Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0220/2019-CA Sucre, 12 de septiembre de 2019
Expediente: 30700-2019-62-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución 11-00210-19 de 29 de agosto de 2019, cursante de fs. 100 a 105, pronunciada por la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Eduardo Valdivia Zambrana demandando la inconstitucionalidad del art. 41.IV y VII del Decreto Supremo (DS) 2174 de 5 de noviembre de 2014 -Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego-, por ser presuntamente contrario a los arts. 115.II, 117.I, 119.II, 180.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 26 de agosto de 2019, cursante de fs. 84 a 94, el accionante manifiesta que dentro del proceso administrativo sancionador iniciado por la AJ contra su empresa unipersonal, por la supuesta infracción contenida en el art. 28.I.3 inc. i) de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar -Ley 060 de 25 de noviembre de 2010-, fue notificado con el proveído 12-00331-19 de 12 de agosto de 2019, mediante el cual se dispuso que, con carácter previo a la tramitación del recurso de revocatoria contra la Resolución Sancionatoria 10-00015-19 de 17 de julio de igual año, debía adjuntar el depósito o boleta de garantía bancaria emitida a favor de la AJ, bajo apercibimiento de rechazarse el recurso interpuesto, sin más trámite ni recurso ulterior, conforme lo establecido en el art. 41 VII del DS 2174; de lo que se colige, que la AJ en aplicación del art. 41.IV y VII del Decreto Supremo mencionado, no sustanciará ni resolverá el recurso de revocatoria interpuesto, imponiendo de esta manera dicha disposición, una restricción y condicionamiento al ejercicio del derecho a la impugnación consagrado en los arts. 180.II de la CPE; y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Añade que, el contenido del art. 41.IV y VII del DS 2174, no se enmarca en los preceptos constitucionales descritos en los artículos 115.II, 117.I y 180.II de la CPE; mismos que consagran los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al uso efectivo de los recursos de impugnación, los cuales también son aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores en todas sus instancias; toda vez que, la norma refutada establece la exigencia de adjuntar el depósito bancario o boleta de garantía que asegure el importe de la sanción impuesta en la Resolución objetada, bajo advertencia de su rechazo sin más trámite ni recurso ulterior, lo que indudablemente y en el caso concreto, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa e impugnación, lesionando los preceptos constitucionales supra citados.
Agrega que, la jurisprudencia vinculante al caso concreto, como ser las y , establecen que el condicionamiento de pago de una sanción impuesta, para la admisión de un recurso que precisamente cuestione la validez de la misma, se constituye en un obstáculo desproporcionado para el ejercicio de derechos fundamentales como ser el debido proceso en su elemento a la defensa, a la impugnación y al acceso a la justicia.
Basándose en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, la , estableció que: "'La garantía del debido proceso comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que puede afectar sus derechos, entre ellos el derecho al Juez Natural que consiste en el derecho de toda persona inculpada o procesada a ser enjuiciada ante u órgano estatal (Juzgado o Tribunal) competente independiente e imparcial''" (sic), de lo se colige que, su empresa, en el proceso administrativo sancionador que se le sigue, debe tener acceso efectivo a los mecanismos procesales de defensa.
Alega que, el derecho al debido proceso consagrado en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, en razón a su jerarquía normativa, son la base de otras disposiciones legales que deben preservar necesariamente este derecho, por lo que, las normas sustantivas y adjetivas que regulen procedimientos administrativos sancionadores tienen como límite la garantía del debido proceso y los elementos que lo componen, lo que no ocurre con el contenido del art. 41.IV y VII del DS 2174, ahora impugnado; asimismo, uno de esos elementos constitutivos está dado en el derecho a la defensa estipulado en el art. 119 de la Ley Fundamental, entendido como la potestad inviolable dentro de un proceso judicial o administrativo de ser oído, a ofrecer y producir prueba, a hacer uso efectivo de los recursos y observancia de los requisitos de cada instancia procesal, de igual manera, el derecho a la impugnación entendido como la capacidad de controvertir una decisión judicial o administrativa y solicitar su revisión no es respetado por el artículo cuestionado que restringe y condiciona a que se cumpla con la obligación de la sanción pecuniaria dispuesta por la Resolución Sancionatoria 10-00015-19 de 17 de julio de 2019. La , se constituye en precedente constitucional vinculante aplicable al caso, que fue resuelta con la siguiente ratio decidendi "...resulta desproporcionado, pero además, resulta lesivo al principio de igualdad, por cuanto permite un trato diferencial entre los administrados; pues solo aquellos que tienen los recursos económicos necesarios para hacer efectiva la sanción -en especial en los casos de multa podrán presentar el recurso de revocatoria, y no así aquellos que no tienen los medios suficientes..." (sic). Finalmente señala que, la decisión de la AJ de rechazar o resolver el recurso de revocatoria interpuesto por su empresa depende de la constitucionalidad de la disposición normativa ahora demandada, ya que de no declararse inconstitucional la misma, la autoridad aludida dispondrá el rechazo de dicho recurso o en su caso, se determinará la admisión de la impugnación para su sustanciación y resolución; no obstante de ello, la norma observada no es un precepto cuya aplicación se proyecte a la resolución final del proceso administrativo; sin embargo, cuestiona la constitucionalidad del art. 41.IV y VII del DS 2174, a objeto de que de que se decida por la admisión del recurso de revocatoria presentado por su empresa contra la Resolución Sancionatoria 10-00015-19.
I.2. Respuesta a la acción
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