0218/2022-S2

Solicitó se le conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)Anular todos los actuados procesales concernientes al pago de costas procesales y honorarios profesionales que mermen el pago del producto del remate que únicamente puede y debe ser cobrado en su totalidad por el BCB; y,
2. b)Se anule el Auto de 2 de septiembre de 2016 y Auto de Vista de 20 de agosto de 2020, debiendo emitirse uno nuevo acorde al ordenamiento jurídico establecido, a la línea jurisprudencial asumida por el "Tribunal Constitucional", así como a los antecedentes del proceso, determinados en la parte resolutiva de la "...sentencia ejecutiva de 07 de octubre de 2000 año y la parte resolutiva de01 de junio de 2015" (sic).

La entidad accionante a través de su representante legal y abogada, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que:

1. 1)El Auto de Vista de 20 de agosto de 2020 que confirmó el Auto de 2 de septiembre de 2016, estaría efectivizando el pago ordenado en el mismo, pese a haberse dispuesto el pago preferente a favor del BCB; y,
2. 2)Los arts. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamental (LACG) y 52 del Decreto Supremo (DS) 23215 de 22 de junio 1992, de su reglamento, establecen que no se pueden imponer costas al Estado y a sus instituciones, que es lo que estaría ocurriendo en los hechos.

Juan Edgar Balderrama Balderrama y Pio Gualberto Peredo Claros, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, remitieron informe escrito de 18 de marzo de 2021, cursante de fs. 156 a 159 vta., mediante el que solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes fundamentos:

1. i)La acción de amparo constitucional emerge de la impugnación planteada en la jurisdicción constitucional contra el Auto de Vista de 20 de agosto de 2020, emitido en segunda instancia dentro del proceso ejecutivo seguido por el exfondo de la Comunidad S.A. FFP contra Máximo Magne Soto y otros, que al presente adquirió la calidad de cosa juzgada en la jurisdicción ordinaria;
2. ii)No obstante las imprecisiones y falta de pericia de la demanda de acción de amparo constitucional, en cuanto al derecho a la defensa, alegado como infringido, la SCP 1821/2010-R de 25 de octubre, estableció que este derecho se lesiona cuando a una persona es privada de intervenir en un proceso a defender sus intereses frente a actos que menoscaben sus derechos, lo que no ocurrió en el proceso ejecutivo, por cuanto ésta actuó como tercerista con un resultado favorable al declararse probada la tercería planteada, proceso en que también hizo uso de las acciones y recursos, impugnando las resoluciones que consideró le afectaran y a cuyo efecto fue emitido el Auto de Vista referido que ahora cuestiona, por lo que no se privó al BCB de intervenir, actuar o impugnar en dicho proceso, menos se afectó su derecho a la defensa;
3. iii)Sobre el derecho al debido proceso, omitieron indicar cuál sería el elemento constitutivo inobservado, omitiendo igualmente fundamentar y precisar el nexo de causalidad para pedir a la jurisdicción constitucional la nulidad del Auto de Vista confutado, tornándose así a prima facie improcedente su demanda tutelar;
4. iv)Sobre el tenor y fundamento del Auto de Vista de 20 de agosto de 2020, lo reclamado a través de la presente acción de defensa no fue objeto de impugnación en el recurso elevado a esa instancia, por cuanto la indebida condenación de costas aludida no fue parte de los Autos Interlocutorios elevados en grado de apelación, pues el motivo de apelación fue el monto que se determinó como costas y horarios profesionales de la entidad ejecutante (las sumas de Bs3 753,30.- [Tres setecientos cincuenta y tres mil 30/100 bolivianos] por costas procesales y Bs22 650.- [veintidós mil seiscientos cincuenta 00/100 bolivianos] por concepto de honorarios profesionales); aclarando que dicha condenación no fue impuesta al BCB, sino a los ejecutados, conforme dispone el Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2015, emitido por el Juez de la causa, el cual se encontraba plenamente ejecutoriado cuando se interpuso la tercería, por lo que mal pudo señalar que se le condenó indebidamente a dicho pago, ya que esas sumas no saldrán de sus arcas, sino del producto del remate efectuado;
5. v)Por más que el BCB logró se declare probada su tercería, mediante Auto de 1 de septiembre de 2016, esa actuación no puede retrotraer etapas precluidas, menos resoluciones ejecutoriadas como el prenombrado Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2015, de ahí que el Juez de primera instancia dispuso que el pago de costas y honorarios que le corresponde al exfondo de la Comunidad S.A. FFP debe descontarse del producto de remate (Bs151 000.-);
6. vi)La entidad accionante fundó su acción tutelar con argumentos distintos a los señalados en el recurso conocido y resuelto por el Auto de Vista que ahora cuestiona, por lo que es errada la aseveración que el pago de costas y honorarios profesionales hubieran sido impuestos al BCB; y,
7. vii)Sobre el principio de seguridad jurídica alegado como lesionado, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que no puede ser tutelado por la acción de amparo constitucional.

Álvaro Javier Huari Maldonado, Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, remitió informe escrito de 19 de marzo de 2021, cursante de fs. 154 a 155, solicitando la denegatoria de tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. a)La acción tutelar se encuentra indebidamente formulada, puesto que su persona no emitió las resoluciones acusadas de ilegales, tampoco se lo identificó como actual titular de ese despacho judicial;
2. b)De igual forma la demanda tutelar, no identificó adecuadamente los derechos vulnerados, menos la norma legal incorrectamente aplicada que conlleve dejar sin efecto las Resoluciones cuestionadas, sumándose a ello que, la exposición de hechos tergiversó el contenido del Auto de 2 de septiembre de 2016 y el Auto de Vista de 20 de agosto de 2020;
3. c)La acción resulta improcedente conforme prevén los arts. 53.2 y 3 y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), por cuanto en el caso, cuando fue emitido el Auto de 2 de septiembre de 2016, el derecho de recurrir de la entidad accionante ya había precluido, por lo que el Auto de Vista fue emitido conforme a derecho; y,
4. d)Por otra parte el Auto de 2 de septiembre de 2016 y el Auto de Vista de 20 de agosto de 2020 en ninguna momento dispusieron la condenación en costas y costos contra institución estatal alguna, refiriéndose únicamente a la forma de proceder al pago del producto del remate al verificar la existencia de un tercerista victorioso.