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TCP

0212/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
22 de mayo de 2026
Resumen del caso

Auto 0212/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0212/2026-RCA Sucre, 22 de mayo de 2026

Expediente: 84127-2026-169-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 64/2026 de 13 de abril, cursante de fs. 73 a 77 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cesar Julio Esquivel Padilla contra Ever Álvarez Orellana y Marcelo Coca Echeverria, Vocales de la Sala Penal Tercera; Lilian Moreno Cuellar, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo Cuarto, todos del Tribunal Departamento de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN I.1. Síntesis de los hechos que la motivan Por memorial presentado el 10 de abril de 2026, cursante de fs. 64 a 72, el accionante manifiesta que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Franz Martin Rodríguez García, por los delitos de violencia agravada y violencia familiar, se emitió una sentencia condenatoria de veinte años de privación de libertad, sin derecho a indulto, la cual quedó ejecutoriada al no haber sido impugnada válidamente dentro de plazo. En consecuencia, se libró mandamiento de condena el 13 de mayo de 2025 y orden de captura el 12 de septiembre del mismo año. Indica que el condenado fue notificado mediante edicto el 18 de febrero de 2025 con la improcedencia de su recurso de apelación restringida. Manifiesta que el condenado recién se apersonó el 25 de noviembre de 2025 para interponer un incidente de nulidad ante el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo, que emitió el Auto de Vista 75/2026 de 14 de enero, declarando infundado el incidente y reconociendo la preclusión procesal y la validez de la notificación, debido a la negligencia del imputado. Ante estos hechos, el procesado presentó una acción de libertad, radicada ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo Cuarto, desnaturalizando el objeto de dicha acción; toda vez que, no existiría privación de libertad, sino una condena ejecutoriada. Señala que, como resultado de dicha acción, se emitió la , declarando vulnerado el derecho a la impugnación del condenado y dejando sin efecto la ejecutoria de la sentencia. Como consecuencia de esta decisión, los Vocales emitieron el Auto de Vista 102/2026 de 6 de abril, mediante el cual revirtieron su criterio previamente asumido y declararon fundado el incidente de nulidad; resolución que, a criterio del accionante, adolece de falta de motivación, congruencia y fundamentación, al omitir pronunciarse sobre la conducta evasiva del imputado, la preclusión procesal y la convalidación de actos derivados de dicha conducta. I.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados Considera lesionados sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.I y II, 178.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). I.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela y se declare procedente la presente acción de defensa y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)La nulidad y que se dejen sin efecto la Sentencia 06/2026 y el Auto de Vista 102/2026, así como el mandamiento de libertad que, como consecuencia de dichas resoluciones, se hubiera librado a favor de Franz Martin Rodríguez García; y,
  2. b)Se mantenga firme el Auto de Vista 75/2026, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y, en consecuencia, se disponga la ejecutoria de la sentencia y la detención de Franz Martin Rodríguez García. I.4. Resolución de la Sala Constitucional La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 64/2026, cursante de fs. 73 a 77 vta., determinó la improcedencia de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes fundamentos:
  3. 1)Las resoluciones impugnadas emanan de la jurisdicción constitucional, concretamente de la Sentencia 06/2026 y del Auto de Vista 102/2026, dictados dentro de una acción de libertad; por lo que, tienen el carácter de cosa juzgada constitucional. En consecuencia, son inmutables y definitivas y no admiten recurso ulterior alguno, ni pueden ser revisadas siquiera por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional. Al efecto, citó las , y , que establecen que contra las resoluciones de la jurisdicción constitucional no cabe recurso ordinario ni extraordinario y que el "amparo contra amparo" se encuentra proscrito;
  4. 2)La improcedencia del "amparo contra amparo", señalando que la pretensión del accionante consiste en cuestionar una resolución constitucional mediante una nueva acción tutelar, lo que configura la figura del "amparo contra amparo", expresamente prohibida por la jurisprudencia constitucional; asimismo, señaló que el accionante puede activar los mecanismos idóneos previstos por ley, así como acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional -Juzgado Décimo Cuarto o Sala Penal Tercera- para activar el mecanismo de queja por incumplimiento previsto en el art. 16 del CPCo; y,
  5. 3)Que el cuestionamiento de resoluciones constitucionales mediante una acción de amparo constitucional configura una causal de improcedencia, tanto por vulneración del principio de cosa juzgada constitucional como por inobservancia del principio de subsidiariedad, al no haberse acudido a los mecanismos específicos previstos por ley. Resolución que fue notificada al accionante el 29 de abril de 2026 (fs. 78) formulando impugnación el 5 de mayo de igual año (fs. 79 a 84 vta.), dentro del plazo establecido en el art. 30.I.2 del CPCo. I.5. Síntesis de la impugnación Refiere que:
  6. i)La acción de libertad anterior se tramitó sin convocar a la víctima o a sus familiares, pese a que la decisión incidía directamente en la ejecución de una sentencia penal condenatoria, vulnerando su derecho a ser oído; pues, la víctima tiene derecho a ser escuchada antes de cada decisión judicial. Señala que este derecho fue desconocido en el trámite constitucional previo y que la convocatoria del tercero interesado no era facultativa, sino una exigencia constitucional ineludible cuando la decisión afecta su esfera jurídica; asimismo, sostiene que se vulneró la igualdad de oportunidades procesales; pues, la omisión de su citación habría afectado el contradictorio desde su origen, generando indefensión material;
  7. ii)La Sentencia 06/2026 es nula de pleno derecho por haberse dictado sin la participación de la parte víctima, lo que, a su criterio, vicia de nulidad estructural el Auto de Vista 102/2026. Por ello, sostiene que el Auto impugnado debió analizar dicho vicio, en lugar de limitarse a declarar improcedente la acción de amparo constitucional. Afirma que la Resolución 64/2026 de la Sala Constitucional desarrolló extensamente la tesis del "amparo contra amparo", pero no respondió de manera específica, concreta y fundada a la alegación principal referida a la falta de notificación del tercero interesado en la acción de libertad antecedente;
  8. iii)El Auto impugnado aplicó indebidamente la doctrina del "amparo contra amparo"; pues, el caso no pretende revisar el fondo de una resolución constitucional, sino cuestionar la validez del proceso constitucional antecedente por haberse tramitado sin la participación del tercero interesado, lo que constituiría un defecto estructural que impediría otorgar eficacia a la cosa juzgada constitucional; y,
  9. iv)La Ley Fundamental garantiza la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad de oportunidades procesales y el derecho a ser oído. En ese sentido, sostiene que el Auto impugnado lesionó el bloque de constitucionalidad y omitió aplicar la Norma Suprema; asimismo, afirma que el Código Procesal Constitucional, de forma compatible con el derecho de defensa del tercero afectado, desconoce el estándar de tutela judicial efectiva, consolidando una decisión carente de validez constitucional por haberse dictado en un contexto de indefensión material. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

II.1. Marco normativo constitucional y legal

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