0219/2019-S3

I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2018, cursante de fs. 76 a 83, el accionante a través de su representante señaló que: I.1.1. Hechos que motivaron la acción Dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de asociación delictuosa y otros, presentó incidente de cesación de la detención preventiva ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de materia contra Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, autoridad que rechazó su solicitud a través del Auto Interlocutorio 409/2018 de 29 de agosto, sin considerar que forma parte del grupo social en situación de vulnerabilidad al padecer una enfermedad crónica, situación agravada por su avanzada edad; factores que no fueron considerados en la decisión de dicha autoridad quien no dio curso a su intentada pretensión dejando vigentes los riesgos procesales previstos en el art. 235.2 y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por los que se encontraría con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del antedicho departamento; idéntica omisión de valoración en la que incurrieron las Vocales que integran el Tribunal de alzada -codemandadas-, quienes resolviendo el recurso de apelación incidental confirmaron la Resolución dictada por la Jueza de origen a través del Auto de Vista 410/2018 de 30 de octubre, decisión infundada que lesionó su derecho a la libertad como adulto mayor, protección privilegiada que se desarrolló tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, como en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados El accionante, denunció la lesión de su derecho a la salud y a la libertad, citando al efecto el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela, disponiendo lo siguiente:

1. a)Deje sin efecto el Auto Interlocutorio 409/2018 que rechazó la cesación de la detención preventiva;
2. b)Anular el Auto de Vista 410/2018 dictado por el Tribunal de alzada;
3. c)La Jueza de control jurisdiccional codemandada ordene su libertad; y,
4. d)Las autoridades codemandadas de primera y segunda instancia elaboren nuevas resoluciones.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar la acción de defensa presentada, amplió sus argumentos acotando lo siguiente:

1. 1)Solicitó se aplique los parámetros de proporcionalidad a tomar en cuenta en personas de la tercera edad establecidos en la "SCP 0010/2018⁵" -no indicó la fecha-;
2. 2)La Corte IDH en el caso de Lupe Andrade Cajas sancionó al Estado boliviano con la indemnización de "...cien millones de dólares..." (sic), a consecuencia de haber interpuesto medidas cautelares excesivas sin tomar en cuenta una debida fundamentación y motivación; y,
3. 3)Pidió se considere su enfermedad y su longevidad al contar con 69 años de edad. I.2.2. Informe de las demandadas Margot Pérez Montaño y Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentaron informe escrito el 29 de noviembre de 2018, cursante de fs. 86 a 87 vta., a través del cual manifestaron:
4. i)Con relación al art. 235.2 del CPP, el hecho de ser una persona de la tercera edad no desvirtúa dicho riesgo procesal que fue fundado con argumentos distintos;
5. ii)Respecto al art. 235.4 de la Ley Adjetiva Penal, no se cuenta con ningún elemento que acredite la enfermedad terminal por parte del impetrante de tutela;
6. iii)El adulto mayor cuenta con una ley específica, la cual prevé otro instituto distinto a la cesación de la detención preventiva para efectivizar su libertad, al cual debió acudir el accionante;
7. iv)Se cumplió con las exigencias establecidas en el art. 124 del CPP;
8. v)El peticionante de tutela no mencionó de manera clara y precisa de qué forma se vulneró la libertad como un "valor"; y,
9. vi)Las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas o revocadas en cualquier estado del proceso, solicitando se deniegue la acción de libertad planteada. María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito de 29 de noviembre de 2018, cursante a fs. 90 expresando que; el memorial de acción de libertad es subjetivo no es concreto; sin embargo, lo que se pretende es que se valore nuevamente una Resolución que fue ratificada por el Tribunal de alzada, la cual no violentó ningún derecho ni garantía constitucional. I.2.3. Resolución El Tribunal de Sentencia Penal Segundo -en suplencia legal de su similar Décimo-, de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 160/2018 de 29 de noviembre, cursante de fs. 95 a 100, concedió en parte la tutela solicitada, solo respecto a las Vocales codemandadas, conminándolos a dictar una nueva resolución; decisión emitida sobre la base de los siguientes fundamentos:
10. a)El Auto de Vista 410/2018 vulneró los derechos del peticionante de tutela en cuanto al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación, el mismo resulta ser insuficiente, confuso e incluso incongruente, ya que "...avalan la condición de adulto mayor del ahora accionante, empero contradictoriamente señala que la pretensión del solicitante deba enmarcarla en la ley del adulto mayor, de manera genérica, cuando es en esta instancia como tribunal de alzada, debió reparar la inadecuada fundamentación de la juez inferior..." (sic);
11. b)Sobre la excepcionalidad de la detención preventiva, El auto de Vista dictado por el Tribunal de apelación no consideró el cambio de línea jurisprudencial en relación a la imposibilidad de enervar el art. 235.2 del CPP; y,
12. c)El Tribunal de alzada debió expresar sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, la motivación debe ser coherente con el mandato constitucional y legal, lo que en el caso concreto no aconteció. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional En virtud al Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-008/2019 de 15 de mayo emitido por Sala Plena, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió al segundo sorteo del expediente el 30 de mayo de 2019 (fs. 107); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo establecido por el Código Procesal Constitucional. II. CONCLUSIONES