Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0214/2026-S2 Sucre, 3 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 58033-2023-117-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 111/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 403 a 411, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teófilo Tango Sánchez, Representante de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), contra Olvis Egüez Oliva, María Cristina Díaz Sosa, José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina y Edwin Aguayo Arando, todos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 16 de noviembre de 2022, cursante a fs. 2, 78 a 89 vta. y 93 a 95, la parte accionante, 3 a través de su representante, manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 8 de octubre de 2009, la ABC y la Asociación Accidental "SIGMA", formalizaron un proceso de contratación con la suscripción del Contrato ABC 411/09 GCT/OBR/CAF, que tuvo por objeto la construcción y pavimentación de la carretera Sucre-Ravelo. En dicho instrumento se establecieron cláusulas relativas al objeto, las causales y condiciones de terminación, la posibilidad de introducir modificaciones mediante órdenes de cambio y la facultad de suspender trabajos bajo determinadas circunstancias. Durante la ejecución, se amplió el plazo del contrato estableciéndose como fecha de entrega el 20 de noviembre de 2015.
En ese contexto, por Nota ABC/GCH/RUJ/2016-0017 de 12 mayo de 2016, recepcionada por el contratista en la misma fecha, la ABC efectivizó la resolución del contrato, señalando como causales la paralización injustificada de los trabajos, el incumplimiento del cronograma, la falta de movilización oportuna, así como la imposición de multas por atraso.
Frente a esa determinación, las empresas constructoras integradas a la Asociación Accidental "SIGMA"; es decir, MOLAVI Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), PETROSUR S.R.L e INCOTAR S.R.L., promovieron un proceso contencioso administrativo, el cual concluyó con la Sentencia 249/2020 de 1 de septiembre, que declaró probada en parte la demanda y dejó sin efecto la resolución contractual dispuesta por la ABC y la ejecución de pólizas; y, disponiendo que, no corresponde compensación de plazo contractual respecto a las suspensiones temporales de la obra de los meses de julio y octubre, ni determinar el reinicio de actividades, tampoco declarar la nulidad de cualquier acto bilateral que la ABC hubiese suscrito después de la decisión de resolver el contrato, además, se dispuso el pago de planillas de avance de obra y se dejó sin efecto legal la planilla de cierre de proyecto. Ante ello, la ABC planteó recurso de casación que fue declarado infundado por , emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Mediante dicho Auto Supremo, emitido de manera parcializada, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:
- a)Tergiversó su agravio sobre la aplicabilidad del art. 34 del Decreto Supremo (DS) 29190 de 11 de julio de 2007, sin considerar que también se mencionó el art. 47 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- refiriéndose a la diferencia entre contratos administrativos y privados; además, obvió tomar en cuenta las cláusulas vigésima primera y trigesimosexta del Contrato;
- b)Modificó su agravio relativo a la valoración equívoca e incompleta de que la suspensión de la obra no requería de autorización del supervisor;
- c)Omitió valorar la Nota CITE DTCH-415-152/2015 de 19 de agosto, la Carta 077/2015 de 2 de septiembre, el Contrato ABC 411/09 GCT/OBR/CAF, el Informe Especial 02/2016 y todos los demás medios de prueba;
- d)Valoró erróneamente la Nota Cite 076/2015 de 19 de octubre y la nota de 28 de julio de 2015;
- e)Obvió pronunciarse sobre la incongruencia al determinarse el pago de la planilla 75 evidenciándose ello en la falta de mención, en la Sentencia, de las pruebas que acreditan la ejecución de la obra; y,
- f)Provocaron indefensión al Estado boliviano al no considerar que debía notificarse a la Procuraduría General del Estado con la Sentencia 249/2020.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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