Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0214/2026-CA Sucre, 27 de abril de 2026
Expediente: 83329-2026-167-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución 01/2025 de 5 de diciembre, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada por el Comité Regional de Integración Docente Asistencia e Investigación (CRIDAI) de La Paz; por la cual, se rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por José Antonio Muñoz Aguilera, demandando la inconstitucionalidad de los arts.5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 del Reglamento Disciplinario y de Sanciones Nacional de Residencia Medica, por ser presuntamente contrario a los arts. 116, 115.II y 117.I. de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial de 8 de octubre de 2025, cursante de fs. 1 a 9, el accionante manifiesta que, se presentó a la Convocatoria Nacional al Proceso de Admisión al Sistema Nacional de Residencia Médica de la gestión 2025, accediendo a una de las plazas disponibles, por Memorándum "CITE:CRIDAI LP-CRPG-MEMO-Nro. 128/2025" (sic) de 25 de febrero, fue designado como Médico Residente Becario de la especialidad de Traumatología y Ortopedia en el Hospital de Atención Integral General (HAIG) Hospital Obrero Primero de la Caja Nacional de Salud (CNS) a cargo del docente instructor Álvaro Párraga Montes y los Residentes de segundo, tercer y cuarto nivel; en el tiempo que estaba realizando sus actividades, se presentaron invitaciones de confraternización a las que no asistió por profesar la fe cristiana, circunstancia que fue de conocimiento de sus instructores; a partir de ello, se inició una conducta completamente discriminatoria en su contra, siendo que el docente instructor empezó un acoso laboral, emitiéndose Memorándums de llamadas de atención constantes como el 357/2025 de 15 de julio, con una suspensión de siete días; y, el 363/2025 de con una suspensión de quince días con los mismos argumentos, sin establecer las razones o motivos.
No se respetó su derecho a la defensa y al debido proceso; siendo que, el Tribunal Disciplinario -se entiende conformado por el Comité Docente Asistencial- en etapa del supuesto proceso, que sería inexistente, nunca fue convocado a declarar, o a ser parte del proceso como tal, limitándose a comunicarle las decisiones adoptadas y la aplicación de las sanciones; las cuales, se negó a cumplirlas, habiendo impugnado dicha Resolución; que, tuvo como respuesta que se aplicaron los arts. 5 y 6 del Reglamento Disciplinario y de Sanciones del Sistema Nacional de Residencia Médica, sin mayor fundamento, medidas asumidas conforme el criterio del Jefe de Enseñanza e Instructores, sin posibilidad de ser escuchado, en total vulneración de sus derechos y garantías. Ahora bien, conforme a lo desarrollado precedentemente, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, gratuita, transparente y sin dilaciones, nadie puede ser condenado sin que exista el debido proceso; es decir, hasta que se tenga una resolución o sentencia firme con calidad de cosa juzgada, emitida por un tribunal imparcial y competente; lo que implica que, debe agotarse la vía administrativa emergente de un procedimiento amplio que garantice el derecho a la defensa; es decir, ser oído por un tribunal imparcial, que valore los elementos de cargo y descargo a fin de actuar en justicia, que es vulnerado y violentado por los arts. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 14, 15,18 y 19 del Reglamento Disciplinario y de Sanciones del Sistema Nacional de Residencia Médica.
Las disposiciones normativas observadas de inconstitucionales, aplican una sanción sin que esta emerja de un debido proceso, generando indefensión del residente médico, violentando la presunción de inocencia durante el procedimiento, establecido en el art. 116.I. de la CPE; asimismo, restringe y limita el acceso a los medios de defensa como es de presentar pruebas de descargo y alegatos que desvirtúen cualquier acusación y mucho menos poder impugnar los mismos a través de los mecanismos procesales establecidos en nuestras leyes; es decir, un aspecto completamente subjetivo de las autoridades docentes como en el presente caso que va en contra de las garantías del debido proceso, a la defensa, a una justicia plural gratuita y sin dilaciones establecidas en el del art.115 II. de la CPE; la conformación del Tribunal Disciplinario de la Comisión Regional de Postgrado, conforme determina el art. 15, 18 y 19 del Reglamento, sigue la misma lógica de los anteriores Tribunales disciplinarios conformados por el Comité Docente Asistencial, si bien otorgan un plazo de tres días al denunciado para responder, lo hacen ya sobre hechos concretos y sanciones establecidas, derivado de la aplicación de los arts.5, 6 y 7 de dicha normativa; es decir, el Tribunal solamente analizó las acciones de los jefes de enseñanza en base a los informes de estas mismas autoridades, el conjunto normativo que derivan en la pérdida de la residencia medica de un profesional, no garantizan un debido proceso y derecho a la defensa; hechos que vulneran los arts. 2 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
I.2 Respuesta a la acción
Mostrando 10 de 47 parrafos.