Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0217/2026-S2 Sucre, 3 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 64026-2024-129-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 039/2024 de 6 de mayo, cursante de fs. 237 a 245 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Remberto Suarez Velasco, Secretario General de la Central Campesina de la provincia Itenez; Modesto Parada Paz, Secretario General de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Loreto de la provincia Marban; Mario Jare Caguana, Secretario General de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Moxos; Elma Ayala Roca, Secretaria Ejecutiva de la Central Campesina "16 de julio" Distrito 3 Municipio de San Javier provincia Cercado; y, Yelixa Miranda Aranibar, Secretaria Ejecutiva de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Yacuma, todos del departamento de Beni contra Pamela Gonzales, Secretaria General; Kathiuska Guzmán Orellana, Ejecutiva Departamental; Danni Chavi Antelo, Secretaria de Economía y Finanzas; Dorita Zelada Bejarano, Secretaria de Autonomía y Descolonización; Ena López Justiniano, Secretaria de Salud y Deportes; Lorgio Alba Nuni, Secretario de Tierra y Territorio; Helen Jiménez Vela, Secretaria de Derechos Humanos; todos del Comité Ejecutivo Departamental de la Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos del Beni (FSUTCB).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 8 y 15 de abril de 2024, cursante a fs. 1; 78 a 88; y, 107 a 108, los accionantes manifiestan lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 31 de octubre de 2023, fueron notificados con la Convocatoria XXVII/2023 de 10 del mismo mes, al Congreso Departamental Ordinario de la FSUTCB, programado para el 6 y 7 de noviembre de igual año, en el Coliseo Rómulo Cholima del municipio de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, emitida por el Comité de la FSUTCB compuesto por Pamela Gonzales, Secretaria General; Kathiuska Guzmán Orellana, Ejecutiva Departamental; Danni Chavi Antelo, Secretaria de Economía y Finanzas; Dorita Zelada Bejarano, Secretaria de Autonomía y Descolonización; Ena López Justiniano, Secretaria de Salud y Deportes; Lorgio Alba Nuni, Secretario de Tierra y Territorio; y, Helen Jiménez Vela, Secretaria de Derechos Humanos ahora demandados-; con la finalidad de proceder a la elección del nuevo Comité Ejecutivo Departamental de dicha Federación.
La Convocatoria es contraria a la Constitución Política del Estado (CPE) y a lo dispuesto por el art. 15.I y III del Estatuto Orgánico de la FSUTCB, que establece que el congreso debe ser convocado cada dos años, con una anticipación mínima de sesenta días, coincidiendo necesariamente con la finalización del mandato de los dirigentes salientes y, la elección y posesión del nuevo Comité Ejecutivo Departamental; no obstante, la Convocatoria fue emitida veintiocho días antes de la culminación del mandato y de la realización del congreso, vulnerando expresamente la normativa interna, sin tomar en cuenta la equidad de género prevista en el referido Estatuto.
En consecuencia, quienes componen el Comité Ejecutivo Departamental de la FSUTCB, al emitir la indicada Convocatoria, incurrieron en actos que vulneraron, y suprimieron el derecho al debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica, impidiéndoles ejercer los derechos de ciudadanía y políticos, en su componente de sufragio pasivo y a ser elegido; además afectaron de manera directa su posibilidad de participar en condiciones de igualdad en el proceso eleccionario.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a de ciudadanía y políticos en su componente de sufragio pasivo y a ser elegido; y, la garantía del debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 26.I y II numerales 1) y 2), 115.I y II, 119.II y 144.II num. 1) de la CPE; 23.1 literal b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
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