Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0219/2026-CA Sucre, 27 de abril de 2026
Expediente: 83200-2026-167-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución Administrativa (RA) 18/2026 de 18 de marzo, cursante de fs. 261 a 274, pronunciada por José Luis Boyan Arce, Director de Gestión Social de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz, por la que promovió de oficio la acción de inconstitucionalidad concreta demandando la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley Municipal Autonómica -Ley 485 de 23 de junio de 2022-, por ser presuntamente contraria al art. 298.II.31 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Resolución de la autoridad consultante
Por RA 18/2026, cursante de fs. 261 a 274; y remitido a Comisión de Admisión de este Tribunal el 16 de abril de 2026, cursante a fs. 276 a 277 vta., el consultante señaló que:
- a)Dentro de los procesos administrativos para el pago de bono de antigüedad correspondientes al mes de febrero de igual año, la Dirección de Gestión Social de RR.HH. del GAM de La Paz, advirtió la existencia de un conflicto normativo entre la escala porcentual prevista en el art. 60 del Decreto Supremo (DS) 21060 de 29 de agosto de 1985, concordante con los Decretos Supremos (DD.SS.) 21137 de 30 de noviembre de 1985 y 26450 de 18 de diciembre de 2001, y la escala establecida en el art. 2 de la Ley 485;
- b)Dicha Ley Municipal elevó a rango legal el Reglamento Municipal para el Reconocimiento y Pago de Bono de Antigüedad aprobado mediante Decreto Municipal 17/2015 y modificado por Decreto Municipal 041/2019, estableciendo porcentajes superiores a los previstos por la normativa nacional y tomando como base de cálculo el salario básico del servidor público municipal, lo que resulta incompatible con el art. 298.II.31 de la CPE, que atribuye al nivel central del Estado la competencia exclusiva sobre políticas y régimen laboral;
- c)El bono de antigüedad constituye un derecho laboral adquirido; sin embargo, dicho derecho no implica la intangibilidad de un determinado porcentaje, pues la escala aplicable debe sujetarse a la normativa nacional vigente;
- d)La aplicación de la Ley Municipal, podría generar pagos en demasía, con posible afectación al patrimonio del Estado y eventuales responsabilidades administrativas, civiles, penales y ejecutivas;
- e)Las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado (CGE), que recomendó adecuar el pago del bono de antigüedad en el GAM La Paz, a los DD.SS. 21060, 21137 y 23474; así como, realizar ajustes contables y auditorías internas especiales respecto a pagos efectuados en gestiones anteriores. De igual manera, citó sentencias constitucionales vinculados a bonos municipales, entre ellas las y ;
- f)Promueve de oficio la acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 2 de la Ley 485, solicitando que el Tribunal Constitucional Plurinacional, declare su inconstitucionalidad y disponga su depuración del ordenamiento jurídico;
- g)Pide como medida cautelar la suspensión de la aplicación de dicha norma mientras se tramite la acción, sin que ello implique paralizar el pago del bono de antigüedad, sino únicamente aplicar provisionalmente la escala nacional prevista en el DS 21060; y,
- h)Resolvió acumular los procesos administrativos ingresados en febrero de 2026, por uniformidad de objeto y causa; reconocer las certificaciones de años de servicio de veintitrés servidores públicos municipales; suspender el trámite de los casos de recalificación hasta la emisión de la sentencia constitucional plurinacional; aplicar la escala nacional en los casos nuevos de calificación; y disponer que, en caso de declararse constitucional la Ley 485 del GAM de La Paz, se proceda al pago retroactivo de las diferencias que correspondan.
II. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN
II.1. Norma impugnada y precepto constitucional supuestamente infringido
Se demanda la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 485, por ser presuntamente contrario al art. 298.II.31 de la CPE.
II.2. Marco normativo constitucional y legal
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