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TCP

0221/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0221/2026-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0221/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 52510-2023-106-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 04/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gloria Antonia Guerra Mamani en representación sin mandato de Mario Pérez Calle contra Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, cursante de fs. 3 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de delito de homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP), signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102012209123; el 12 de noviembre de 2022, se dispuso su cesación de la detención preventiva, imponiendo en su lugar medidas cautelares de carácter personal; entre ellas, la presentación de garantes; no obstante, el Secretario ahora accionado se rehusó a viabilizar los verificativos domiciliarios de los dichos garantes como de su persona, llegando a asumir funciones jurisdiccionales, al erogarse la facultad de admitir o rechazar los garantes propuestos; pese a que, a efectos de dar celeridad a dichos verificativos y demás trámites, con la finalidad de obtener el mandamiento de libertad, a solicitud del Secretario hoy accionado, se hizo entrega de la suma Bs1 000.- (un mil 00/100 bolivianos), por concepto de pasajes e impresiones fotográficas.

En ese marco, manifestó que, a raíz de la negligencia del Secretario ahora accionado, se encuentra ilegalmente privado de libertad por el lapso de un mes posterior a la emisión de la Resolución 427/2022 de 12 de noviembre que dispuso su cesación a la detención preventiva; por lo que, alegando la , solicitó la tutela de sus derechos.

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