Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0215/2019- S2 Sucre, 10 de mayo de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente 26073-2018-53-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 04/2018 de 16 de octubre, cursante de fs. 151 a 155 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Mirtha Suárez Gómez Ortega Vda. de Balcázar contra Gherson Osvaldo Peñaloza Córdova; Gerente General de Beni y Enzo Windsor Rosales Cossío; Gerente de Seguros de La Paz ambos de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 12, 17 y 19 todos de septiembre de 2018, cursantes de fs. 14 a 15 vta.; y, 21 y 25, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 27 de septiembre de 2017, se apersonó a la Regional de Seguros de COSSMIL, solicitando la cancelación del capital asegurado de muerte; beneficio que le correspondía, por fallecimiento de su esposo Miguel Ángel Balcázar Balcázar; sin embargo, no obtuvo respuesta y mucho menos se procedió al pago, por tal motivo, en varias oportunidades reiteró su solicitud ante las oficinas de COSSMIL de Trinidad, cuyos personeros le respondieron de manera esquiva, mencionando que existe un cronograma preestablecido, donde se respeta un rol de pago, empero, no determinaron un plazo cierto.
Asimismo, el Gerente General de COSSMIL, no emitió una respuesta clara, pronta y oportuna, por lo que al no existir otro medio o recurso legal que sea idóneo para efectivizar su derecho de petición, interpuso acción de amparo constitucional, con el objeto de que su derecho sea respetado y respondido de manera inmediata.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante, considera lesionado su derecho de petición; citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene a las autoridades demandas que se pronuncien, respecto al trámite iniciado el 27 de septiembre de 2017, sobre el pago del capital asegurado de muerte.
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