Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0214/2019-S2 Sucre, 10 de mayo de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26036-2018-53-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 11/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 315 a 330, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mónica Caballero Asebey contra Leny Erika Chávez Barrancos y Juan Carlos Merlo Villca, ex y actual Director a.i. de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 14 y 24 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 14 a 25 y 28 a 30 vta., la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de Notaria de Fe Pública, fue sometida a proceso disciplinario por faltas leves y graves, debido a la ubicación de la matriz protocolar de la Escritura Pública 430/2015 de 20 de marzo; toda vez que, dentro de un tomo empastado el orden no era el correspondiente y porque el segundo traslado del mismo documento no contaba con la fecha de expedición, observaciones sobre las cuales, en el mes de octubre de 2016, realizó las aclaraciones a través de un informe, ocasión en la que no hubo inicio de proceso alguno; sin embargo, de manera indebida y sorpresiva se realizó una nueva inspección el 3 de febrero de 2017, elaborándose el Informe de Inspección Extraordinaria 083/2017 de 7 de febrero; luego, el Sumariante Disciplinario emitió el Auto de 14 febrero de 2017, otorgándole el plazo de veinticuatro horas para presentar nuevamente, informe sobre el mismo hecho.
Pese a no existir faltas disciplinarias y de haber informado los extremos solicitados en dos oportunidades, se inició Sumario Disciplinario en su contra, mediante Auto de Apertura 04/2017 de 21 de agosto, por las presuntas faltas disciplinarias previstas en el art. 104 inc. d) y 105 inc. f) de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP) -Ley 483 de 25 de enero de 2014-; emitiéndose la Resolución Final de Primera Instancia SD-CH 005/2017 de 12 de septiembre, que declaró probada la denuncia planteada por el Jefe de Unidad de Servicios Nacionales de la DIRNOPLU, por faltas leve y grave, imponiéndole la sanción de multa de tres salarios mínimos nacional: un salario mínimo nacional por la falta leve y dos por la falta grave.
El recurso de apelación fue interpuesto únicamente sobre la falta grave, cuestionando el proceso sancionatorio seguido en su contra, sin que exista daño o perjuicio causado, y pese a que fue sancionada por un error de transcripción, hicieron caso omiso a sus argumentos; dicho recurso fue resuelto mediante la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 016/2018 de 13 de marzo.
No existen tipos normativos concretos que se adecuen a su conducta, sea falta leve, grave o muy grave, aspecto que tiene que ver con el principio de legalidad e incide en el derecho al debido proceso con relación a los principios de taxatividad y tipicidad; no hay motivación respecto a la sanción impuesta, vulnerándose el debido proceso en sus elementos de razonabilidad y proporcionalidad; toda vez que, en el Auto de Apertura de Sumario Disciplinario no se indicaron los preceptos del Decreto Supremo (DS) 2189 de 19 de noviembre de 2014 -Reglamento de la Ley Notariado Plurinacional-, ni se hizo mención a las faltas disciplinarias; sin embargo, la resolución de primera instancia oficiosamente estableció la conexión entre algunos artículos de dicha norma para fundar la decisión; por tanto, mal pudo haber asumido defensa adecuada por taxatividad y tipicidad.
Se vulneró el derecho a una resolución debidamente fundamentada y motivada, no se explicó por qué los hechos constituyen faltas disciplinarias; siendo que, fueron subsanados y no causaron agravios ni denuncia de los interesados; en apelación, no se respondieron a todos los agravios denunciados, pues no se especificó concretamente cuál el daño o perjuicio que se hubiera ocasionado pese a que presentó prueba de reciente obtención, consistente en la declaración de la Presidenta de la Asociación del Notariado Boliviano, sobre la cual no existe pronunciamiento; tampoco se dio respuesta a su denuncia sobre vulneración a sus derechos constitucionales en el desarrollo del proceso disciplinario, omitiendo también analizar el agravio por inobservancia a los principios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, menos existe explicación del porqué de la tipificación y sanción.
Finalmente, señaló que se vulneró el derecho al debido proceso por el incumplimiento de plazos en la emisión de la resolución final; toda vez que, la misma fue pronunciada después de seis meses de planteada la apelación, demorando el proceso en su conjunto por más de un año.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos al debido proceso con relación a los principios de tipicidad, taxatividad, objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, falta de fundamentación, motivación y congruencia en la resolución; y, el derecho a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II, 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
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