0217/2021-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0217/2021-S1 Sucre, 12 de julio 2021

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 34898-2020-70-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 06/2020 de 4 de agosto, cursante de fs. 63 a 71, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Canaviri Condori en representación sin mandato de Christian Francisco Huacota Copa contra Rocio Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Santusa Pizarro Camata, Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caracollo del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 3 de agosto de 2020, cursante de fs. 1 a 7, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado en el art. 308 bis del Código Penal (CP), a través de Auto Interlocutorio 293/2019 de 9 de noviembre, la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caracollo del departamento de Oruro -ahora codemandada- dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, considerando que concurría los arts. 233, 234.7, y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Posteriormente, debido a que se cumplió el plazo de duración de la detención preventiva, en amparo del art. 239.2 del CPP solicitó la cesación de la indicada medida cautelar, petición que fue considerada en audiencia de 8 de julio de 2020, en la cual, la Jueza ahora codemandada a través del Auto Interlocutorio 86/2020 de 8 de julio, resolvió rechazar su solicitud manteniendo firme y subsistente el Auto Interlocutorio 293/2019, determinación que al ser pronunciada en total inobservancia de la Constitución Política del Estado, los instrumentos internacionales y el principio de favorabilidad, lesionó su derecho a la libertad personal; lo cual dio lugar a que, su persona plantee recurso de apelación incidental, impugnación que fue de conocimiento de la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-; que señaló audiencia de consideración de recurso de apelación, para el 30 de julio de 2020, oportunidad en la cual, "expuestos que fueron los agravios vividos en la audiencia de cesación a la detención preventiva ante la juez Ad QUO" (sic), la aludida Vocal ahora demandada confirmó el Auto Interlocutorio 293/2019; no obstante ello, si bien considero los agravios expuestos no ingresó a su análisis, resaltando que la libertad de una persona y el cumplimiento de su detención preventiva no tendría relevancia ante una circular de suspensión de trabajo laboral de los juzgados, haciendo entender de que si la pandemia continuaba los detenidos tendrían que aguardar a que pase la misma, sin derecho a la libertad y sin cumplir con lo dispuesto en la Ley de Abreviación Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión a sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 14, 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo una "nueva audiencia de apelación" donde se respete el derecho a la libertad personal.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de agosto de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 62, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Christian Francisco Huacota Copa -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de violación con agravante; el 8 de noviembre de 2019, el Ministerio Público presenta imputación formal contra el prenombrado y solicitó la aplicación de la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva por un plazo de seis meses, ello debido a que se tiene actos investigativos por realizar como la inspección judicial, el registro del lugar del hecho y una prueba de ADN del bebé; a tal efecto, Santusa Pizarro Camata, Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caracollo del departamento de Oruro -ahora codemandada-, mediante Auto Interlocutorio 293/2019 de 9 referido mes, resuelve disponer la detención preventiva del precitado por el plazo requerido, debido a que existe elementos suficientes de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad autor del hecho punible -art. 233.1 del CPP-; además que, no se someterá al proceso y obstaculizará la averiguación de la verdad -art. 234.4, 7; y, 235.1 y 2 de la Ley Adjetiva Penal- (fs. 37 a 43 vta.).

En la vía de complementación del Auto Interlocutorio 86/2020, la parte imputada menciono que se hizo referencia a tratados internacionales y derechos de la víctima; empero, "...no hemos oído la fundamentación que habríamos realizado y lo que solicitamos es en qué base se estaría resolviendo sobre los principios constitucionales de favorabilidad, temporalidad e instrumentalidad..." (sic); al respecto, la Jueza ahora codemandada ratifica el citado Auto Interlocutorio, manifestando que se hizo alusión al art. 130 del CPP relativo a la suspensión de plazos procesales en caso de emergencia, en ese entendido, en el caso la etapa preparatoria estaría en vigor (fs. 47 a 50 vta.).

II.4. A través de Auto de Vista 097/2020 de 30 de julio, Rocio Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-, declara la improcedencia del recurso de apelación interpuesto por Christian Francisco Huacota Copa -ahora accionante-, y en consecuencia confirma el Auto Interlocutorio 86/2020.

Conocidos los agravios, la Vocal ahora demandada, fundamento su determinación, manifestando que:

"...a objeto de establecer si realmente lo denostado como agravio, es o no cierto en relación a lo resuelto por la Autoridad Jurisdiccional, corresponde a esta Sala remitirse a la resolución impugnada, Auto Interlocutorio N 86/2020 de 8 de julio de 2020, en la que a fojas 59 y 59 vuelta del Testimonio de Apelación la Autoridad Jurisdiccional de primera Instancia, señala en lo fundamental y dice: Se ha aceptado un plazo de seis meses, solicitado por la Autoridad Fiscal, en el entendido que se tenía que realizar una inspección judicial, registro del lugar del hecho, la prueba de ADN del bebé, en el entendido de que dicha prueba seria vital y transcendental para la averiguación de la verdad histórica de los hechos dentro el presente caso. Ese es el fundamento por el que se ha aceptado estos seis meses, vale decir la realización de varias actuaciones y evidentemente como lo refiere la defensa técnica de la parte imputada, estos seis meses se cumplirían ya en fecha 9 de mayo de 2020. A ese respecto la Juez A quo, señala que no debemos perder de vista lo que ha pasado, no se tenía planeado, menso [menos] previsto en todo el mundo, que se iba a tener esta pandemia del Coronavirus Covid 19, que desestabilizo la economía del país, se han paralizado actividades, etc., aquí en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia a partir del 23 de marzo de 2020, se han paralizado las labores jurisdiccionales, la educación y toda actividad se ha visto afectada en todos los niveles del Estado, en lo Jurisdiccional, eso ha escapado de las manos del Órgano Jurisdiccional, de las partes y demás actores, motivo por el cual la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia y mediante instructivos emanados por el Tribunal Supremo de Justicia con sede en la ciudad de Sucre paraliza los plazos, ahora si bien se señala que los plazos procesales con detenido, en vacaciones judiciales, no se paralizan, porque el Ministerio Publico no paraba continuaba trabajando, continuaba investigando y los procesos se remitían a la ciudad de Oruro, empero en el caso en cuestión no correspondía dichos razonamientos, respondiendo a ello la Juez A quo, amparada en el art. 130 del Código de Procedimiento Penal, parágrafo último que refiere: 'Los plazos solo se suspenderán durante las vacaciones judiciales y podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor, debidamente fundamentado que hagan imposible el desarrollo del proceso'. Por lo que amparados en este artículo, el Tribunal Supremo habría dispuesto la suspensión de los plazos en todos los procesos, tendiéndose hasta aquí que la autoridad Jurisdiccional de primera instancia a fundamentado su decisión, señalando sus razones para decidir como lo hizo. No resultando cierto lo denostado por el recurrente, al señalar una falta de fundamentación, reiteramos la juez señala cuales sus razones, cuales los motivos, así mismo a mas fundamentar, la Autoridad Jurisdiccional a tiempo de ir contestando a cada uno de esos elementos, como los refiere la parte recurrente para sustentar su postulación hace referencia a considerar las circunstancias del Covid 19, a esa emergencia sanitaria, que ha impedido la movilización de toda la ciudadanía, y parte de la ciudadanía son los operadores de justicia, la Fiscalía, que han hecho imposible que se lleven a cabo ciertos actos investigativos, refiriendo inclusive la consideración de la existencia y la participación de la víctima, del ilícito mismo que se trata de una violación. Se ha realizado la ponderación de estos derechos, derechos de la víctima frente a los derechos del imputado. Haciendo énfasis también a que la decisión respecto al plazo iba ligado a la realización de ciertos actos. En consecuencia esa resolución hoy impugnada tiene esos fundamentos y esos razonamientos, que los realiza y los expone la Autoridad Jurisdiccional.

Por lo que corresponde a esta Sala a efectos de resolver en apelación la cesación en función del art. 239 núm.2 del Procedimiento Penal, remitirnos a la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la que por resolución N° 293/2019 de 9 de noviembre de 2019, la Autoridad Jurisdiccional de primera Instancia respecto al numeral 3 del Art. 233, vale decir del plazo, acepta el plazo solicitado por el Ministerio Publico de seis meses y dice textual: En audiencia de la fecha, la autoridad Fiscal ha solicitado un plazo de seis meses, la parte victima ha señalado que se tiene que realizar la inspección judicial, registro del lugar del hecho y la prueba de ADN del bebé, esa prueba de ADN va ser vital y trascendental para la averiguación de la verdad histórica de los hechos, en el presente caso la solicitud de la autoridad Fiscal apoyado por el abogado de la víctima, tiene asidero legal y está debidamente fundamentado en el numeral 3 del Art. 233 y el plazo que esta solicitado es de seis meses, considerando que las pruebas, no llegan de manera rápida empero se recomienda a la Autoridad Fiscal que realice con la celeridad del caso'. ahora porque nos remitimos a esta resolución primigenia, precisamente para poder encontrar coherencia con los razonamientos asumidos por la juez a quo en la resolución hoy recurrida, teniéndose por ende que la previsión contenida en el numeral 3 del 233 no solamente se limitaba al cumplimiento estricto, tácito, cabal del plazo de los seis meses, sino a la realización de ciertos actos en ese plazo, y los actos, vuelvo a reiterar han sido de manera clara referidos a una inspección judicial, registro del lugar del hecho, la prueba de ADN al bebé, son estos actuados que necesariamente debían haberse realizado en este plazo, de ahí que los razonamientos últimos emitidos por la juez a quo en la resolución recurrida son coherentes con esta primera decisión; es más en esta audiencia la defensa técnica de Christian Huacota no refiere que la Ley 1173, al disponer la detención preventiva de cualquier ciudadano, implícitamente por el plazo, establece también la libertad de este a la conclusión de este plazo, este entendimiento nos lleva a lo establecido en el Art. 235 ter del Código de Procedimiento Penal que señala: 'Si se resuelve la aplicación de la detención preventiva, la resolución deberá fijar con precisión su duración, indicando la fecha exacta de su cumplimiento, y el día de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelar quedando las partes notificadas al efecto sin otra formalidad', por lo que remitiéndonos a la resolución primigenia de 9 de noviembre de 2019, la Autoridad Jurisdiccional señala 6 meses para la realización de ciertas actividades, ciertos actuados, sin embargo no señala, en la parte del por tanto cuando específicamente cumpliría este plazo conforme señala la norma (art. 235 ter). Por ende no existe un llamado a las partes a objeto de considerar la situación procesal del imputado, resolución que no fue impugnada, entendiendo de esta manera que el plazo de los seis meses que otorgó la juez estaban ligadas básicamente al cumplimiento de estas actividades, de esos actuados, concordante con lo previsto en el parágrafo cuarto del art. 235 ter que señala: 'si la petición se funda en la necesidad de realizar una actuación concreta, la detención preventiva cesara una vez realizada dicha actuación, lo que se resolverá en la audiencia pública'.

En ese entendido, concluimos que la Autoridad Jurisdiccional de primera instancia no se ha apartado de lo que dice la norma, otra cosa hubiera sido que la Autoridad Jurisdiccional de primera instancia en la resolución primigenia, hubiese señalado específicamente la fecha del cumplimiento del plazo, convocando en determinada fecha a que los justiciables se presenten y considerar en ella nuevamente cual la situación procesal del imputado, lo que no ha existido en el caso en cuestión, reitero que esa decisión primigenia no fue observada, menos impugnada, por esas circunstancias la decisión asumida por la Juez a quo a tiempo de rechazar la cesación a la detención preventiva, postulada y amparada en el numeral 2 del Art. 239 no resulta coherente a los datos del proceso.

Por otra parte en esta audiencia Christian Huacota a través de su defensa técnica señala que la Autoridad Jurisdiccional no habría respondido a los argumentos expuestos de su parte a efectos de hacer afectiva su postulación relativas a que si bien existen circulares emitidas por los tribunales Departamentales de Justicia, empero estas no suspenden en los plazos para los detenidos preventivos, a ese respecto la Autoridad Jurisdiccional de primera instancia ha respondido, ha expresados sus razonamientos y ha señalado que ampara su decisión en el último párrafo del Art. 130 del Código de Procedimiento Penal, y en esta audiencia el recurrente no nos ha señalado nada sobre este razonamiento emitido por la juez a quo.

Respecto al argumento de que la Juez de primera instancia se habría apartado de la línea de que la libertad es la regla y la detención es la excepción, la Juez a quo también ha dado respuesta a ese argumento, realizando la consideración integral del ilícito, que se trata de una violación, debiendo no solo centrarnos en la postulación del imputado, a la supuesta vulneración de sus derechos, sino también tenemos que actuar de manera equilibrada y realizar nuestros razonamientos desde un principio de ponderación, los derechos del imputado frente a los derechos de la víctima, y ese es el trabajo que ha realizado la Autoridad Jurisdiccional de primera instancia. La parte recurrente también nos hace referencia a un quinto fundamento, que habría sido expuesto ante la juez cautelar y no considerados por ella, refiriendo que la misma no podría priorizar una circular, frente a la propia norma, a la Constitución Política del Estado, e incluso Tratados Internacionales; a este respecto cabe reiterar, que la Autoridad Jurisdiccional de primera instancia sí ha dado respuesta a ese argumento, pues ha expuesto que el tema de la pandemia es un caso ajeno, imprevisto por el Órgano Jurisdiccional y el mundo entero, donde efectivamente a partir de nuestras autoridades máximas, presidencia de nuestro Estado Plurinacional se han tomado determinadas, decisiones siempre en procura y resguardo de ese derecho fundamental que es la salud y por ende la vida, de ahí que también reitero en la Resolución impugnada la Juez ha señalado esta circunstancias y que esta pandemia, como señalaba ella, no ha sido pues prevista por ningún ciudadano, y eso escapa a la buena voluntad del Órgano Jurisdiccional. También se nos ha señalado un sexto elemento debido a que la Autoridad Jurisdiccional debería haber actuado conforme a los principios de favorabilidad, temporalidad e instrumental a ese aspecto también de manera concisa la Autoridad Jurisdiccional ha realizado a obrado conforme a estos principios, reitero ha realizado su decisión en apego a que el principio de proporcionalidad, de ponderación de derechos del imputado, frente a los derechos de la víctima, pues si quisiéramos actuar en la línea de la parte recurrente, segura estoy que hoy por hoy, no habría detenidos en el Penal de San Pedro, las Autoridades Jurisdiccionales debemos actuar desde y conforme la Constitución Política del Estado, donde no solo se garantiza el derecho de la libertad de los imputados, sino el derecho a la tutela efectiva de la parte víctima, máxime cuando hoy por hoy, está vigente la Ley 348 que es una ley que protege a las mujeres a una vida libre de violencia y en esta crisis sanitaria la salud y la vida tienen más peso que a la libertad; finalmente también la parte recurrente nos refiere que se había dado a conocer a la Autoridad Jurisdiccional de primera Instancia los lineamientos que habrían emitido los tribunos del Tribunal Constitucional Plurinacional a tiempo de realizar un análisis de los derechos en tiempos de pandemia, en cuya oportunidad se habría tomado como ejemplo la libertad obtenida por el Ex Ministro Carlos Romero, libertad obtenida precisamente por el cumplimiento del plazo, entendiendo el recurrente que daba este ejemplo, a efectos de que la Juez a quo pueda tutelar su postulación, sin embargo a ese respecto corresponde señalar que todas las Autoridades Jurisdiccionales, somos independientes en nuestro razonamiento, a tiempo de emitir nuestras resoluciones, obviamente sin apartarnos de lo que establece el marco Constitucional y cada caso es una situación particular, no podemos manejar como ejemplo un determinado caso para asumirlo en otro caso. Ya de inicio el ilícito resulta siendo diferente, el caso en cuestión es de violación, el ilícito al Ex Ministro Carlos Romero es otro ilícito, y habrían sido otros los argumentos a tiempo de haberle otorgado la libertad que hace referencia la parte hoy recurrente. Por todo ello, reiteramos que la decisión de la Juez A quo se ha basado básicamente en los razonamientos asumidos en la resolución primigenia, que respecto al numeral 3 del 233 el plazo no solo estaba limitado, determinado al cumplimiento tácito de ese plazo de seis meses, sino a que en ese plazo se debieran hacer ciertas actividades, de ahí que en la parte del decisum, la Autoridad Jurisdiccional no llama a los justiciables a ninguna audiencia de conclusión del plazo, para considerar en ella la situación procesal del imputado. Reitero otra iba a ser la figura y la situación, de haberse llamado a una audiencia de consideración de la situación procesal del imputado al cumplimiento del plazo, y quizás otras iban a ser las determinaciones y otros los razonamientos a exponerse en esa circunstancia; finalmente de ese recuento de la resolución hoy impugnada, se tiene que la misma ha seguido la línea de los razonamientos emitidos en la resolución primigenia, esta Sala no encuentra como ciertos los agravios denostados por la parte recurrente, porque dicha resolución tiene la fundamentación, los razonamientos correspondientes a todos los tópicos referidos por la parte recurrente, tampoco se ha vulnerado la seguridad jurídica, puesto que la autoridad jurisdiccional simplemente se ha limitado a dar cumplimiento a la norma, con la explicación lógica, coherente, razonada de la situación en la que estamos viviendo." (sic [fs. 53 a 56 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un eenfoque integral del problema jurídico

Por la connotación de la temática en cuestión, en este acápite se describirá las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, misma que, con un enfoque interseccional contienen argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

La mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional de 13 de marzo, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas.

Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SCP 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas1. En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto -cuando corresponda-, más aún cuando se trate de violencia hacia las mujeres.

Por su parte, respecto "del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género", la SCP 0017/2019-S2, esencialmente señaló que:

"La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.

Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.

Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: "...la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (...)."2.

Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras ("Campo Algodonero") vs. México, "Sentencia de 16 de noviembre de 2009", sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, permitió a la SCP 0017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en:

El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (...) [las negrillas son añadidas].

Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.

En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.

Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: "El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género".