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TCP

0213/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0213/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0213/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 57900-2023-116-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 082/2023 de 1 de agosto, cursante de fs. 164 a 168, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Janelle Selvy Negrete Machado contra Marcela Quiroz Butrón.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

Por memoriales presentados el 12 y 17 de julio de 2023, cursantes a fs. 1 y 63 a 69 vta.; y, 87 a 90, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Junto a su hija menor de edad, ocupaba de manera legítima el departamento 4C del condominio Tunari, en virtud de una relación contractual con la propietaria, Marcela Quiroz Butrón -demandada-, derivada de un compromiso de venta; sin embargo, durante un desalojo violento, la nombrada, junto a terceras personas, sustrajeron toda su documentación contractual con el fin de dejarla en indefensión.

Realizó múltiples pagos a cuenta del referido inmueble, acreditados con recibos oficiales y comprobantes de depósitos bancarios, así como de impuestos y expensas del condominio, lo que demostró tanto su relación contractual como su posesión pacífica y continua del indicado departamento por más de tres años, hecho conocido por vecinos y la directiva del lugar.

Pese a intentos previos de conciliación, el 7 de julio de 2023, la demandada ejecutó un desalojo extrajudicial y violento, ingresando sin autorización al departamento junto a un grupo de entre quince a veinte personas, cortando servicios básicos, agrediéndola física y verbalmente, a su hija y sobrina menores de edad, a su madre adulta mayor y a otros familiares, además de sustraer dinero, documentos personales, objetos de valor y causar destrozos.

Dicho desalojo, culminó con el cambio de chapas, la retención de pertenencias y su expulsión y la de su familia a la calle, hechos respaldados con fotografías, videos y denuncias ante el Ministerio Público. Como consecuencia, ella y sus familiares se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, sin recursos económicos ni vivienda, con afectaciones psicológicas graves, especialmente en menores de edad y una persona adulta mayor. Ante la falta de respuesta a instancias de protección, solicita tutela directa e inmediata de sus derechos a la vivienda y a la dignidad humana, y que se ordene a la demandada la restitución de los derechos vulnerados, vinculados a otros derechos esenciales como la vida, la salud y la seguridad.

En ese entendido, con base en la y en los arts. 107 y 128.II del Código Civil (CC), nadie puede hacerse justicia por mano propia ni ejercer el derecho propietario mediante actos de hecho que lesionen la dignidad de la ley; al consistir el abuso del derecho que llega gravemente a la dignidad humana; siendo que, el despojo de la vivienda y de los servicios básicos mediante acciones de hecho resulta degradante para la persona y vulnera directamente su dignidad, lo que justifica la protección constitucional inmediata.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

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