de discriminación en razón de género;
  5. ii)Con relación a la apelación de la víctima la hoy tercera interviniente, respecto a la incorrecta aplicación de la ley con relación a los riesgos procesales establecidos por el art. 234 núms. 5 y 7 del CPP, con el argumento de que la Jueza de la causa, a pesar de evidenciar que el accionante es un peligro para víctima y la sociedad e incluso agredir a la hija menor de la víctima, no dispuso su detención preventiva, en ese sentido, su autoridad consideró la necesidad de aplicación de medidas cautelares personales en razón a los siguientes aspectos:
  6. 1)Existe la probabilidad de autoría del accionante respecto a las agresiones físicas que sufrió la ahora tercera interviniente en presencia de su hija menor de edad, aspecto corroborado por su declaración, y que fue verificado por la Jueza de primera instancia;
  7. 2)Que de acuerdo a las declaraciones de la víctima, las agresiones no solo serían en contra de ella, sino también en contra de su hija menor de edad, quien también resulta ser víctima de ese presunto hecho de violencia familiar;
  8. 3)De acuerdo con los términos de la entrevista psicológica a la menor de edad, en la parte sobresaliente, la nombrada refiere que el accionante agredió físicamente a su mamá luego de asistir a una kermesse, después entró a su cuarto y la golpeó en su pecho en el suelo, y llamó a la Policía Boliviana, el accionante se fue; empero, después retornó nuevamente a golpear a su mamá -hoy tercera interviniente- para luego ingresar a su cuarto rompiendo la puerta y allí le agarró de las muñecas, levantándole sus manos hacia arriba, empezó a tocar sus partes íntimas y cuando ingresó su mamá la sacó al patio, y su mamá le dijo que se quede en su cuarto del cual no salió por tres días, pidió que el accionante no vuelva más a su casa por temor que le realice más actos;
  9. 4)De acuerdo a lo expresado por la Jueza de la causa, se evidenció la existencia del riesgo procesal establecido por el art. 235 núm. 5 del CPP, debido a que el Fiscal de Materia produjo en audiencia el extracto del Sistema JL1 que acreditó que el accionante tuvo dos procesos, los cuales se encuentran cerrados, el primero con salida alternativa por lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y el segundo por el delito de violencia familiar y doméstica, lo que demuestra la concurrencia de dicho riesgo procesal;
  10. 5)Respecto a la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 234 núm. 7 del citado Código, la referida Jueza, en el marco de la estableció que, ese riesgo se evalúa considerando la conducta previa, durante y posterior al hecho de agresión, en caso de autos, conforme la narración de la hoy tercera interviniente y de su hija menor de edad, las agresiones físicas y verbales datan desde que el accionante comenzó a convivir con la ahora tercera interviniente, durante el hecho, el nombrado mostró una actitud prepotente, cuestionando incluso el rol de los funcionarios policiales y con relación al comportamiento posterior al hecho, el accionante volvió a agredir a la ahora tercera interviniente y además a la hija menor de edad, en forma física y presuntamente sexual, constituyéndose un peligro efectivo para la víctima y la sociedad;
  11. 6)Que de acuerdo al , se debe considerar la regla de credibilidad de la declaración hecha por una niña, niño o adolescente, en base al principio procesal de presunción de verdad; y,
  12. iii)Esos puntos no fueron considerados por la Jueza de la causa, desde el enfoque interseccional de género, a pesar de haber citado la , no obstante ello, estableció que el riesgo procesal respecto al peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados a la violencia contra la mujer, que da lugar a la detención preventiva, es una medida restrictiva de la libertad personal, dispuesta de manera excepcional y provisional por la autoridad jurisdiccional competente, por la necesidad de evitar la fuga del imputado, asegurar la veracidad de la verdad y el desarrollo del proceso, en consecuencia, en el caso concreto, efectuando una valoración integral de los hechos ocurridos y sus características además de la existencia de dos víctimas que son madre e hija, debe aplicarse la medida cautelar de detención preventiva de manera excepcional, en el marco de la obligación que tienen los jueces de resolver los casos de violencia familiar con base a criterios de género con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, de lo contrario se produciría una re victimización; por lo que, la respuesta de las autoridades no sería satisfactoria, al margen de la existencia de una menor víctima de violencia familiar quien manifestó su temor de encontrarse con el accionante.
I.2.3. Participación de las terceras intervinientes

Ana Isabel Choque Choque, a través de su abogado en audiencia manifestó que:

  1. a)El accionante no establece en cuál de los elementos fundó la acción de libertad interpuesta, si bien refiere al art. 124 del CPP para justificar la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia; empero, no identifica qué parte del Auto de Vista 243/2023 no estuviese fundamentado;
  2. b)El referido Auto de Vista, se encuentra debidamente fundamentado con base a la prueba documental que la respalda y explicó las razones por las cuales le llevó a tomar la indicada decisión;
  3. c)La solicitud de detención preventiva fue efectuada por la víctima y no por el Fiscal de Materia, quien solo tiene la obligación de fundamentar la duración del plazo y no puede pronunciarse sobre qué actos investigativos se tienen que llevar adelante;
  4. d)Para la duración de la detención preventiva se consideró la realización de pericias psicológicas, reconstrucciones e inspección del lugar y también el peligro que existe para la víctima, análisis que fue efectuado tanto por la Jueza de primera instancia como el Vocal hoy accionado, al evidenciar que las agresiones físicas fueron efectuadas tanto para la ahora tercera interviniente como para su hija menor de edad;
  5. e)La acción de libertad interpuesta no se basó en ninguna de las causales establecidas por el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) por ello se debe rechazar la tutela solicitada;
  6. f)El accionante pretende desvirtuar la autoría cuando ni en la apelación fue discutida dicha temática, lo que demuestra que solo se trata de un acto malicioso que pretende demorar el mandamiento de "condena" debido a que el accionado en la actualidad se encuentra internado en un hospital privado; y,
  7. g)El audio contenido en el CD no identifica personas y cuál es el motivo del mismo. Con base en esos fundamentos, pide se deniegue la tutela solicitada.

Ana María Paniagua Romero, Fiscal de Materia en audiencia, manifestó que:

  1. 1)Del contenido de la acción de libertad no se aprecia cuáles serían los agravios, tan solo un relato sobre la presunción de inocencia, como si al accionante se lo estuviera sentenciando;
  2. 2)Consta en el cuaderno de investigación que las actuaciones que realizó el Ministerio Público, razón por la cual se presentó la imputación formal; ya que, existen elementos;
  3. 3)El accionante no expuso qué riesgos que el Vocal hoy accionado no consideró en el Auto de Vista 243/2023;
  4. 4)Señaló que no podrían pedir la cesación de la detención preventiva porque subjetivamente supone que la víctima podría ampliar la solicitud de detención preventiva; y,
  5. 5)Debió realizarse la audiencia de inspección, la cual fue suspendida por inasistencia del accionante y tampoco se presentó prueba para acreditar que estuviera hospitalizado, a pesar que el Médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) señaló que la salud del nombrado estaba bien, solo presentaba un malestar por haber ingerido pescado. Con base en esos fundamentos señaló "...nosotros vamos a solicitar la tutela concedida tomando en cuenta que existe el informe del investigador asignado al caso..." (sic).
I.2.4. Resolución

El Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 11/2023 de 13 de junio, cursante de fs. 32 a 43 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos:

  1. i)La acción de libertad interpuesta, se constituye en una serie de transcripciones de sentencias constitucionales; empero, que de manera directa no procede a fundamentar los derechos y garantías denunciados como vulnerados, en audiencia los abogados del accionante se limitaron a describir los hechos fácticos de los actuados procesales que se desarrollaron en primera y segunda instancia, confundiendo la acción de libertad como una fase se impugnación de las resoluciones emitidas por los jueces ordinarios;
  2. ii)En la acción de libertad no se establecieron las alternativas que ofrece el art. 47 del "CPC" concordando con la Constitución Política del Estado y solo se hizo alusión a la privación de libertad como ilegal que se convierte en una sanción anticipada y una desigualdad procesal; y,
  3. iii)Cuando se denuncia vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y el principio de legalidad, se debe de exponer cuál de las alternativas que se tiene en el art. 47 del "CPC" están vinculadas con las Sentencias Constitucionales Plurinacionales que existen sobre el particular, para darle la posibilidad de ingresar a cuestionar aspectos de carácter ordinario, precisando, por qué el contenido del Auto de Vista 243/2023 es insuficiente, arbitrario o incongruente, absurdo e ilógico e identificar el error en la que incurrió el Vocal ahora accionado, la mención de los derechos y garantías constitucionales que fueron vulnerados; además, de exponer el nexo causal para ingresar a considerar los aspectos de fondo, aspectos que fueron incumplidos por el accionante. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa memorial presentado el 15 de febrero de 2023, ante la Jueza de de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primera de la Capital del departamento de Chuquisaca, por el cual Ana María Paniagua Romero, Fiscal de Materia puso en conocimiento el memorial de querella formulado por Ana Isabel Choque Choque -ahora tercera interviniente- en el proceso penal de investigación que sigue el Ministerio Público a denuncia de mencionada contra Douglas Rodríguez García -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 58 a 61).

II.2. Consta memorial presentado el 17 de mayo de 2023, ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primera de la Capital del departamento de Chuquisaca, por el cual la Fiscal de Materia imputó formalmente y solicitó medidas cautelares contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o domestica (fs. 73 a 80).

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