0210/2023-S4

Gregorio Aro Rasguido y María Teresa Garrón Yucra, Magistrados de la Sala Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Agroambiental, por informe de 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 59 a 71 y en audiencia, a través de sus representantes legales, manifestaron:

1. a)En la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 018/2021, se estableció la inexistencia de lesión a la normativa agraria y otras aplicables a la materia; pues en ella se expuso que después de revisados los antecedentes del proceso de saneamiento ejecutado en la propiedad denominada "San José I", se advirtió la Resolución Instructoria RCS 006/2003 de 16 de mayo, de inicio del proceso de saneamiento dentro del Polígono 13 de la zona 6 de la segunda área de saneamiento CAT-SAN, correspondiente al cantón Santa Rosa, provincia José Ballivián del departamento de Beni, sobre una superficie aproximada de 65.616,7880 ha, intimando a personas naturales y jurídicas, titulares o sub adquirentes apersonarse al proceso de saneamiento en cuestión; constando el Edicto Agrario conforme lo establecido en el art. 172.1 del DS 25763 de 5 de mayo de 2000 (vigente en su oportunidad), Edicto que si bien no cursaba en la carpeta predial, sin embargo se tuvo la carta de citación a Abraham Havivi Crespo haciéndole conocer que el 18 de junio de 2003, se efectuaría las Pericias de Campo en el predio denominado "San José I", la que se encuentra firmada personalmente por el mismo interesado; por lo que la inexistencia en forma física de la publicación del Edicto, se constituye en un hecho intrascendente;
2. b)Si bien la parte actora acusó que el INRA omitió efectuar el Relevamiento en Gabinete, empero no hizo una explicación precisa de cómo esa omisión le habría vulnerado algún derecho constitucional; advirtiéndose además que después de haberse elaborado el Informe en Conclusiones, y antes de dictar la Resolución Final de Saneamiento, el INRA emitió el Informe Técnico JRLL-USB-INF-SAN 701/2015 de 8 de junio, mediante el cual se efectúo el relevamiento del antecedente agrario 53701 del predio denominado "San José I", cumpliéndose de esa forma con el Relevamiento de Información en Gabinete;
3. c)En relación al antecedente agrario 53702, correspondiente al predio "San José II", el Informe en Conclusiones expuso que el mencionado expediente fue identificado en el área en conflicto con el predio "Basora" de propiedad de Mabel Simón Burgoa de Rea, verificándose que la propiedad fue adquirida por Abraham Havivi Crespo el 20 de julio de 2003, de su anterior propietario Iván Havivi Marín; transferencia que fue realizada con posterioridad al Relevamiento de Información en Campo ejecutado en los predios "San José I" y "Basora";
4. d)El Informe de Evaluación Técnica Jurídica, fue anulado mediante RA RA-DN-UCSS 004/2010, bajo el fundamento principal, de que el ganado del predio en cuestión, pertenecía a Vicente Párraga Cuellar, quien habría alquilado dicha propiedad; de acuerdo al Contrato de Aparcería de 25 de junio de 2003, el que fue suscrito entre Vicente Párraga Cuellar y Abraham Havivi Crespo, de manera posterior al llenado de la Ficha Catastral en campo realizada el 18 de junio de 2003, lo que demostraba que el verdadero propietario del ganado consignado al momento de las Pericias de Campo, era el primero de los nombrados, comprobándose el registro ilegal de una actividad ganadera ajena, aparentando el cumplimiento de la FES de manera fraudulenta; apreciaciones éstas que fueron incorporadas en el Informe en Conclusiones de 14 de octubre de 2010, en el que se reiteraron los mismos términos vertidos en la RA RA-DN-UCSS 004/2010, sugiriendo el reconocimiento en favor de Abraham Havivi Crespo de la superficie de 50.0000 ha, clasificándola como pequeña propiedad agrícola, por el pasto, el forraje y las mejoras verificadas en campo;
5. e)Posterior al Informe en Conclusiones, el INRA emitió el Informe Técnico JRLL-USB-INF-SAN 701/2015, el cual fue elaborado en base a la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Supremo 29215, realizando una valoración nueva a la Ficha Catastral, verificando que se consignó en campo también una casa, un brete, cuatro corrales y un potrero, habiéndose hecho mención, en la parte de observaciones, a 20.0000 ha de pastizal sembrado, por lo que, al evidenciarse que el predio en litigio tenía vestigios de realizar actividad ganadera, aunque no con ganado propio, se sugirió la adjudicación de 500.0000 ha, clasificando a la propiedad como pequeña propiedad ganadera, emitiendo consecutivamente la Resolución Final de Saneamiento (Resolución Administrativa RACS 0023/2016); no habiéndose encontrado incorrecta aplicación de la normativa agraria vigente el 2003;
6. f)La RA RA-DN-UCSS 004/2010, que anuló obrados hasta la Evaluación Técnica Jurídica, estableció que todo el ganado declarado y consignado en la Ficha Catastral con la marca correspondiente, pertenecía en la realidad a Vicente Párraga Cuellar, en ese efecto, el argumento sostenido por el INRA en la citada Resolución, resultó ser uno de los elementos fundamentales en la que fue sustentada, para determinar fraude en el cumplimiento de la FES por parte de Abraham Havivi Crespo, además de observarse en el Contrato de Aparcería de 25 de junio de 2003; documentos tanto públicos como privados, los cuales evidenciaron que el verdadero propietario del ganado identificado durante las Pericias de Campo en el predio denominado "San José I", era Vicente Párraga Cuellar y no así a Abraham Havivi Crespo;
7. g)El INRA no desconoció la validez del contrato de aparcería, el cual está regulado por la Ley 80 de 5 de enero de 1961, procediendo a valorar de manera pertinente la no cuantificación de ganado ajeno al predio denominado "San José I" a efectos del cumplimiento de la FES, de la forma como lo estable el art. 167 del DS 29215, el cual determina que el ganado cuya propiedad no sea del interesado, no podrá ser registrado como carga animal del predio, por lo tanto no valorado como área efectivamente aprovechada, constituyendo incumplimiento de la FES;
8. h)Si bien el art. 178 del DS 29215 regula los contratos de arrendamiento y aparcería, mediante el cual es posible el cumplimiento de la FES, al igual que su Disposición Final Vigésima Primera, empero, ese aspecto no se encontraba regulado por el DS 25763 vigente en su momento;
9. i)La RA RA-DN-UCSS 004/2010, que determinó el fraude en el cumplimiento de la FES en el predio denominado "San José I"; fue emitida en base a los antecedentes cursantes en la carpeta de saneamiento de manera correcta, contemplando la verdad material sobre los hechos suscitados en el predio en litigio; la que fue legalmente notificada a Abraham Havivi Crespo, quien no objetó oportunamente dicha Resolución, a través de un recurso en sede administrativa, no constituyéndose el Tribunal Agroambiental la instancia jurisdiccional para reparar actos que ya se encuentran precluidos;
10. j)En cuanto a la denuncia de que la Resolución Administrativa RA-CS 0023/2016, dispuso la titulación a una persona inexistente, debido a que el 20 de abril de 2012, Abidon Mustafá Havivi Marín se había apersonado al proceso de saneamiento del predio denominado "San José I"; de la revisión de la carpeta predial se estableció que tal extremo resultó ser evidente, ya que se tiene la Declaratoria de Herederos emitida por el Juzgado de Instrucción en lo Civil del departamento de Beni, que declaró herederos forzosos a María Florencia Marín Martínez y Abidon Mustafá Havivi Marín; por lo que, dicho aspecto carece de trascendencia que conlleve a determinar la nulidad de la Resolución impugnada;
11. k)Para la procedencia de la nulidad de obrados deberá acreditarse la concurrencia de los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación, presupuestos que en el presente caso, no se tuvieron por cumplidos conforme se analizó en la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 018/2021;
12. l)Las denuncias referidas como vulneradoras dentro del proceso contencioso administrativo no demostraron objetivamente en qué podría cambiar el incumplimiento de la FES, al anularse el proceso de saneamiento; ya que los supuestos hechos vulneratorios a derechos no enervan en absoluto las conclusiones de fondo;
13. m)La Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 018/2021, no lesionó el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que se explicó de manera concreta las razones fácticas, los antecedentes, la exposición de citas legales, la jurisprudencia y el análisis de la aplicabilidad de los mismos al caso concreto, interpretando de manera correcta la normativa legal;
14. n)En referencia a la presunta vulneración del derecho a la propiedad privada, la impetrante de tutela mencionó que cuenta con derecho propietario adquirido por el que en vida fuera su esposo, mediante procedimiento agrario de dotación de tierras fiscales sustanciado ante el Juzgado Agrario dependiente del ex Consejo Nacional de Reforma Agraria. Al respecto, el saneamiento de tierras que realizó el INRA en el predio "San José I", con la finalidad de regularizar y perfeccionar el derecho a la propiedad, fue ejecutado al amparo de los arts. 64 y 66 de la Ley 1715, el que culminó con la extensión de la Resolución Administrativa RA-CS- 0023/2016, después varios años de ser analizado y verificado en las diferentes etapas propias de la regularización de tierras rurales; y,
15. o)La tutela judicial efectiva no se ha visto comprometida, toda vez que, no ha existido ninguna interferencia u obstáculo que impida el acceso de la solicitante de tutela al sistema judicial, habiendo ejercido libremente su pretensión ante ésa jurisdicción, obteniendo un fallo debidamente fundamentado y motivado, no constituyéndose el mismo en vulnerador de una garantía constitucional por no responder de manera favorable a sus pretensiones.

Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional del INRA, mediante informe presentado el 10 de enero de 2022, cursante de fs. 94 a 99 vta. y en audiencia a través de su representante legal, manifestó que:

1. 1)En cuanto a la lesión a la garantía constitucional del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de los antecedentes, en la emisión de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 018/2021, que mantuvo firme y subsistente la RA 023/2016, que convalidó la RA RA DN UCSS 004/2010, por la que de forma arbitraria se anuló el Informe de Evaluación Técnica Jurídica, por supuesta existencia de fraude en el cumplimiento de la FES; al respecto, se tiene que el Tribunal Agroambiental al valorar y analizar el punto observado por la parte demandante en el proceso contencioso administrativo, realizó una relación de hechos y el derecho con una fundamentación, motivación congruente en relación con los actuados y la normativa agraria correspondiente;
2. 2)Con relación a la vulneración del derecho a la propiedad privada; se advirtió que la normativa agraria Ley 1715, modificada por la Ley 3545 y el DS 29215, establecen que el objeto del proceso de saneamiento es regularizar y perfeccionar el derecho propietario sobre la propiedad agraria, mediante el proceso de saneamiento y sus diferentes etapas, por lo que toda propiedad rural debe sujetarse a ese proceso administrativo para consolidar su derecho propietario, protegido por el art. 393 de la CPE, que reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra en cuanto cumpla una función social o una función económica social según corresponda; de igual forma el art. 397.I de la misma norma, tiene dispuesto entre otros, que las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho de acuerdo a la naturaleza de la propiedad, no siendo posible argumentar que se le hubiera lesionado derecho propietario alguno sin ser ésta declarada y resuelta mediante resolución final de saneamiento;
3. 3)Sobre lo cuestionado, se hizo una relación de relevamiento de información en campo y gabinete, realizando la sobre posición del expediente agrario en el área mensurada, producto de ello se tuvo la Resolución Final de Saneamiento que dispuso modificar el Auto de Vista de 20 de noviembre de 1990 y trámite agrario de Dotación 53701, quedando subsanados los vicios de nulidad relativa, debiendo en consecuencia emitirse el correspondiente Título Ejecutorial Individual en favor de Abraham Havivi Crespo con la superficie de 500.0000 ha, de lo que se evidenció que no hubo vulneración alguna a la propiedad privada en base al valoración de la función social, en una primera instancia en el proceso de saneamiento y posterior proceso contencioso administrativo; y,
4. 4)Respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, se tuvo que luego de tomar conocimiento de los alcances de la Resolución Instructoria RCS 006/2003; el que fuera esposo de la peticionaria de tutela se apersonó y participó de forma activa durante el desarrollo del trabajo de campo, firmando además la Ficha Catastral cursante de la carpeta predial; habiéndose advertido su participación en el proceso de saneamiento la que fue activa y directa, para posteriormente hacer uso de su derecho a impugnar, presentando ante el Tribunal Agroambiental la demanda contenciosa administrativa, misma que fue debidamente atendida, respondiendo cada una de sus observaciones vertidas en la demanda, con una fundamentación de hecho y derecho en base a la normativa legal agraria.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 12/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 921 a 936 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 018/2021, ordenando se emita una nueva resolución sin sorteo previo; con base a los siguientes argumentos:

1. i)De la contrastación del fallo agroambiental ahora observado con la demanda contenciosa administrativa, se pudo advertir que las autoridades hoy demandadas, a momento de resolver la referida demanda a través de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 018/2021, en lo que concierne al análisis del caso concreto, en el Punto 3, sobre la incorrecta aplicación de la normativa agraria vigente el 2003, que fue determinante para establecer el supuesto incumplimiento de la FES en el predio "San José I"; los hoy demandados manifestaron que después de revisados los antecedentes no encontraron una incorrecta aplicación de la normativa vigente ese año, pese a la repetición de informes sobre valorización de la FES, así como tampoco resultó fuera de la norma la emisión de la RA RA-DN-UCSS 004/2010, mediante la cual se anuló obrados hasta la Evaluación Técnica Jurídica, dado que la misma estableció, que todo el ganado declarado y consignado en la Ficha Catastral con la marca correspondiente, pertenecía a Vicente Párraga Cuéllar, señalando como uno de los elementos fundamentales en el que sustentó el INRA la citada resolución, por lo que, el haber alquilado dicha propiedad para el engorde y/o multiplicación de su ganado, resultaba ser una apreciación irrelevante, dado que el fundamento principal del INRA para determinar fraude en el cumplimiento de la FES por parte de Abraham Havivi Crespo, radicó en base a la información consignada en la Ficha Catastral, como en el anexo de observaciones y lo estipulado en el contrato de aparcería de 25 de junio de 2003, documentos que según el ente administrativo, evidenciaron que el verdadero propietario del ganado identificado durante las pericias de campo en el predio denominado "San José I", era Vicente Párraga Cuéllar y no Abraham Havivi Crespo, indicando a continuación que el ente administrativo de manera acertada, no desconoció la validez del contrato de aparcería, el cual está regulado por la Ley 80 de 5 de enero de 1961, lo que procedió a valorar de manera pertinente es la "no cuantificación de ganado ajeno al predio denominado "San José I" a efectos del cumplimiento de la FES, de la forma como lo establece el art. 167 del DS 29215, el cual determina que el ganado cuya propiedad no sea del interesado, no podrá ser registrado como carga animal del predio, y por lo tanto no valorado como área efectivamente aprovechada, constituyendo incumplimiento de la FES"; manifestando además que "...si bien el art. 178 del DS 29215 regula los contratos de arrendamiento y aparcería, mediante el cual es posible el cumplimiento de la FES, únicamente bajo los términos establecidos en dicha norma y la Disposición Final Vigésima Primera del DS 29215; este aspecto no se encontraba regulado por el DS 25763 vigente en su momento"; y,
2. ii)De lo concluido se evidenció la falta de congruencia por parte de las autoridades demandadas; al indicar que, el ente administrativo de manera acertada no desconoció el contrato de aparcería el cual está regulado por la Ley 80; empero señalaron que, el INRA de manera pertinente no valoró la cuantificación de ganado ajeno al predio "San José I" a efectos del cumplimiento de la FES, en base a lo que establece el art. 167 del DS 29215, dando total validez al citado Decreto Supremo, a efecto de no valorar el ganado que se encuentra en calidad de contrato de aparcería dentro del predio "San José I" de propiedad de la hoy accionante para que justifique la FES; sin embargo, niegan la vigencia de dicha norma respecto a lo que señala el art. 178 y la Disposición Final Vigésima Primera del ya citado Decreto Supremo, que regula los contratos de arrendamiento y aparecería a través del cual es posible el cumplimiento de la FES; de lo que se advierte que, las autoridades ahora demandadas, al emitir la Sentencia Agroambiental refutada, fallan de manera incongruente y con una total falta de fundamentación y motivación, al resolver el Punto 3 de la demanda contenciosa administrativa, evidenciando con ello la vulneración de los derechos invocados por la solicitante de tutela.