Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0221/2019-S4 Sucre, 10 de mayo de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad
Expediente: 26995-2018-54-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 19/2018 de 21 de diciembre, cursante de fs. 16 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nicolás Rodríguez Choque contra Asencio Franz Mendoza Cárdenas y Oswaldo Fernández Quispe, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 20 de diciembre de 2018, cursante de fs. 6 a 7, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, mediante Auto Interlocutorio 15/2018 de 26 de marzo de 2018, la Jueza Mixta de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Salinas de Garcí Mendoza del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva, al considerar concurrentes las previsiones del art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) circunscribiendo los riesgos procesales de fuga y obstaculización conforme el art. 234 núms. 1, 2 y 10, además del art. 235 núm. 2 del mismo cuerpo legal. En diversas audiencias llegó a desvirtuar varios riesgos procesales, quedando vigente únicamente el numeral 2 del art. 235 de la ley adjetiva penal.
El 17 de diciembre de 2018, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, celebró audiencia para considerar la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 80/2018 de 30 de noviembre, emitido por el Tribunal de Sentencia de Challapata del departamento de Oruro ; oportunidad en la que su defensa fundamentó su recurso en el entendido que presentó ante el juzgado inferior en calidad de prueba para desvirtuar el riesgo procesal persistente, un informe del investigador asignado al caso, que señaló que él -es decir, el imputado- durante el periodo de investigación, no influenció negativamente en ningún testigo, víctima, perito o partícipe; que además había presentado un documento privado de garantías, consecuencia del desistimiento formulado a su favor; por lo que consideró que la prueba presentada fue suficiente para enervar el único riesgo procesal persistente. Además fundamentaron que se podía realizar el test de ponderación porque existía la persistencia de un solo riesgo procesal y que por ese solo riesgo no era posible mantener su detención.
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